- Por Aníbal Saucedo Rodas
- Periodista, docente y político
Nuestro país ya no es solamente el lugar donde las teorías encuentran su destino de sepultura. Aclaremos, sin embargo, que una nueva generación de sociólogos invalida la premisa formulada por el académico norteamericano Kalman Silvert, en la década de los 60, haciéndose conocida mediante otro catedrático, el argentino Francisco Delich, a finales de los 70, de acuerdo con las investigaciones de Javier Numan Caballero Merlo, quien, a su vez, referencia a su colega Roberto Céspedes como el relator de la célebre frase que nos divorcia de cualquier insinuación científica. Ya mencioné el hecho y cité las fuentes en más de una oportunidad.
Pero no fue sino hasta la noche del domingo 9 de mayo de 1993 en que tan aterradora afirmación pasó a formar parte del imaginario colectivo. Con los resultados ya conocidos de las elecciones generales que daban ganador al colorado Juan Carlos Wasmosy, un asesor extranjero –uruguayo, creo– de Guillermo Caballero Vargas lanza la apocalíptica sentencia. Somos un cementerio, había sido, a la hora de establecer leyes que explican o relacionan los fenómenos. Es que todas las encuestas ubicaban en punta al entonces candidato del Partido Encuentro Nacional (PEN). Quien, finalmente, quedó tercero, a cien mil votos del segundo, Domingo Laíno, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Debió saber antes de incursionar en nuestro campo social que los enunciados lógicos no son la asignatura preferida de los paraguayos. Somos un pueblo más emotivo que racional. A tal punto que no son pocos los que atribuyen la victoria republicana a la polca “Colorado” en recreada versión de Quemil Yambay. En aquellos tiempos la propaganda política en la radio y televisión no tenían pautas ni límites.
País de contrastes como somos, de inverosímiles paradojas, del cementerio de las teorías dimos un salto cualitativo en los últimos días con notables contribuciones al Derecho Internacional. Desde la Convención Gondra, aclamada en la V Conferencia Panamericana realizada en Santiago de Chile entre el 25 de marzo y el 3 de mayo de 1923, no se recuerda aporte tan significativo en la materia: “En un conflicto entre Estados puede ser débil el justo, puede serlo el fuerte. Pero la injusticia del uno está limitada por su propia impotencia, al paso que la del otro puede pretender llegar hasta donde llegue su fuerza. Por eso, no pudiendo hacer que el justo sea siempre fuerte, nos hemos empeñado en que el fuerte sea siempre justo”. Dedicada con especial énfasis a quienes se sienten morbosamente encantados con las alevosas intromisiones en nuestros asuntos internos.
Pero ahora rompimos todo molde. De acuerdo con las declaraciones de la exsenadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi, la denuncia elevada por Horacio Cartes ante la Fiscalía General del Estado, alegando persecución política, creará problemas al electo presidente, Santiago Peña, con Estados Unidos y Brasil. “Le está tratando de boludos (a ambos países), que cayeron en la trampa de personas y medios de comunicación”, añadió. Esto es, antes de realizar tal presentación, innegablemente legítima, debió ceder sus garantías constitucionales suponiendo la posibilidad de “enojo” de ambas potencias con antojos imperialistas, una en el Norte y otra en el Sur.
Pero todavía hay más. Según el diario Abc Color, en su edición del 1 de agosto de 2023, página 5, la designación de Marco Aurelio González como procurador general de la República por parte de Santiago Peña es un abierto “desafío a los Estados Unidos”. Todo porque el elegido es “allegado del cuestionado miembro del Consejo de la Magistratura, el cartista Jorge Bogarín Alfonso, también declarado ‘significativamente corrupto’ por los EE. UU. (fin de la cita)”. No se le ha endilgado más “delito” que esa cercanía o amistad a quien, según su currículum, es coordinador general de los Programas de Postgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, con un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México (la prestigiosa Unam). Fue, además, director jurídico del Banco Central del Paraguay. En síntesis, palo porque bogas, palo porque no bogas. Ese es el único criterio –los ejemplos así lo testifican– para evaluar a quienes serán miembros del gabinete y demás integrantes del gobierno de Santiago Peña.
Según esta particular visión jurídica de políticos y medios, cualquier ciudadano señalado por los Estados Unidos deberá pensar previamente qué daños puede causar a su entorno antes de iniciar cualquier demanda judicial. No importan sus derechos. Y el electo presidente debió considerar posibles molestias del gobierno de Joe Biden antes de proceder a realizar las designaciones constitucionalmente protegidas. Lo mejor sería dejarles a los yanquis que se instalen en el Palacio de López y dirijan nuestros destinos como nación. Algunos, al parecer, estarían muy felices. Buen provecho.