- Por Aníbal Saucedo Rodas
- Periodista, docente y político
Santiago Peña debe empezar a sacudir la alfombra. Aventar el polvo y los gérmenes del pasado gobierno tiznado de corrupción. Ningún proyecto tendrá fundamentos sólidos sobre los pútridos escombros del latrocinio y las inmoralidades administrativas. La euforia por el triunfo electoral y la justificada pero prolongada alegría de asumir el cargo de presidente de la República pueden constituir un elemento de distracción o de mal entendida tolerancia que favorezcan a la impunidad. Y la impunidad es un cáncer que devora el tejido social de la nación y carcome los cimientos de la democracia, porque el crimen sin castigo es una ancha avenida que convoca a reincidir en el mismo delito, tanto al sector público como al privado.
El soborno o se pide o se ofrece. A veces, y sobre todo en el ámbito de la “patria contratista”, ya existe un acuerdo tácito de los porcentajes a ser distribuidos. El nuevo presidente de la República debe utilizar la pluma como espada forjada con acero toledano para herir de muerte a los corruptos que se fueron –pero que siempre están al acecho, agazapados– y blandir amenazante contra el cogote de quienes intenten continuar por esos torcidos caminos y amañadas prácticas.
Durante el periodo de Mario Abdo Benítez, caracterizado por el saqueo inmisericorde al Tesoro y a los recursos sin control de las binacionales Itaipú y Yacyretá, esa dupla maldita que integran la corrupción y la impunidad hizo estragos en la economía de la clase media y condenó a la miseria a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad. El impacto de la pandemia en la población fue la tormenta perfecta para el pillaje y la rapiña. Para la sabiduría oriental la palabra crisis está conformada por dos caracteres: uno significa peligro y el otro, oportunidad. El pueblo soportó los peligrosos arrebatos de la tragedia provocada por la indolencia y la avaricia; para los integrantes de aquel nefasto gobierno fue la oportunidad para adquirir y aumentar sus fortunas. Hay que ser miserable de toda miserabilidad para lucrar con el dolor del prójimo. La condena ciudadana nunca podrá suplir al castigo de la Justicia. Y una frase que compartí con quien en ese momento era electo presidente: “El que no audita el ejercicio anterior es porque pretende repetir los vicios de sus antecesores”.
El Poder Ejecutivo, de motu proprio, debe instruir a la Auditoría General bajo su dependencia y solicitar a la Contraloría General de la República que inicien trabajos de investigación en todas las instituciones del Estado (ministerios, secretarías y entes descentralizados), principalmente en lo que concierne a los millones de dólares que fueron malversados a través de execrables maniobras en las que algunas manos invisibles hoy pretenden erigirse en catedráticas o maestros de la decencia y la honestidad. Que la sociedad les vomite de su boca. Altos exponentes de la injuria y la intriga disfrazan su cinismo e hipocresía con las máscaras de cera del antiguo teatro griego. La firmeza prometida por el presidente Peña tiene que convertirse en afilada desbrozadora que limpie de malezas, de cizañas y de abrojos las políticas públicas, para que no sean contaminadas por quienes, desde la doblez de las sombras y la torva mirada de los Efialtes de la patria, ponen fichas por el fracaso para armar las estructuras de sus espurios andamios hacia el poder. Es preferible tenerlos de enemigos, que de aliados ensuguy.
Todos los focos ciudadanos hoy apuntan a las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, que se han constituido en inexpugnables fortalezas dentro del Estado. En esas instituciones híbridas no permea el principio de Bobbio de que la democracia es el poder público ejercido en público. Han recurrido hasta la Corte Suprema de Justicia con escritos de constitucionalistas (cobrados en dólares), que cuestionan severamente al Poder Judicial mientras promueven la opacidad en la rendición de cuentas, para impedir que los gastos sociales sean auditados por agentes externos. El más reacio fue el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Nicanor Duarte Frutos, cuya administración, ya lo dijimos, no va a soportar un simple arqueo de cajas. No solamente mercaron con los víveres que debieron ser destinados a las clases pobres (urbanas y campesinas), concediendo contrataciones directas a las proveedoras, especialmente a tres que están ligadas a quienes hasta hace poco fueron altos directivos de la entidad, sino que procedieron a firmar nombramientos con absoluto desprecio a las normas, sin temor a la vigilia social, deshonrando a sus familias y blasfemando cada domingo con impostada fe. El escaso pudor quedó abatido cuando una hermosa señorita recibió su resolución el 14 de febrero de 2022. Y como último obsequio, para resguardarla, fue trasladada a la gerencia de Aña Cua con la máxima categoría, con la tinta todavía fresca. Es apenas la punta del ovillo. Son los mismos que pretendían crear escuelas para enseñar cómo “administrar el poder”.
El que suena como auditor interno en la EBY es un personal de carrera. Ya ocupó el mismo cargo durante una anterior administración. Posteriormente fue jefe del departamento financiero en la época del ingeniero Ángel María Recalde, hoy nombrado consejero. Por tanto, conoce el oficio. La idoneidad, que tiene como uno de sus soportes esenciales a la autonomía moral, le permitirá sacar a luz los monstruosos hechos de latrocinio en ese lugar donde trabaja desde hace años. Es su gran oportunidad. No hay derecho a defraudar la expectativa de la gente. Buen provecho.