• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

El gigantismo estatal de nuestro país en pleno siglo XXI no tiene sentido alguno, pues apenitas superamos los 6,1 millones de habitantes, según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

En contrapartida, en los últimos años la cantidad de funcionarios públicos de 335 mil trepó a 408 mil, un despropósito total e inaceptable, donde la tecnología y digitalización de los procesos están presentes día a día en todos los ámbitos, y si no nos reinventamos, adoptando una actitud innovativa, creativa y pragmática, seguiremos con el mismo Estado vetusto, obsoleto y desfasado, además de prebendario y clientelista.

En casi todas las instituciones públicas (ministerios y secretarías ejecutivas), sin contar otras entidades, estamos minados de planilleros, gente que no aporta valor agregado alguno, desangrando cada vez más el maltratado PGN, siendo su trabajo diario marcar las entradas y salidas, y cuando llega el fin del mes son los primeros en acercarse con sus tarjetas de débito a los cajeros para cobrar el “gran sacrificio” y “aporte innovativo y creativo” que hicieron.

Es responsabilidad del Viceministerio de Capital Humano (ex SFP) hacer un relevamiento global de la plantilla de personal para visualizar quienes son los que trabajan y producen y quienes son los “sacrificados” planilleros, haraganes y sinvergüenza que con la ayuda de algún “padrino de peso” están percibiendo jugosos salarios, robando sin trabajar, la plata que la ciudadanía aporta con mucho sacrificio a través del pago de sus obligaciones tributarias.

A ello se le agregan los estimados “nepobabys”, quienes en mayoría no cuentan con la necesaria formación académica, técnica y profesional (muchos son apenas bachilleres) usurpando los puestos que a mucha gente idónea y capaz le corresponde por meritocracia, capacidad e idoneidad.

Se habla mucho de racionalización y disminución del déficit fiscal, ya que seguimos gastando mucho más de lo que percibimos como ingresos, pero poco o casi nada hacemos para reducir ese “monstruoso” plantel de funcionarios, donde gracias a la tecnología todo los tenemos al alcance de un click, imponiéndose una reingeniería para reducir substancialmente esa inútil superpoblación (así como con buen criterio lo viene haciendo Javier Milei en la Argentina), dejando fuera a más de 70.000 “ñoquis” o vulgares planilleros.

Seguimos teniendo ministerios y secretarías ejecutivas con tareas y funciones superpuestas, excesiva burocracia administrativa, enlenteciendo los tiempos de ciclo, denotando una descoordinación absoluta y un despilfarro en erogaciones por pago de sueldos que no tiene razón de ser, habiendo tantas otras necesidades prioritarias a nivel país.

Se hace ultra necesario dar el lugar que les corresponde a nuestros técnicos con una perspectiva diferente vs. los que solo actúan desde la óptica política.

Todas las entidades cuentan con unidades de Organización y Métodos (O&M), cuya responsabilidad se concentra en los trabajos de visualización de funciones, procesos y responsabilidades dentro de su estructura organizacional, debiendo eliminarse “lo que sea grasa”, realocando a los talentos humanos que puedan dar valor agregado, permitiendo de una vez por todas brindarle a la ciudadanía el servicio de calidad que se merece.

Da pena, tristeza y rabia seguir viendo a muchísimos funcionarios que se han “quedado en el tiempo”, manejando todavía vetustos libros para anotaciones varias cuando que la computadora la tenemos vigente hace más de 30 años, pero que lamentablemente al ver una PC huyen despavoridos.

Se caracterizan por una rigidez de pensamientos, temiéndole al cambio, haciendo que antes que una solución, siguen siendo un problema.

El Estado no es una entidad de beneficencia. Si pretendemos actuar con profesionalismo, no cabe otra. Se actualizan o definitivamente deberán dar un paso al costado, puesto que no es posible seguir sosteniendo a gente mediocre, sin ansias de superación, que ya llevan insertos dentro de su ADN.

Muchos mediocres son jefes y los que se lo merecen por actitud y aptitud siguen siendo subalternos, como efecto directo del clientelismo político, debiendo erradicarse para ganar confiabilidad, respeto y el sitio que pretendemos ocupar dentro de la región.

Una de las bombas noticiosas de la jornada del lunes fue la impu­tación realizada por dos fiscales contra el expresidente Mario Abdo Benítez y 8 excolaboradores estre­chos de su gobierno. Se los acusa de haber filtrado informes de inteligencia para uso político y otros delitos que fueron inves­tigados y ahora deben se probados en el juicio. Como la dura acusación es contra el exmandatario y su entorno cercano, el hecho no fue bien recibido por algunos sec­tores que prefieren defenderlo, como cier­tos medios de comunicación que mostraron su hilacha abdista.

Los hechos existieron y fueron denunciados en su momento con las evidencias del caso. Por lo que no se los puede desconocer como tampoco achicar la gravedad de lo aconte­cido. Es necesario que los organismos judi­ciales pertinentes realicen la investigación correspondiente y establezcan las respon­sabilidades y los castigos que conllevan tales delitos señalados por los fiscales.

De acuerdo con el escrito de la acusación, “durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Hora­cio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.

Sin entrar a calificarlos, estos hechos podrían ser entendibles como parte de una lucha partidaria. Pero lo grave de esta situa­ción es que, para este propósito, con fines políticos, se habrían revelado secretos que no corresponde dar a publicidad por parte de los altos funcionarios acusados.

“La filtración realizada habría perseguido el objetivo de desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Car­tes”, destaca el texto de la imputación. Y agrega que cada uno de los hechos mencio­nados en el escrito representan elementos de sospecha suficiente sobre la existencia de lo denunciado y la participación de las personas indicadas. Los fiscales realizaron la acusación e imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez, a Carlos Arregui, exti­tular de Seprelad; a Arnaldo Giuzzio, exmi­nistro del Interior; a Carmen Pereira, exvi­ceministra de Seprelad; a René Fernández Bobadilla, que fue ministro de la Seprelad. También están imputados el diputado Mau­ricio Espínola, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.

De acuerdo con lo referido por la acusación, las instituciones estatales que dependen de la Presidencia de la República filtra­ron informaciones secretas a los medios de comunicación para ensuciar el nombre de los enemigos políticos de Abdo. Desde la Senad, Senac y el Ministerio del Inte­rior se pasaban informaciones a la prensa de manera organizada con el propósito de afectar al expresidente Horacio Car­tes y sus empresas, según la opinión de su abogado Pedro Ovelar. Este señaló que las denuncias realizadas contra Abdo y sus excolaboradores se basan en hechos rea­les, como denuncias falsas, simulación de hechos punibles y persecución, que infrin­gen las disposiciones del Código Penal.

El ruido ocasionado por las acusaciones fis­cales produjo también una fuerte detona­ción en el campo político, por las implican­cias que tienen en los sectores partidarios involucrados y las consecuencias penales que podrían sobrevenir. Pero al margen de las repercusiones que puedan tener en los diversos campos de la vida nacional, lo importante es que si los delitos se cometie­ron, corresponde investigarlos de manera adecuada y los responsables tienen que recibir el justo castigo como consecuencia de los hechos que han causado.

No es bueno que en el país continúe la impunidad de los delincuentes, aunque sean grandes personalidades del campo político o social, por el bien de la sociedad paraguaya y la seriedad de las institucio­nes. Debido a ello, desde el punto de vista de la lógica más elemental, es muy difícil de entender la actitud de algunos medios de comunicación que decididamente salen a defender a los acusados. Parecen no impor­tarles la gravedad de los actos denunciados ni el hecho de asumir la defensa de posibles delincuentes.

Es muy plausible la actitud asumida por los fiscales con base en las denuncias presen­tadas en su momento contra los imputados. Lo habitual en cualquier sociedad normal es que cuando se cometen infracciones a las leyes, los responsables sean investigados, acusados y, si corresponde, castigados de acuerdo con las normas penales.

El titular de la Asocia­ción Nacional Repu­blicana (ANR), Hora­cio Cartes, extendió ayer martes sus felicitaciones a los funcionarios públicos en su día. Mediante sus redes sociales oficiales exhortó a continuar apostando por la transparencia en el manejo de los recursos estatales para garantizar a los paraguayos una mejor calidad de vida.

“El rol del funcionario público en el correcto funcionamiento del Estado es de gran impor­tancia, especialmente poten­ciando la formación profesio­nal y la transparencia para que el servicio a la ciudada­nía sea de calidad. Feliz día a todos los funcionarios públi­cos en su día”, afirmó.

Actualmente, el gobierno de Santiago Peña impulsa el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servi­cio civil que busca establecer reglas claras para el ingreso, la permanencia y salida de los funcionarios públicos.

La iniciativa fue presentada el pasado 13 de febrero al Con­greso Nacional y su tratamiento en la Cámara de Senadores se prevé para el 19 de marzo. Pre­viamente se tiene planeado impulsar varias audiencias públicas para debatir y con­sensuar sobre la propuesta.

La iniciativa es fuertemente respaldada por la ANR como partido en función de poder, teniendo en cuenta que se busca reordenar el marco jurí­dico de toda la función pública e implementar la tan anhelada carrera del servicio civil en torno a la base de la integri­dad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la ges­tión estatal.

• Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

El gigantismo estatal en un país pequeño como el nuestro donde apenas superamos los 6 millones de habitantes, según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cantidad de funcionarios públicos de 335.409 trepó durante el gobierno anterior a 407.695 (equivalente a un incremento de 72.286), un despropósito total e inaceptable en pleno siglo XXI, donde la tecnología y digitalización de los procesos están presentes día a día en todos los ámbitos dándose terreno fértil para la racionalización de la plantilla de personal.

El presidente Javier Milei en la Argentina, como una de sus primeras medidas adoptadas fue la reducción de 18 ministerios a solo 9, haciendo lo mismo con una gran cantidad de secretarías y subsecretarías, direcciones, subdirecciones, entre otros, incluyendo a los miles de “planilleros” o ñoquis, quienes en vez de servir se servían del Estado. No renovaron el contrato a más de 7.000 funcionarios incorporados a inicios del 2023.

¿Por qué aquí también no hacemos lo mismo? El 100 por ciento de los contratos tienen fecha de vencimiento y los empleadores no tienen obligación de renovarlos en forma automática.

Seguimos teniendo ministerios y secretarías ejecutivas con tareas y funciones superpuestas, excesiva burocracia administrativa, descoordinación y erogaciones millonarias por pago de sueldos y otros beneficios, a gente que no aporta valor agregado siendo en su mayoría producto de prebendas, clientelismo político y nepotismo y que merecen ser revisados.

Es hora de dar el lugar a nuestros técnicos quienes pueden aportar una perspectiva diferente vs. aquellos que solo actúan desde la óptica política y politiquera, con escasísima formación académica, ocupando posiciones de privilegio inmerecidamente.

La Ley del Servicio Civil, que hace tiempo se tuvo que haber sancionado y promulgado, deberá hacerse o sí o sí una vez culminado el receso parlamentario. Una buena ocasión para que en todas las entidades la unidad de organización y métodos (O&M), bajo cuya responsabilidad están los trabajos de visualización de unciones, procesos y responsabilidades dentro de su estructura organizacional, pueda adelantarse y proactivamente ir analizando/evaluando junto con talento humano “lo que sea grasa”, que permita una vez que entre en vigencia dicha ley estén claramente definidas las coordenadas sobre quienes merecen continuar, y los que deberán dar “un paso al costado”, pues el Estado no puede seguir regalando sueldos y otros beneficios mes a mes a miles de funcionarios que demuestran ineptitud, desangrando cada vez más y más al erario público y al PGN.

La tecnología actual permite que todas las entidades puedan estar interconectados online, agilizando el flujo de procesos y gestiones realizados por los contribuyentes. Da pena seguir viendo a muchísimos funcionarios que le siguen temiendo al cambio, caracterizado por una rigidez de pensamientos, haciendo que antes que una solución se constituyen en un gran problema.

Si pretendemos actuar con profesionalismo, no cabe otra. Se actualizan o definitivamente deberían buscar otro trabajo, ya que no se puede seguir sosteniendo a gente mediocre, sin ansias de superación, esperando que llegue fin de mes para ser los primeros en ir al cajero a cobrar su salario. Muchos mediocres son jefes y los que se los merecen por actitud y aptitud siguen siendo subalternos.

Más del 80 por ciento de lo recaudado por el fisco sigue destinado a la cobertura de gastos rígidos (pagos de sueldos en aproximadamente 70 por ciento), cuando que esa superpoblación debe ser racionalizada aplicando procesos abreviados y modernos que hagan “clic” con lo que nos aporta la tecnología y medios digitales, reorientando recursos a otros propósitos más prioritarios como salud pública, educación y obras de infraestructura.

Se impone una reingeniería estructural. Aquellos que demuestren meritocracia, capacidad, honestidad y trayectoria profesional tendrán derecho a acceder a funciones de mayor relevancia y responsabilidad, con posibilidades potenciales de recibir mejor remuneración. Así de simple.