Los voceros mediáticos del gobierno corrupto de Mario Abdo pretenden justificar el terrible daño institucional que cometieron en la Seprelad. Evidencian un desconocimiento de las leyes que regulan a esta institución, pero se escudan que si el afectado con las filtraciones y manipulaciones del contenido de lo filtrado es enemigo político, no importa. Este fue el nivel del razonamiento.
Acá el punto no es que los afectados por las filtraciones hayan sido Marco Trovato, Horacio Cartes o Santiago Peña. El punto es la instrumentación de la Seprelad al servicio de personas que usan esos informes con fines de “garrote político”, violando la prohibición de filtrar datos que tienen sus funcionarios contemplados en la ley y también establecida en el Manual de Procedimiento de la Seprelad.
La prensa no tiene la obligación de guardar secreto, siempre y cuando se trate de un tema de interés general o afecte a una persona con carga pública encima, pero sí la tienen los funcionarios de Seprelad. A esto se suma, que el contenido de algunas de esas filtraciones estaban basadas en hipótesis o informes preliminares, no representan la verdad absoluta, por eso el carácter de confidencial y codificados, por el manejo de datos sensibles, y que son remitidos a la Fiscalía, cuando se presumen la existencia de hechos punibles. Es el Ministerio Público, quien hace las investigaciones.
Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Seprelad sobre Trovato salieron de la institución codificados. Por lo tanto, es difícil presuponer de dónde se filtró. Pudo haber sido Seprelad, Fiscalía o Tributación. Sin embargo, los informes sobre los salarios del presidente electo, Peña, cuando se desempeñaba como miembro del Directorio de un banco privado, se publicaron sin codificar, es decir, salieron de las entrañas de la Seprelad. Incluso, gente del entorno de Marito ya lo ostentaba por redes sociales, y luego una mujer venezolana cercana al presidente Abdo se encargó de entregar el informe a la prensa amiga (ABC-UH).
Los documentos revelados la semana semana por “La caja negra” confirman que fue la viceministra de Seprelad, Carmen Pereira, la que articuló las filtraciones. Solicitaba a sus funcionarios leales “investigar” a políticos y empresas, todas vinculadas a Honor Colorado y el Grupo Cartes, sin contar con las herramientas legales para hacerlo, es decir, sin pedido de Fiscalía o alguna otra institución (Contraloría, SET) como establece la ley. Incluso, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) lanzó una dura advertencia a Seprelad respecto a las filtraciones y lo más grave es que no activaron el protocolo para evitar las filtraciones, claro, no podían hacer nada, si las mismas autoridades eran quienes ordenaron las filtraciones.
Esto es un peligro para la democracia. ¿Se imaginan si desde el 15 de agosto, el gobierno de Peña pretende repetir el esquema Marito: “usarlas instituciones del Estado para perseguir adversarios” y ordena a Seprelad ventilar todos los movimientos financieros y armar conjeturas basadas en movimientos de dinero de Antonio J. Vierci, Natalia Zuccolillo, Celeste Amarilla, Kattya González y todos los “enemigos” del gobierno? Esto sería, y con justa razón, un escándalo mayúsculo. Esto mismo sucedió en el gobierno de Abdo, pero no dijeron nada algunos medios ni los políticos bulliciosos porque pensaron que esas filtraciones les daría algún rédito político en las elecciones, porque los afectados eran sus adversarios directos. Tal cosa no ocurrió y se comieron una tremenda paliza electoral. Cuidemos y fortalezcamos nuestras instituciones. Instituciones sólidas, democracia madura. A eso debemos apuntar. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.