Calificadoras del riesgo-país, bancos de inversión, organismos financieros internacionales, inversionistas extranjeros y consultoras locales nos piden volver a ser serios en nuestra disciplina fiscal tras 5 años de desorden (agujero promedio del -3,8 %/PIB). Una herencia de una deuda pública de USD 16.001 millones, 36,1 % del PIB, 99 % de aumento desde el 2018 (suba de USD 7.960 millones) con déficits fiscales, no es la carta de presentación para un país y una economía que quieren atraer el mundo. Aunque la inversión física del Gobierno sumara USD 5.337 millones (82 % para obras públicas).
Para tener una economía sana es sumamente importante que los gastos del Gobierno no se alejen mucho de los ingresos públicos destinados a cubrirlos. Que no exista un agujero (fiscal=lo que es del Estado) que lleve a caer en un endeudamiento que siempre empieza siendo pequeño –por necesidad o emergencia– y va transformándose cual bola de nieve en una gran deuda que en muchísimos casos no se puede pagar con recursos propios, llevando al país al default (cesación de pagos=no la puedo pagar), fuente de inestabilidad mayúscula que desestabiliza todo el conjunto económico, social y político de un país, teniendo Latinoamérica varios casos dramáticos, como el que está viviendo Argentina en estos momentos, solo para poner un ejemplo. Sin plata (dólares) para pagar la deuda hay que pedir auxilio externo para estabilizar la casa, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que convierte el dolor aún más doloroso.
En el Gobierno cartista (2014-2018) el déficit fiscal (diferencia entre gastos superiores e ingresos inferiores) tuvo un promedio del -1,1 %/PIB respetando el tope o techo del -1,5 % del producto interno bruto (PIB) como máximo agujero fiscal de acuerdo con lo establecido en la ley de responsabilidad fiscal aprobada al inicio de la gestión en el 2013. Esa ley era una excelente carta de presentación o un certificado de buen comportamiento, externamente o a nivel internacional, y también a nivel local. Era la base de la estabilidad macroeconómica reconocida como el pilar principal de un país y su economía manejados responsablemente. La vuelta de la “disciplina fiscal” es un pedido, un reclamo y hasta una exigencia que realizan dentro y fuera del país. Eso ya lo sabe muy bien nuestro ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, así como el propio presidente Santiago Peña. Disciplina fiscal por el lado de los gastos y disciplina fiscal por el lado de los ingresos.
A julio de este año estamos con un déficit fiscal del -1,5 %/PIB acumulado (en 7 meses) o USD 666 millones, pero en términos anualizados (12 meses) el agujero es del -3,35 %/PIB o USD 1.487 millones de dólares. La meta que se fijó el gobierno saliente fue de un déficit del -2,3 %/PIB o USD 1.021 millones. ¿Cuál será el final? Con todas las deudas del Estado a los proveedores, imposibles de pagar en su totalidad, debiendo establecerse un bien consensuado calendario de pagos. Y ojo: sería un error endeudarse para pagar deudas, círculo peligroso. Ya nos endeudamos hasta para pagar salarios de funcionarios del Gobierno.
En el gobierno anterior tuvimos 5 años de desorden (agujero promedio del -3,8 %/PIB). Una herencia de una deuda pública de USD 16.001 millones, 36,1 % del PIB, 99 % de aumento desde el 2018 (suba de USD 7.960 millones) Con déficits fiscales fuera de un rango aceptable, no tenemos la carta de presentación para un país y una economía que quieren atraer el mundo. Aunque la inversión física del Gobierno sumara USD 5.337 millones (82 % para obras públicas).
La peor herencia que Gobierno alguno haya recibido en democracia fue la que tuvo que administrar el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, con un agujero real con papel y sin papel de USD 500 millones o -6,5 % del PIB. Con un default que levantar. Afortunadamente para nosotros el jefe del Equipo Económico era el maestro Dionisio Borda, que ajustó las tuercas, creando una escuela para los futuros ministros de Hacienda, y desde el 2004 hasta el 2011 tuvimos superávit fiscal. Dionisio Borda volvió con Fernando Lugo en el 2008.
Pero en el 2011 la oposición (colorados y liberales) decidieron aumentar el salario a los funcionarios públicos de una manera absurda, irresponsable y tremendamente perjudicial, en un 32 %/33 % en promedio, con aumentos de hasta el 60 % con un efecto en cadena que llevó a que en el 2012 y 2013 el pago de los salarios se comiera entre el 82 % y 86 % de los impuestos. Disciplina fiscal cero. Volvamos a ser serios, La verdad, si es verdad, es verdad. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Duele decirlo, pero hay que decirlo.