Nuestro país ya no es solamente el lugar donde las teorías encuentran su destino de sepultura. Aclaremos, sin embargo, que una nueva generación de sociólogos invalida la premisa formulada por el académico norteamericano Kalman Silvert, en la década de los 60, haciéndose conocida mediante otro catedrático, el argentino Francisco Delich, a finales de los 70, de acuerdo con las investigaciones de Javier Numan Caballero Merlo, quien, a su vez, referencia a su colega Roberto Céspedes como el relator de la célebre frase que nos divorcia de cualquier insinuación científica. Ya mencioné el hecho y cité las fuentes en más de una oportunidad.
Pero no fue sino hasta la noche del domingo 9 de mayo de 1993 en que tan aterradora afirmación pasó a formar parte del imaginario colectivo. Con los resultados ya conocidos de las elecciones generales que daban ganador al colorado Juan Carlos Wasmosy, un asesor extranjero –uruguayo, creo– de Guillermo Caballero Vargas lanza la apocalíptica sentencia. Somos un cementerio, había sido, a la hora de establecer leyes que explican o relacionan los fenómenos. Es que todas las encuestas ubicaban en punta al entonces candidato del Partido Encuentro Nacional (PEN). Quien, finalmente, quedó tercero, a cien mil votos del segundo, Domingo Laíno, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Debió saber antes de incursionar en nuestro campo social que los enunciados lógicos no son la asignatura preferida de los paraguayos. Somos un pueblo más emotivo que racional. A tal punto que no son pocos los que atribuyen la victoria republicana a la polca “Colorado” en recreada versión de Quemil Yambay. En aquellos tiempos la propaganda política en la radio y televisión no tenían pautas ni límites.
País de contrastes como somos, de inverosímiles paradojas, del cementerio de las teorías dimos un salto cualitativo en los últimos días con notables contribuciones al Derecho Internacional. Desde la Convención Gondra, aclamada en la V Conferencia Panamericana realizada en Santiago de Chile entre el 25 de marzo y el 3 de mayo de 1923, no se recuerda aporte tan significativo en la materia: “En un conflicto entre Estados puede ser débil el justo, puede serlo el fuerte. Pero la injusticia del uno está limitada por su propia impotencia, al paso que la del otro puede pretender llegar hasta donde llegue su fuerza. Por eso, no pudiendo hacer que el justo sea siempre fuerte, nos hemos empeñado en que el fuerte sea siempre justo”. Dedicada con especial énfasis a quienes se sienten morbosamente encantados con las alevosas intromisiones en nuestros asuntos internos.
Pero ahora rompimos todo molde. De acuerdo con las declaraciones de la exsenadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi, la denuncia elevada por Horacio Cartes ante la Fiscalía General del Estado, alegando persecución política, creará problemas al electo presidente, Santiago Peña, con Estados Unidos y Brasil. “Le está tratando de boludos (a ambos países), que cayeron en la trampa de personas y medios de comunicación”, añadió. Esto es, antes de realizar tal presentación, innegablemente legítima, debió ceder sus garantías constitucionales suponiendo la posibilidad de “enojo” de ambas potencias con antojos imperialistas, una en el Norte y otra en el Sur.
Pero todavía hay más. Según el diario Abc Color, en su edición del 1 de agosto de 2023, página 5, la designación de Marco Aurelio González como procurador general de la República por parte de Santiago Peña es un abierto “desafío a los Estados Unidos”. Todo porque el elegido es “allegado del cuestionado miembro del Consejo de la Magistratura, el cartista Jorge Bogarín Alfonso, también declarado ‘significativamente corrupto’ por los EE. UU. (fin de la cita)”. No se le ha endilgado más “delito” que esa cercanía o amistad a quien, según su currículum, es coordinador general de los Programas de Postgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, con un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México (la prestigiosa Unam). Fue, además, director jurídico del Banco Central del Paraguay. En síntesis, palo porque bogas, palo porque no bogas. Ese es el único criterio –los ejemplos así lo testifican– para evaluar a quienes serán miembros del gabinete y demás integrantes del gobierno de Santiago Peña.
Según esta particular visión jurídica de políticos y medios, cualquier ciudadano señalado por los Estados Unidos deberá pensar previamente qué daños puede causar a su entorno antes de iniciar cualquier demanda judicial. No importan sus derechos. Y el electo presidente debió considerar posibles molestias del gobierno de Joe Biden antes de proceder a realizar las designaciones constitucionalmente protegidas. Lo mejor sería dejarles a los yanquis que se instalen en el Palacio de López y dirijan nuestros destinos como nación. Algunos, al parecer, estarían muy felices. Buen provecho.
¿La IA está transformando la protección de nuestros derechos digitales?
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Figuras destacadas provenientes de distintos ámbitos convergen en el escenario virtual del II Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales, donde se analizará el impacto de la inteligencia artificial en nuestros derechos.
Este evento está a punto de abrir sus puertas virtuales para sumergirse en un diálogo crucial sobre el papel de la inteligencia artificial en la esfera pública. Organizado por el Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM y el Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, el evento reúne a más de 30 expertos de toda Iberoamérica, quienes compartirán sus visiones sobre el panorama actual y futuro de los derechos digitales en la era de la IA.
Desde funcionarios públicos hasta académicos, los participantes explorarán cómo la IA está moldeando no solo la gestión pública, sino también la innovación y, crucialmente, los derechos de los ciudadanos. Con un enfoque en la seguridad y la inclusión en el entorno digital, el congreso promete enriquecer el debate y fomentar el intercambio de ideas para impulsar soluciones concretas.
Bajo el amparo del Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, una institución líder en la región, este evento no solo analizará los desafíos actuales, sino que también se centrará en proponer acciones concretas para el desarrollo, implementación y protección de los derechos digitales. Un llamado a la acción respaldado por el compromiso de instituciones académicas de renombre, como la UNMSM y la Universitat de Barcelona en España.
Además, el foro establece un grupo de trabajo dedicado a supervisar y estudiar el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos, abordando así uno de los desafíos más apremiantes en el contexto digital actual.
Para participar en este evento de relevancia internacional, puedes inscribirte a través del siguiente enlace: Inscripción. La conexión se realizará vía Zoom y se entregará un certificado de participación a los asistentes.
Reglamento UE 1115: el Ejecutivo debe decidirse por el comercio internacional sin intervencionismo estatal
Víctor Pavón
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Por Víctor Pavón
Cuando todo parecía encauzarse para bien en relación a las exportaciones de nuestros productos como la soja, la carne, el cuero y la madera, para el comercio con la Unión Europea (UE) y por el cual el Ejecutivo nacional tenía una posición correcta de no ceder ante exigencias de otros países, días atrás sin embargo el Gobierno emite el Decreto 1541 que muestra otra tendencia.
El presidente Santiago Peña dijo el año pasado en las Naciones Unidas: “Los países en vías de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad”, afirmación certera sobre lo que había que hacer en relación a exigencias que podrían perjudicar al país.
Con referencia concreta al Reg. 1115 de la UE dijo: “Paraguay hará valer su soberanía”.
Del mismo modo, la Cancillería junto como el Ministerio de Agricultura y Ganadería afirmaban que las exigencias de la UE son de cumplimiento imposible para Paraguay, más tomando en cuenta que nuestra producción se hace de modo sostenible protegiendo el medioambiente.
Luego el Gobierno se presenta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que junto con 60 países sostienen acerca de la necesidad imperiosa de reducir las “distorsiones al comercio agrícola” así como medidas exigidas de “modo unilateral”.
Al respecto, alguien que sabe y mucho sobre todo esto, el Ing. Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería, afirmó que “la norma n.° 1115 de la UE se trata de una barrera comercial a los productos agrícolas, con condiciones exageradas sobre el sector privado”.
De igual modo los verdaderos protagonistas, los que saben lo que pasa en el campo, se hacían escuchar. Los sectores gremiales mediante sus representantes refieren que el Reglamento 1115 no puede ser una imposición ni menos aún convertirse en una normativa internalizada en nuestro territorio perjudicando al campo y que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Mientras tanto, la UE venía diciendo que el Reglamento 1115 se aplicaría con o sin acuerdo del Mercosur. Matteo Sartori, quien estuvo por nuestro país, dispuso en carácter de donación de euros 10 millones para el Gobierno, como una forma de ayuda para ir cumpliendo los requisitos ambientales del Reglamento 1115.
Y ¿ahora? El Decreto presidencial 1541 del 16 de abril pasado, viene a cambiar la tendencia correcta del Gobierno con relación al Reglamento 1115. Dice que se deben iniciar las tareas para implementar sistemas de trazabilildad socioambiental para la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.
En el Considerando del Decreto se lee: “...las recientes normativas de trazabilidad socioambiental adoptadas por mercados extranjeros...” “...que el Estado debe adoptar”... para contar con “una plataforma de trazabilidad ambiental”.
Esta decisión del Gobierno es estatista, contraria a los intereses del sector privado rural que serán convidados de piedra de aprobarse la “nueva trazabilidad”, documento de cumplimiento obligatorio hecho por burócratas que, sentados en cómodos sillones, se dedican a estorbar a los emprendedores.
Es de esperarse que el Ejecutivo tome en cuenta que el comercio y la producción son tareas del sector privado y que el Estado debe garantizar la propiedad y la seguridad para que la gente coopere para intercambiar más y mejores bienes y servicios, tanto dentro como fuera del país. Y esta es la mejor forma de defender la soberanía y la producción del Paraguay.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
“El periodismo de calidad es un bien público”, sostiene Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, en el Club Nacional de la Prensa en Washington DC
La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el ocultamiento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso.
Por Ricardo Rivas
Periodista X: @RtrivasRivas
Fotos: Gentileza / AFP
Cada día con mayor insistencia coincidentes analistas consideran que “nuevamente” la humanidad se acerca peligrosamente a la guerra. De hecho, en la Unión Europea (UE) se teme que el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el norte europeo, pudiera ampliarse e involucrar a otros países. Angustia social.
Los mismos miedos emergen en Oriente Medio, donde las acciones violentas entre el grupo terrorista Hamás e Israel hacen temer lo peor. La dignidad humana vuelve a ser vulnerada. Por los unos, por los otros y hasta por los nadie que descreen de esa condición, no la reconocen ni parecen tenerla. ¿Sus nombres? Para qué reiterarlos. Bien que los sabemos. Así estamos. Y tememos. ¡Grave!
La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el ocultamiento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso. “La prensa está bajo fuego”, denuncia una y otra vez en donde se encuentre Guilherme Canela, jefe de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de la Unesco.
“La vida no vale nada cuando otros se están matando”, canta Pablo Milanés acongojado. Millones queremos saber. Por nosotros y los otros. Somos periodistas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que saber para hacer saber. La búsqueda de información se hace en cada instante más compleja. “El arte del engaño”, como Sun Tzu llamaba a la guerra, dinamita la verdad.
La política y los mercados la ocultan y amordazan a quienes pueden querer contar. Incluso con “acuerdos de confidencialidad” para clausurar filtraciones informativas. Pero, pese a todo, tenemos que informarnos para informar. Pero no nos quieren responder o mienten cuando lo hacen. Desde siempre ha sido, es y será así el complejo trabajo de procurar ese dato para que todos sepan. Es un derecho de todos.
MENTIRA ESTRUCTURAL
“La vida no vale nada si escucho un grito mortal / Y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga”. No calles, Pablo. ¿La mentira estructural capilariza en las instituciones? Tal vez. O, por lo menos, sé que existen quienes lo intentan o lo recomiendan. Y hasta cobran honorarios por el (des)honor de hacerlo. Los ejércitos se rediseñan para operar la desinformación. Ya casi no quedan fuerzas en la sacudida aldea global sin organizar –como armas– secciones, compañías, batallones o la estructura que fuere para lo que eufemísticamente llaman ciberguerra, para la ciberdefensa, para la ciberseguridad.
¿Serán tiempos de todo vale? Si no lo son, se parecen mucho. Hasta Pantaleón Pantoja, aquel tan oscuro como intrascendente capitán del Ejército peruano de ficción, que magistralmente creó Mario Vargas Llosa en 1973, es largamente superado en el mundo real por una minúscula élite de poderosos adictos a la perversión, a la mentira y al engaño.
“La vida no vale nada si ignoro que el asesino / Cogió por otro camino y prepara otra celada”. ¿Juglares o periodistas? Periodistas… y juglares. Como en la Edad Media, aunque en tiempos digitales. Ese es nuestro trabajo.
Sospecho que tal vez (¿o seguramente?) Gruneisen, Honan, Walton, Gueroult, Didier, Höfken o Loring, corresponsales de periódicos alemanes, ingleses, franceses de los que muy poco se conoce o sabe, que cubrieron en España la Primera Guerra Carlista entre 1833 y 1840; o acaso el mismísimo William Howard Russell, el primero de los corresponsales de guerra reconocido por la historia que en 1854 fue enviado por The Times para cubrir las acciones bélicas en Crimea, habrán tenido y padecido las mismas dificultades, las mismas dudas y los mismos engaños para acercarse a la verdad cuando quisieron informarse para informar.
Los trabajadores de prensa, como también se nos llama, tenemos claras las dificultades y riesgos de hacer público lo que desde el poder se pretende ocultar. La humanidad –a la luz de la historia– pareciera que en algunas cosas se repite. ¿Atrapados en la banda de Möbius? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se deben proteger valores sociales como la libertad de expresión, el acceso a la información –claros derechos humanos, de todos y todas, no solo de periodistas y comunicadores– en un Estado democrático de derecho?
“La vida no vale nada cuando otros se están matando”, canta Pablo Milanés, acongojado
LIBERTAD
Allá por 1994, en el siglo pasado, en un texto de Niceto Blázquez titulado “Ética y medios de comunicación”, leí que “el periodismo es importante como registro histórico, como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y porque fundamenta la libertad de personas y de sociedades”. El autor sostiene también que “el periodismo aporta elementos que, a pesar de sus limitaciones en exactitud, en análisis o en enfoque, contribuyen a la conservación de la memoria colectiva”.
Y, más adelante, destaca que “la más conocida razón de la importancia del periodismo es que, al servir como canal de expresión de la sociedad, impulsa cambios en la historia” porque “cada una de sus informaciones tiene un potencial de cambio que, al activarse, le imprime una dinámica de desarrollo a la vida social” y, desde esa perspectiva, acuerda con el maestro Gabriel García Márquez en que “lo mejor de la actividad periodística” se encuentra en “la posibilidad de cambiar algo todos los días”.
Así entonces enfatiza que “la sociedad necesita del periodismo tanto como el cuerpo humano de sus órganos de los sentidos”; precisa que “contribuye al desarrollo del conocimiento de la realidad” y resalta que ninguna “sociedad puede ser libre si no conoce la realidad de lo que sucede” porque, si no fuera así, “cuando no hay ese conocimiento, sociedades e individuos son manipulables”.
El 22 de setiembre de 2016, con las palabras de Blázquez, la Fundación Gabo, en su “Consultorio ético”, consignó “¿Por qué es importante el periodismo?”. Claramente, Blázquez, al igual que otros pensadores que en algunos casos son periodistas, aportó claridad al oficio de informar en tiempos que –tal vez como en la actual contemporaneidad– evidencian que la sociedad en su conjunto es protagonista de un cambio epocal perceptible en innumerables prácticas sociales primero y profesionales después.
Es tan necesario como urgente enfrentar la “desinfodemia” que aparece como indetenible. Periodistas y sociedad civil debemos asumir con convicción profunda que la libertad de expresión es la herramienta imprescindible para demandar derechos consolidados y construir nuevos valores sociales que claramente necesitan protección.
INTERÉS SOCIAL
Sin esa convicción, ¿cómo saber lo que debemos saber? ¿Cómo informarnos para informar? ¿Cómo llegar a ese dato al que no todos podemos llegar y es de clarísimo interés social? ¿Con qué herramientas contamos para verificarlo, contrastarlo y, tal vez, publicar? ¿Está la información al alcance de todos? ¿Hay simétrica posibilidad de acceso a la información? ¿Hay quienes tienen más acceso que otros para informarse y operar sobre la realidad o intentar construirla? ¿Cómo operan los dispositivos tecnológicos para resolver interrogantes como los planteados que lo son desde siempre en la historia del devenir humano porque son transversales a toda práctica y sector? ¿Siempre es así? ¿Cómo negarlo o aseverarlo?
Estamos frente a un dilema que pone en tensión varios conceptos desde la perspectiva de la sociedad civil respecto de múltiples polos de poder. A modo de ejemplo, pienso en el cambio climático que enfrenta dos proposiciones concretas a la vez que enfrentadas. “Es innegable que al medio ambiente lo afecta en particular la producción y quema de combustibles fósiles que producen efecto invernadero”, dicen unos. Los otros, los negacionistas, sostienen que se trata de “un proceso natural cíclico con consecuencias mínimas”.
Con ese marco los líderes planetarios debaten para encontrar un camino. ¿Con qué instrumento? Con la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC, por su sigla en inglés) cuyos integrantes, en diciembre pasado, se reunieron en Dubái para participar de la Conferencia de Partes (COP) y abordar el conflicto. El debate fue intenso. Los enfrentamientos también.
Sin embargo, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 13 de diciembre, cuando la conferencia hubo finalizado, fue claro y contundente: “A aquellos que se opusieron a (consignar) una referencia clara a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el texto (final) de la COP28, quiero decirles que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es inevitable, les guste o no”. Guterres luego concluyó esperanzado su breve ponencia. “Esperemos que no llegue demasiado tarde”.
¿Qué pasará? La sociedad global tiene derecho a recibir información de calidad sobre la tragedia en ciernes. Con cada tormenta inusual, con cada sequía, con cada inundación, con cada incendio de bosques, con un terremoto en Nueva York, con cada fenómeno meteorológico como el que se abatió justamente sobre Dubái el martes pasado, afectada en forma directa o no, la sociedad civil quiere saber. Quiere tener certezas. Pero no lo consigue. Siente que algo grave pasa, que no consigue saber qué y crece la convicción de que “algo muy grave pasa y no nos dicen”. A través de periodistas, sistemas de medios o en las redes busca, pero no satisface la demanda.
“La información precisa y accesible al público es fundamental (…) en un Estado democrático de derecho”, sostuvo el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, en el Club Nacional de la Prensa (NPC, por su sigla en inglés) en Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Era casi el mediodía del martes último.
DESINFORMACIÓN
Los periodistas profesionales quieren saber cómo pararse frente a la desinformación y cómo informar con calidad para que todos y todas sepan sin categorizaciones. Algunos colegas tomaban café, aunque lo seguían con atención. El académico tiene la convicción de que “el periodismo de calidad es un bien público”.
Sabe también que –como lo reporta la Unesco en el informe de Tendencias Mundiales de 2021/2022– “el periodismo enfrenta muchas dificultades”. Comparte ese parecer y lo expresa. Execonomista jefe del Banco Mundial, Stiglitz, académico en la Universidad de Columbia, considera que “la pérdida de confianza en el periodismo” por parte de la sociedad civil es “consecuencia del aumento de la desinformación (en general) y en línea”.
En los últimos tiempos el catedrático aboga por crear políticas públicas que mitiguen los “daños sociales” que tal vez emergen de los desarrollos tecnológicos. “El individuo (ciudadano) puede (y tiene el derecho de) informarse sobre lo que el Gobierno está haciendo y/o lo que debería estar haciendo. Los economistas a esa búsqueda (de información) la consideramos (y llamamos) de ‘bien público’ porque beneficia a la sociedad en su conjunto y, por ello, nadie puede ser excluido de acceder a ello”, remarca.
Desde varias décadas estudia los fenómenos vinculados con la comunicación. De hecho, fue galardonado con el Nobel junto con sus colegas George Akerlof, de la Universidad de California, y Michael Spence, de la de Stanford, por el impacto en los mercados de “la información asimétrica”.
La economía –quién puede dudarlo– es claramente una ciencia social. Stiglitz asigna valor estratégico a la información. Aboga por medios independientes como propone la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en la meta 10 del ODS 16. “Los medios independientes pueden ser el resultado, más que la causa, de una democracia sólida, el desarrollo (sostenible) y los derechos humanos”, resalta el profesor Stiglitz, quien entiende que “existe una correlación positiva entre el periodismo de calidad” y la solidez democrática.
No se puede tapar el sol con un dedo, afirma el dicho popular. “La comunicación es un elemento central en la vida social. Sea que se trate de la vida cotidiana, las organizaciones, el activismo, el periodismo, la política, o las corporaciones mediáticas y tecnológicas globales”, destacó, por su parte, unos pocos meses atrás el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), que se reúne anualmente desde 1990.
“La prensa está bajo fuego”, sostiene Guilherme Canela, jefe de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco
ASIMETRÍA
En ese contexto –como Stiglitz– señala que “la comunicación (social) se desarrolla en escenarios asimétricos” y advierte que “las concentraciones de poder de cualquier tipo provocan desequilibrios en los procesos, contextos, medios, actores y prácticas de la comunicación”. Describe Comecso que las “asimetrías (en la comunicación) son multidimensionales, pues están atravesadas por la diversidad de género, etnicidad, nivel socioeconómico, región, entre otras” y, por ello, “abren problemáticas amplias, que van desde la falta de acceso a los medios y tecnologías para comunicarse, o las representaciones mediáticas injustas (…) o las opacidades en asuntos como la gestión de los datos digitales”.
Los académicos mexicanos puntualizan que las “asimetrías en distintos escenarios de la comunicación (que mencionan) atentan contra la democracia y afectan la toma de decisiones orientadas al bien común, en el contexto de crisis ambientales, sanitarias, políticas, sociales, educativas, culturales, científicas y económicas” y, con ese diagnóstico, proponen “el diseño y ejecución de políticas públicas” para asumir “el reto del consenso, la ética y los derechos humanos”.
Percibo coincidencias sustanciales entre las observaciones y los estudios realizados por el profesor Stigliz y la Comecso, al igual que en las preocupaciones. En ambos trabajos de investigación se reivindica –como premisa esencial– el pleno respeto de los derechos humanos. Se apoyan en la Declaración Universal que los consagra desde 75 años. Sin espacio para la confusión –más allá de múltiples interpretaciones sobre casos puntuales– ese documento de soft law no solo consagra el “derecho a la libertad de opinión y de expresión”, sino que precisa que ello “incluye” también la potestad “de investigar y recibir informaciones y opiniones” como así también “difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Para que ello sea posible, el profesor Joseph Stiglitz, en el NPC, apuesta a “crear un entorno robusto y saludable para el periodismo” como está previsto en la Declaración de Windhoek de 1993, “que establece que la prensa libre es fundamental para la democracia y un derecho humano”.
Propone “crear un entorno propicio para el periodismo profesional, (lo que) implica desarrollar regímenes legales que apoyan la libre expresión, como el derecho a contar. Destaca que para que el periodismo “pueda hacer su trabajo, necesita tener acceso a la información para poder ejercer el derecho a saber” para que otros sepan. Si bien luego consigna que “la mayoría de los medios de comunicación en las democracias son privados”, precisa que “hay evidencia (de) que (la existencia) medios de comunicación públicos fuertes mejoran la calidad y la confianza en los medios privados”.
Sin embargo, como problema puntualiza que “la mayoría de los países no los tienen”; que en otros se verifica “una enorme concentración de medios” y, en ese contexto, taxativamente opina en tono de advertencia que así como esos sistemas estatales con baja calidad democrática no son recomendables, “el poder del mercado socava la diversidad”.
El juez Mirko Valinotti reiteró la orden de captura con fines de extradición de Rodrigo Granda quien asesoro a los secuestradores de Cecilia Cubas. (Photo by DANIEL MUNOZ / AFP)
Reiteran captura internacional contra Rodrigo Granda por secuestro de Cecilia Cubas
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El juez Mirko Valinotti dispuso reiterar la orden de captura internacional con fines de extradición de Rodrigo Granda, considerado como el canciller del grupo guerrillero FARC y quien brindó apoyo a integrantes del Partido Patria Libre para el plagio y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas hecho ocurrido en el 2004-2005.
El oficio a la Comandancia de la Policía Nacional, como también a la OCN (Oficinas Centrales Nacionales) Interpol Asunción, con el correspondiente código rojo. Con la remisión del oficio a la dependencia policial se da retorno a lo planteado por los abogados querellantes Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz.
Granda, quien maneja varios alias a fin de eludir a los investigadores, soporta proceso en nuestro país por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. En caso de ser detenido en otro país que no sea Colombia, el excanciller de las FARC tendrá que ser extraditado a nuestro país para enfrentar los delitos que el Ministerio Público imputó en su momento.
La orden de captura internacional con fines de extradición se firmó el 27 de marzo del 2008 y desde aquel entonces se viene reiterando en numerosas oportunidades pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar dicha orden judicial de nuestro país.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Osmar Martínez, uno de los fundadores del Partido Patria Libre, con Juan Arrom y Anuncio Martí realizaron una visita a Venezuela donde se reunieron con Granda y otros miembros de las FARC, lugar desde donde se inició a la estrategia para secuestrar y asesinar a Cecilia Cubas.