Los tiempos que pasan como los que vienen en la Argentina son inciertos. La vida cotidiana es compleja. La sociedad en su conjunto percibe que carece de líderes y/o lideresas. Los que hasta poco tiempo atrás tallaban fuerte, parecería que ya fueron. Como en otras tantas oportunidades, no son escasas las ciudadanas y ciudadanos que creen que la oportunidad futura la deben buscar en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

En diciembre de 2015 el dólar en el mercado ilegal, blue, paralelo, negro o cómo quieran llamarlo, se transaba en torno de los $70, por unidad. Cuando el ministro de Economía Sergio Massa asumió el cargo –un año atrás– se comercializaba a unos $290. Hace una semana, en $745. Desde el viernes último opera poco más o poco menos de $800. Algunos consultores proyectan que, para el 10 de diciembre próximo, cuando finalice el mandato del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández, podría alcanzar hasta $1.200, por cada unidad de la moneda norteamericana.

Las reservas que atesora el Banco Central (BCRA), cuando Massa se hizo cargo, como él mismo lo dice, “del fierro caliente”, eran positivas en cerca de 8.000 millones de dólares. Hoy son negativas en torno de los 13.700 millones de dólares.

Cuando promediaba la semana anterior –el miércoles último– el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que lidera Marco Lavagna, reportó formalmente que la pobreza se ubica en el 40,1 %, lo que representa un conjunto de 18,5 millones de personas. En la provincia de Buenos Aires, el 60 % de los niños son pobres. La inflación anualizada –el costo de vida– alcanza al 140 %. El conjunto permite afirmar que todos los indicadores mencionados en diciembre próximo serán mucho más duros por cuanto en la presente mensura –por la fecha en que se cerró la recolección de datos de campo en 31 conglomerados urbanos– no midió los efectos negativos de la devaluación del 22 % que el Gobierno nacional dispuso en agosto.

El Parlamento –como sucede en cada año electoral desde muchos años– casi no sesiona y, si los parlamentarios lo hacen es para abordar temas que, en no pocos casos, sólo preocupan a un segmento poderoso de la corporación política.

A lo dicho se agrega la corrupción estructural que, como la inflación, afecta a la sociedad en su conjunto y parece no tener remedio. De hecho, cuando los casos que involucran a prominentes actores públicos llegan a los estrados judiciales, la sustanciación de esas causas se prolonga por décadas y, en algunos casos se extinguen, evaporan y avergüenzan a quienes con trabajo formal o informal no llegan a la mitad de cada mes.

El jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, junto con la modelo Sofía Clerici –owner de Sofía Clerici Lingerie– hicieron público que disfrutaban de algunos días de descanso en Marbella a bordo de un crucero “Bandido 90″ mientras navegaban por el Mare Nostrum, Costa del Sol del Reino de España. Ese entretenimiento tiene una tarifa de 8.400 euros ($3,31 millones al cambio oficial / $5,70 millones en el mercado ilegal) por ocho horas de alquiler. El servicio incluye navegar a 8 nudos de velocidad promedio, tripulantes, un nutrido bar y diversos aperitivos. La revelación se concretó a través de un contenido digital que la señora Clerici compartió en su cuenta de la red Instagram. Horas más tarde, Insaurralde renunció al cargo después de que el gobernador Kicillof se lo exigiera luego de ser autorizado para ello por Cristina F.

El militante peronista Julio Rigau –allegado políticamente al ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa– quien fuera detenido días atrás cuando retiraba de un cajero automático del Banco de la Provincia de Buenos Aires dinero con 48 tarjetas de débito que no le pertenecían y eran propiedad de empleados de la Legislatura bonaerense, fue puesto en libertad en pocas horas por jueces que lo hicieron para resolver vicios de procedimiento que invalidaron la acción policial.

Estos temas precedentes, sin embargo, solo fueron abordados con liviandad en el transcurso del primero de los dos debates presidenciales que en la noche del pasado domingo protagonizaron el mencionado Massa por la coalición oficial Unión por la Patria (UP); el líder y postulante del partido La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei; la candidata Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC); Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba y candidato por el frente Hacemos por Nuestro País; y, Miriam Bregman, por el Frente de Izquierda. Como tampoco fueron temas la salud y las relaciones exteriores, por mencionar solo algunas de las carencias informativas. Oportunidad malograda, por cierto.

Los contenidos fueron escasos y el abordaje de los y las postulantes también para dar respuesta a solo dos preguntas que atenazan la esperanza de millones: ¿Qué pasará? y/o ¿cómo saldremos de esta situación? Un síntoma de la expectativa social lo da el dato de que la discusión entre postulantes –sumadas las audiencias de todos los canales de TV abierta y por suscripción que lo emitieron– alcanzó cerca de las 22:30 los 44 puntos. Cerca de 4,5 millones de personas miraban y esperaban saber sobre lo que vendrá. En los últimos tiempos, solo la final del Mundial de fútbol en Qatar, cuando Argentina triunfó sobre Francia superó esa marca con 63 puntos, lo que representa 6.300.000 televidentes.

En este país, desde el 23 de noviembre de 2016, por imperio de la ley 27337, artículo 64, es obligatorio realizar debates con los candidatos presidenciales “con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas” que participan de los comicios.

La misma disposición prescribe cuáles serán los “temas a debatir” y establece que es “la Cámara Nacional Electoral, con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los valores democráticos” la que “convocará a los candidatos o representantes” para “acordar el reglamento de los debates, (quiénes serán) los moderadores” y qué “temas (se) abordarán en cada uno de ellos”.

El domingo próximo será el turno del segundo debate antes de las elecciones. Los temas serán “seguridad; trabajo y producción; y, desarrollo humano, vivienda y protección del medioambiente”. ¡Temazos! Pero taxativamente nada sobre salud, relaciones exteriores, cultura, turismo o deportes, por mencionar algunas otras carencias en la agenda sobre “los temas a debatir” como lo prescribe la ley. Muchos interrogantes quedarán sin respuesta.

Consultas realizadas por La Nación/Nación Media a varios consultores y consultoras que prefirieron mantener sus identidades en reserva, coincidieron en señalar que “el debate de la noche del domingo es muy poco probable que haya modificado el estado previo de las encuestas”. Al Gobierno le quedan 68 días de mandato. Un larguísimo corto tiempo en el que todo indica que habrá más deterioro.

La interna del peronismo en el poder “se prende fuego”, aseguran algunos ex poderosos intendentes del Gran Buenos Aires de ese partido que claramente perciben que el poder se les diluye entre los dedos como si fuera agua. No aceptan ser identificados porque sus cargos y ellos mismos están en el centro del juego. Intentarán todo para permanecer a flote o “salvar la ropa”.

En ese contexto, confidencian que “hay consultores y asesores de los tres principales candidatos presidenciales que sugieren a sus asesorados que cuando haya presidente electo se debiera adelantar la entrega del mando para evitar que la crisis sea irreversible. En el traspaso de (Raúl) Alfonsín a (Carlos) Menem, en el 89 lo hicimos”.

En oficialismo –especialmente quienes se encuentran muy cerca de Cristina F.– los desmienten y rechazan la idea porque “no debemos terminar ni siquiera un minuto antes del 10 de diciembre”.