La campaña emprendida por un medio de comunicación para defender a una de sus empresas tiene todo el sentido del mundo. Es más, puede que esa empresa no tenga responsabilidad en las fechorías del IPS durante la administración del doctor Vicente Battaglia (Gobierno de Abdo) con el famoso contrato de Fideicomiso, cosa que debe determinar el Ministerio Público, pero lo que queda claro es la férrea defensa de ese medio de comunicación (Abc Color) a todo lo que tenga que ver con los hechos de corrupción del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Y esta defensa tiene lógica, este medió apañó y fue cómplice de todos los escándalos y robos de la era Abdo a cambio de millonarios beneficios publicitarios, exclusividad de contratos para la transmisión de los juegos Odesur, así como los contratos millonarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la imprenta Mercurio del mismo grupo empresarial.

Esta campaña de defensa mediática por parte de este grupo empresarial al despilfarro de los G. 828 mil millones del IPS evidencia que los intereses de los jubilados, los asegurados de la previsional o los enfermos oncológicos no forman parte de la agenda: acá lo que importa es la defensa de los negocios y al equipo político que generó beneficios económicos para el grupo empresarial.

En el caso del fideicomiso del IPS, existen hechos objetivos irrefutables, la naturaleza de ese contrato y la herramienta generada para obtener recursos (fondos jubilatorios, devueltos con los fondos de Salud) era la construcción de 4 hospitales. Este proyecto se diseñó en el 2017 y se firmó el contrato ese año durante el gobierno de Cartes. Las 4 obras estaban presupuestadas en el contrato y alcanzaban la totalidad del monto establecido, G. 828 mil millones.

Sin embargo, durante el gobierno de Abdo se degenera la naturaleza del contrato original, se usan los G. 828 mil millones para el mantenimiento de centros de salud del IPS en el interior del país, cuyas obras tampoco fueron terminadas y dejan de hacer los hospitales, solo 1 se terminó, el Ingavi, pero tampoco pagaron la totalidad a los constructores y esas empresas hoy demandan al IPS por cifras millonarias.

Las preguntas que todos nos debemos hacer, sin entrar ni mirar las “campañas mediáticas” de un lado y del otro, es la siguiente: ¿está construido el hospital Hemato-Oncológico? La respuesta es no. La siguiente pregunta, ¿está aún la plata que se había presupuestado y por la que se sigue pagando?. La respuesta es no. Entonces, alguien gastó mal la plata, hecho que evidencia una auditoría del IPS o directamente se la robaron.

Es por eso que urge que la Fiscalía determine el grado de responsabilidad en estas operaciones de perjuicios para los intereses de los jubilados y asegurados del IPS. Este es el punto en cuestión. Acá no se trata de liquidar a tal o cual banco o grupo empresarial, acá el interés es que los responsables de haber impedido que tengamos los asegurados del IPS un Hospital del Cáncer asuman su responsabilidad. ¿O vamos a dejar pasar esta situación por los odios o diferencias políticas? Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Néstor Coronel, pidió al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, desestimar la denuncia por prevaricato y persecución de inocentes, que se había presentado contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Estos representantes del Ministerio Público presentaron la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, con base a elementos contundentes.

En el pedido del agente fiscal Coronel se detalla que, ante el cúmulo de información obtenida, esta representación fiscal se encuentra en condiciones de realizar un estudio acerca de las circunstancias fácticas que motivaron el inicio de la investigación fiscal y ante todo lo analizado corresponde en derecho solicitar la desestimación de la denuncia presentada contra los fiscales Cantero y Grisetti.

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Igualmente, menciona el requerimiento del Ministerio Público: “se puede advertir que se obtuvieron copias de las diferentes resoluciones emanadas de la Fiscalía General del Estado respecto a la formación de equipos de trabajo desde los inicios de la investigación individualizada con n.º 6898/2023″, según el documento.

En ese orden, el requerimiento al juez Otazú señala que en esa situación se tiene informaciones relevantes y se observa que en todo momento hubo participación activa de todos los que conformaban el equipo de trabajo; es más, este equipo de trabajo no solo estuvo integrado por agentes fiscales, sino en todo momento con la participación de la agente fiscal adjunta del área y por otros funcionarios de menor jerarquía, pero con las condiciones técnicas necesarias para abordar las pesquisas que se fueron desarrollando con el correr del tiempo.

Ahora, el referido magistrado tendrá que analizar si corresponde archivar la denuncia que se había presentado contra los dos agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanii Grissetti.

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El expresidente Luis Ángel González Macchi reveló el sentimiento que lo invadió en la etapa final de su gobierno, después de superar los dos intentos por sacarlo del poder.

El 28 de marzo de 1999, el entonces presidente del Senado, Luis González Macchi, asumió la Presidencia del Paraguay, cinco días después del magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña y de la renuncia del mandatario Raúl Cubas Grau.

El 19 de mayo de 2000, un golpe de Estado en su contra fracasó en su intento, pero consiguió debilitarlo políticamente. En 2001, el Poder Legislativo impulsó su destitución por vía constitucional, pero tampoco lo logró. Finalmente, González Macchi cumplió con el periodo que le correspondía hasta el 15 de agosto de 2003, fecha de asunción de Nicanor Duarte Frutos.

“No quería que el Partido Colorado caiga en mis manos, entonces, a Nicanor lo apoyé mucho con mi silencio. Dejé el campo abierto, ni aparecí en la campaña y ganó. Para mí era cuidar el Partido Colorado”, explicó González Macchi, en una entrevista con radio Ñandutí.

A nivel partidario, esta no fue la actitud de Mario Abdo Benítez, quien, en los últimos meses de su mandato y, tras perder estrepitosamente las internas coloradas de 2022, se dedicó a hacer campaña en contra del partido que dice defender.

El 7 de marzo de 2023, a poco más de un mes de la contienda electoral, Abdo Benítez dijo que no hay que tenerle miedo a la alternancia, en alusión a las elecciones generales venideras, en clara alusión a favor del entonces contrincante Efraín Alegre.

Sobre el punto, González Macchi dio su visión general. “Yo creo en un gobierno de unidad nacional, que se apoye dentro de una crisis, pero después, cada uno por su lado (…) la alternancia por alternancia nomás, ¿qué beneficios puede traer?”.

Antes de esto, el 10 de febrero de 2023, Abdo Benítez también dio rienda suelta a su campaña anticolorada durante un acto de gobierno. Sin embargo, sus expresiones en contra de su partido no bastaron para lograr su objetivo, la caída de la ANR, que terminó asestando una victoria más grande de la esperada.

La policía salvadoreña detuvo ayer martes a una mujer de 60 años en el oeste del país centroamericano, identificada como una de las “testaferros más grandes” de la pandilla Barrio 18, dedicada a la extorsión. “Tras una operación de inteligencia e investigaciones en Sonsonate (oeste), capturamos a María del Tránsito Chávez de Escuintla, de 60 años, quien era una de las testaferros más grandes de la pandilla (Barrio) 18″, indicó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta en la red social X.

Las autoridades le “inmovilizaron” las cuentas bancarias y le decomisaron 19 vehículos, además incautarle dinero en efectivo, 14 celulares y documentos de compra venta de vehículos, agregó la PNC. “La detenida se encargaba de la administración” de los vehículos que, presuntamente, “habían sido adquiridos” por el Barrio 18 con dinero proveniente del cobro de extorsiones. “No volverá a aprovecharse de los salvadoreños, será enviada a prisión”, sostuvo la PNC.

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Chávez, según las autoridades, es madre de dos “peligrosos” pandilleros que ya cumplen penas de prisión en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), agregó la policía. Considerada la cárcel “más grande de América” con capacidad para 40.000 reclusos, el Cecot es un símbolo de la cruzada del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

El gobierno de Bukele es criticado por organismos de derechos humanos por instaurar un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, en el cual se basa su ofensiva contra las pandillas y que suma más de 80.000 detenidos sin orden judicial, acusados de pandilleros. La pandilla Barrio 18, con sus dos facciones (Revolucionarios y Sureños), opera principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde se ha visto golpeada por las políticas de Bukele. Es enemiga de la Mara Salvatrucha (MS-13), que de igual forma causa terror en la región.

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Fuente: AFP.