- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
El Ministerio de Hacienda está llevando adelante el proyecto de convertirse a futuro en el ministerio de economía y finanzas, con lo cual se estarían eliminando o fusionando otros entes que de alguna u otra forma desarrollan tareas relacionadas con temas económicos y que no hacen otra cosa más que convertirlo en un Estado paquidérmico, que antes que dar soluciones pragmáticas y un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía, siguen “ahogados” en una inmensa burocracia, enlenteciendo sobremanera los flujos de procesos, en pleno siglo XXI donde la tecnología y procesos digitales están presentes en nuestro día a día.
El proyecto de ley que pretende fusionar en una sola entidad a la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas constituye una muestra clara de lo que se podrá lograr, tanto en materia de mejor control de los ingresos impositivos acompañado de una mayor eficiencia y posibilidades potenciales de un acrecentamiento en los niveles actuales de ingresos tributarios.
Nuestras próximas autoridades, que asumirán la administración del país el próximo 15 de agosto, podrían también llevarlo adelante con otros entes que desarrollan funciones iguales o similares a algunos ministerios tanto en temas económicos como en otras disciplinas.
El Crédito Agrícola Familiar, ente autónomo y autárquico, que cuenta con una pesada estructura organizacional bien podría fusionarse con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
La Secretaría de Cultura, por las características de sus funciones primarias, podría fusionarse con el Ministerio de Educación y Ciencias, al igual que la Secretaría de la Juventud.
La Diben, por las características de su función, podría fusionarse con el Ministerio de Desarrollo Social.
También tenemos a la Copaco, un ente ultradeficitario que se lo podría fusionar con la Conatel, por citar a algunos.
La mayoría de los entes descentralizados cuentan dentro de su estructura organizacional con un consejo de administración, que eroga mes a mes millonarios montos en pago de sueldos y otros beneficios que pensándolo en forma bien objetiva, se los podría direccionar dentro del PGN a la cobertura de gastos en salud pública y educación, que se constituyen en necesidades acuciantes y ultraprioritarias.
Es por ello que amerita que se pueda hacer un profundo análisis y evaluación de la función de cada una de ellas y convertirlas en una sola unidad, en función a las características y funciones desarrolladas por las mismas.
Contamos con una superpoblación de más de 300.000 servidores públicos, muy por encima de las reales necesidades de nuestro país, donde no superamos los 7,5 millones de habitantes.
Nuestro maltratado PGN deberá ser objeto de una reingeniería global que pueda eliminar todos los gastos superfluos que incluyen y a través de dicha racionalización incrementar los recursos que precisan otras entidades con muchas necesidades y que no los pueden atender como se debe, tal como ocurre con el Ministerio de Salud, por ejemplo, y organismos de seguridad (Policía Nacional).
Dado que ya van siendo nombrados los secretarios de Estado que formarán parte de la gran mayoría de los mismos como parte de su Plan Estratégico de Acción se hace necesario que puedan hacer un trabajo de ingeniería de la plantilla actual de personal, a través de la Unidad de Organización y Métodos (O&M), de tal forma a que en función al perfil de los mismos puedan ser realocados en otras áreas donde desarrollen sus talentos, ya que muchos de ellos hoy están siendo subutilizados por diversos motivos.
De concretarse y demostrando a nuestra gente los beneficios económico-financiero que se puedan lograr, sería un punto de partida importante que permita de a poco volver a ganar la confianza de la ciudadanía que bien se la merece y con creces.
Confiamos en que las nuevas autoridades harían un trabajo profesional y honesto, puesto que lamentablemente se ha perdido la credibilidad dado que estamos acostumbrados a prometer eficiencia y desterrar la burocracia imperante, pero en la práctica seguimos en lo mismo que hace más de 30 años.
Contamos con una superpoblación de más de 300.000 servidores públicos, muy por encima de las reales necesidades de nuestro país, donde no superamos los 7,5 millones de habitantes.