Durante un allanamiento policial fiscal de una vivienda ubicada en el barrio Corrales de Fernando de la Mora fue detenido Ever Andrés Velázquez Villasanti, quien contaba con orden de captura internacional de código rojo en el marco de la investigación de la megacarga de cocaína descubierta en octubre del año pasado en un puerto de Villeta.

“Sería uno de los responsables de esa carga que fue incautada ya en octubre del año pasado, hablamos de 3.300 kilos aproximadamente de cocaína que se había encontrado en el puerto de Villeta entre cargamentos de arroz”, confirmó el subcomandante de la Policía Nacional, Ramón Morales, a la 1020 AM.

Destacó el trabajo coordinado desplegado con el Ministerio Público y la Unidad Antinarcótico que posibilitó la ubicación y aprehensión del sujeto. “Efectivamente entre noche y madrugada personal de esta unidad ha solicitado el apoyo de personal del Grupo Táctico y procedieron a allanar una vivienda ubicada en la zona de Fernando de la Mora”, detalló.

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Morales calificó de “muy positivo” el operativo, ya que se pudo dar con la persona buscada incluso a nivel internacional puesto que al parecer Velázquez Villasanti ya contaba con antecedentes penales sumados a esta causa por la que estaba siendo investigado.

“Entrando en el sistema informático tiene antecedentes por tráfico internacional de drogas peligrosas y otros ya por este caso. Y a parte de eso es importante aclarar que esta persona ya contaba con una orden de captura a nivel internacional a través de Interpol y tenía código rojo”, mencionó

El comisario afirmó que el detenido ya se encuentra a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. “Aclaro que el procedimiento siempre fue en forma coordinada con el Ministerio Público y el Poder Judicial”, concluyó.

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El senador Colym Soroka manifestó que hubo un cierto abandono e ingra­titud de parte de los líde­res de Fuerza Republi­cana, entre ellos, del expresidente Mario Abdo Benítez. Luego de la derrota del movimiento en las internas del 18 de diciembre de 2022, nunca más hubo ninguna reu­nión y esto motivó las fugas y el debilitamiento de este bloque del Par­tido Colorado.

“Sentí que nos dejó en momentos de crisis, por eso hoy Fuerza Republi­cana no tiene fuerza”, sen­tenció Soroka. El legisla­dor afirmó que pese a que tiene afinidad con los diver­sos bloques del partido en el Senado, él mantiene una posición independiente, lo cual le permite hacer cual­quier tipo de cuestiona­mientos.

“La ingratitud de parte de los que manejaban el equipo a los que los que luchamos, pesó para que muchos amigos abando­nen el equipo. Yo hablé con Marito después de un año y medio, nosotros no conseguíamos ni audien­cia con él después de las elecciones internas, tengo los mensajes con su secre­tario, siendo diputado, no nos hizo caso en ese tramo”, aseveró a la 1020 AM.

Soroka señaló que luego de las internas coloradas de 2022, los líderes de Fuerza Republicana no convocaron a ninguna reunión, no hubo contención ante la derrota ni respaldo para quienes obtuvieron los votos nece­sarios para continuar su campaña para los comicios generales.

Por este “abandono” que sufrieron los integrantes del bloque, no cabe que se haga cuestionamientos a quienes deciden cambiarse a otros movimientos como Honor Colorado, alegó el senador. “Jamás hubo contención y el apoyo que uno necesita como equipo para llegar a las elecciones, esa es la rea­lidad, entonces por qué vas a juzgar a alguien si cambia de equipo, cómo vas a decir que estás dolido por los que se van, está bien, por qué se van a enojar”, concluyó.

Todo gobierno que inicia su gestión debe tener margen financiero para poder aspi­rar a aplicar sus programas y políticas para los cuales fue electo por el pueblo. Lo ideal siempre es arrancar con algo de recursos en la billetera del Estado, sin comprometer el buen andar de la administración. Esto lamentable­mente no ocurrió con el gobierno ante­rior, que dejó numerosos (y onerosos) “clavos” tras su raudo y ávido paso por la gestión de la cosa pública.

Entre la deuda a las empresas via­leras (que provocó que varias obras de infraestructura se paralizaran o demoraran, además del conse­cuente costo del despido de tra­bajadores), más los compromisos atrasados con las proveedoras de insumos y medicamentos médi­cos, fácilmente superaba los 700 millones de dólares, en apenas dos rubros. Estos atrasos provocaron enorme perjuicio en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la provi­sión de fármacos a los hospitales públicos, lo que finalmente tenía una enorme afectación en el esla­bón más delgado: la población vul­nerable.

Pero, nobleza obliga, los provee­dores y las empresas no tienen la culpa de que el gobierno de Mario Abdo Benítez no haya previsto los recursos para abonar por las obras ejecutadas o por los medicamen­tos proveídos, por lo que es más que claro que el Estado debe cumplir su parte. Y a esa tarea se ha embar­cado el nuevo gobierno, desde mucho antes del 15 de agosto.

Desde la llegada al Palacio de López de Santiago Peña, el Gobierno se ha empeñado en cumplir con sus com­promisos, en el entendimiento de que un Estado puntual, que paga en tiempo y en forma sus obligaciones, es un Estado que adquiere músculo para llevar adelante sus propuestas y sus programas.

El plan que ejecuta el Gobierno para cubrir toda la deuda here­dada es la ley que autoriza a tomar medidas extraordinarias en lo financiero, a través de la emisión de bonos o contratación de emprés­titos, con el fin exclusivo de poder abonar estos compromisos. Afor­tunadamente, la buena imagen económica del país, tanto a nivel externo como interno, permite que los bonos sean colocados con facili­dad y seguridad.

Con los recursos en mano, tras la emisión de los bonos, de a poco fue saldando sus débitos y es así que en los dos rubros mencionados más arriba, el Estado está muy cerca de cancelar las deudas. En el caso de las vialeras, se pretende que para el mes de febrero se llegue a un 90 por ciento de la totalidad adeudada (que ronda los 350 millones de dólares), mientras que con las farmacéuticas y distintos proveedores de insumo se salde con un remanente de 68 millones de dólares. Por supuesto que hay otras deudas heredadas que la presente administración enfatizó que honrará, como, por ejemplo, con el IPS; pero es esencial enfatizar el mensaje que expresa el Gobierno al dejar el saldo en cero.

Primero que nada, es trascenden­tal porque al cumplir los com­promisos, en especial con aque­llos segmentos importantes como medicamentos u obras viales, per­mite al Estado cumplir con sus fines y ayudar a hacer posible que más gente reciba salud o que más gente pueda tener la posibilidad de tener un empleo en la construcción.

Y en segundo lugar, el Gobierno ofrece una imagen de responsa­bilidad y de previsibilidad, lo que ayuda no solamente al nivel de con­fianza ciudadana, sino también en aquellos que proveen al Estado. En resumen, es un gobierno serio que aspira a administrar la cosa pública de manera ordenada y prudente. Es el papel que debe tener todo gober­nante; y Peña lo está haciendo.

El ministro del Interior, Enrique Riera, se refirió a los operativos preventi­vos y disuasivos impulsados recientemente en Asunción, Central y otros departamen­tos del país como Boquerón, con la finalidad de dismi­nuir el índice delincuencial y devolver a la ciudadanía la tranquilidad en las calles. Destacó que la Policía es responsable de la seguridad interna.

“Estos son procedimientos que se planifican con base en lo que se llama mapas de calor, es decir, nosotros tenemos registradas todas las denuncias, los delitos, aprehensiones y detencio­nes mediante una georrefe­rencia en donde salen la deno­minación de zonas o barrios rojos, lugares donde la ciu­dadanía reclama la presen­cia policial”, manifestó en el programa “Arriba hoy”, emi­tido por el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el alto funcionario de Estado refutó los cuestio­namientos realizados por un grupo de abogados conside­rados expertos en derechos humanos, quienes calificaron a los operativos como “ilega­les y autoritarios”.

“Respeto la opinión de quie­nes piensan diferente, pero no comparto. Son 30 segun­dos de control, donde el perso­nal policial te solicita presen­tar la cedula, esto teniendo en cuenta que hay mucha gente con orden de captura dando vueltas, con antecedentes por microtráfico o narcotráfico. Todo esto para el ciudadano de bien es positivo, sienten que su barrio está siendo con­trolado o contenido”, indicó.

Riera volvió a insistir que los procedimientos de control son realizados con base en una planificación exhaustiva y de manera aleatoria. “Todo esto no se realiza a la bartola, se procede con mucho res­peto, se verifican los docu­mentos y si las personas cuen­tan con antecedentes. El que tiene todo en regla, no tiene ningún problema, al contra­rio, agradecen”, puntualizó.

Continuó sosteniendo que “la Policía tiene el monopo­lio de las fuerzas públicas, es el único que puede apreen­der y detener. Es el auxiliar de la Justicia, si debilitamos a la Policía, no permitimos que haga su trabajo, enton­ces se tendrá problemas. Acá la gente de bien no tiene pro­blemas en poder ser contro­lada. Constitucionalmente, los policías son responsables de la seguridad interna”.