- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Es prioridad del Estado enfocar sus esfuerzos en reivindicar el sueño de la casa propia, articulando todas las estrategias disponibles para avanzar no solo con una de las promesas de campaña en las últimas elecciones, sino que constituye una deuda histórica que tiene a más de un millón de personas a nivel país con la necesidad de contar con un techo, sin considerar a todos aquellos que si bien los poseen, muchísimas de ellas precisan ser refaccionadas.
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) viene coordinando acciones que lleven a poder cumplir con toda esa gente con limitado poder adquisitivo y que tiene el derecho de acceder a una vivienda.
Se observa un panorama esperanzador porque el sector privado, deseoso de construir casas y departamentos en gran escala, tiene consigo una buena oportunidad de negocios con el valor agregado de la generación masiva de empleo como ha caracterizado siempre al sector de la construcción.
Independientemente al MUVH, menciono al IPS, que es propietario a nivel país de más de 1.000 inmuebles y que muy bien a través de alianzas estratégicas con desarrolladores inmobiliarios, la previsional podría poner como aporte del capital a uno de los tantos inmuebles situados en zonas estratégicas y las empresas constructoras se ocupan del resto.
Con ello, el IPS podría darle una salida remunerativa a muchos inmuebles improductivos que posee, y que construyéndose departamentos “de taquito” podrían vendérselos a los más de 25.000 funcionarios que posee la institución, sin contar con los jubilados y pensionados y otros interesados que les permitan paralelamente ir generando ingresos adicionales para el fortalecimiento del Fondo de Jubilaciones.
Es importante el liderazgo que pueda ejercer el Estado en lograr el apoyo de todos los sectores y de ser posible el consenso político fundamental para que proyectos como el de brindar un techo digno a la gente no tropiece con intereses partidarios y al final se vuelva un deseo utópico.
Se hace necesario que nuestra gente vuelva a creer que, pese a los años de abandono, desidia, desinterés de las autoridades de turno, estamos aún a tiempo de revertir los resultados negativos tanto en cantidad como en la calidad de las obras.
La meta que se puso este gobierno es ambiciosa. Apunta a la construcción de unas 500.000 viviendas. No será una misión muy sencilla, pero poniendo esfuerzo, capacidad innovativa y creativa, siempre podrá ser posible llegar a los objetivos y metas.
Mucha de nuestra gente no tiene acceso al sistema financiero formal, debido a que no cuentan con capacidad de poder justificar sus ingresos, debido a la informalidad que impera dentro de nuestro mercado doméstico, donde no menos del 63 por ciento de las empresas siguen evadiendo el aporte jubilatorio al IPS, según datos oficiales.
La población económicamente activa tiene el pleno derecho a tener un empleo formal, que le permita acceder al salario mínimo legal y el derecho a un seguro social a través del IPS. De avanzarse con la construcción de viviendas los efectos multiplicadores inmediatos en la economía pueden reactivar varios rubros, principalmente el del empleo.
Con cada vivienda que se erige, se crean como mínimo 12 puestos de trabajo, con un efecto multiplicador muy necesario para generar fluidez y circulante de dinero que movimenten a nuestra microeconomía.
Tanto el sector financiero como el de la construcción vienen avanzando en conversaciones que permitan un mayor impulso al acceso a créditos para viviendas.
Una mayor agilidad y la flexibilización de requisitos sin arriesgar capital forman parte de los temas de debate, es decir, el interés es real y con una buena articulación desde el Gobierno se podrían lograr resultados positivos dentro de este importante segmento de nuestra economía.
Existen condiciones para que se pueda avanzar en el combate al déficit habitacional, queda trabajar honesta e incansablemente desde todos los sectores y sin pérdida de tiempo. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar.