• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

Nuestro país apenitas supera los 7,4 millones de habitantes, por lo que no justifica en plena era de la tecnología, donde lo digital está “hasta en la sopa” que sigamos teniendo más de 400.000 funcionarios en la administración pública, muchísimos de ellos aportando un limitadísimo valor agregado y que en función al uso inteligente de procesos tecnológicos interconectados entre las instituciones podrían funcionar “como un reloj”, pero sin embargo la burocracia cada vez más crece en forma exponencial.

Hablamos mucho acerca de la necesidad de dar el lugar que corresponde a la meritocracia, idoneidad, capacidad de gestión y trayectoria profesional que nos permitan poder tener una administración pública de calidad comprobada, que toda la ciudadanía anhela pues a través del pago de sus impuestos y otros tributos, permiten que puedan seguir percibiendo sus salarios y otras retribuciones conexas mensualmente, que siguen “desangrando” más del 80 por ciento de los gastos rígidos dentro del PGN.

La mayoría de las instituciones públicas siguen adoleciendo de una deficiencia estructural donde los tenemos a muchísimos funcionarios con escasa preparación académica y técnica ocupando posiciones de relevancia, por lo que muy difícilmente podrán desempeñarse en forma eficiente, dada la carencia de dichos atributos tornando por ende difícil que puedan exigir calidad y eficiencia a los mandos medios para abajo dentro de su estructura organizacional.

Este gobierno que ya está de salida, a las apuradas viene contratando más y más funcionarios más allá de las necesidades reales, llegando a la fecha a nada menos 408.000 una “locura total”, cuando que “de taquito” con gente eficiente y que no le tema a los cambios con no más del 60 por ciento de la plantilla global actual podría funcionar “de maravillas” implicando millonarios desembolsos mensuales en concepto de pago de salarios y otros beneficios quedando relegados otros sectores prioritarios para el desarrollo del país como lo son salud, educación e infraestructura por el consecuente desfasaje en la relación ingresos/egresos.

Creemos que de una vez por todas debemos priorizar la calidad del nivel académico y técnico de los servidores públicos, sin distinción de banderías políticas, que hoy por hoy en la mayoría de las instituciones no están a la altura de su posición y responsabilidad asignádales no permitiendo tener un Estado moderno, acorde al mundo globalizado en que vivimos.

Es hora de que dejemos atrás el clientelismo y prebendarismo, y podamos tener una ley del servicio público debidamente sancionada y promulgada, que fijen todas las coordenadas necesarias, acerca del perfil y conocimientos técnicos y académicos que requieren cada puesto.

Muchos de ellos son capaces e idóneos, pero subutilizados en función a su formación académica y experiencia, por lo que precisamos de una reingeniería que nos permita aprovechar los talentos y reubicarlos o darles otro destino a los que no rinden en función a la posición y responsabilidad que les son asignadas.

Nuestro país cuenta con muchísima gente idónea y capaz para ser un verdadero servidor público.

Es hora que se los mantenga y se los promocione a los que muestren actitud y aptitud para que podamos tener una administración pública moderna con servidores honestos, capaces y patriotas.

La ciudadanía está harta de la ineptitud de muchísimos funcionarios que no aportan casi ningún tipo de valor añadido a sus organizaciones, debido a que los procesos de selección siguen siendo muy light (suaves) en función a lo que realmente se precisa.

Es preferible ir racionalizando la cantidad de funcionarios a nivel país, pero que sean capaces e idóneos en la función que realizan y que se les pague en base a lo que realmente están aportando conforme al perfil del puesto y de la responsabilidad de cada uno.

Esperemos que el próximo gobierno que asumirá las riendas de la administración de nuestro país el 15 de agosto, pueda tenerlos muy en cuenta, pues podremos estar mejor, pero para ello no solo se precisa de recursos económicos, sino un capital humano que pueda coadyuvar en forma eficiente y eficaz para poder llegar a los objetivos y metas cuali/cuantitativos.

La mayoría de las instituciones públicas siguen adoleciendo de una deficiencia estructural donde tenemos a muchísimos funcionarios con escasa preparación académica y técnica ocupando posiciones de relevancia.