Había despertado entusiasmo la designación de Emiliano Rolón como fiscal general del Estado. Logró consenso de la clase política -que no es poca cosa- para ocupar el cargo. El Ministerio Público durante la gestión de Sandra Quiñónez dividió la percepción ciudadana sobre su efectividad.
Desde Mario Abdo Benítez, quien a toda costa quiso influir en esta institución para utilizarla como garrote a sus adversarios políticos, hasta sectores de la prensa que obedientemente siguieron la línea del Ejecutivo y se encargaron de bastardear el Ministerio Público, por la única razón de no enjuiciar a sus “corruptos favoritos”.
A pesar de ello, la institución se mantuvo y logró resultados positivos valorados por EE. UU. postura que sorprendió a quienes aplaudieron las influencias de este país en cuestiones internas, por ello nunca le bajaron el pulgar y cuatro veces Quiñónez zafó del juicio político.
Pero la campaña negativa sostenida hacia el Ministerio Público generó que la sensación sea que la institución necesitaba una transformación para recuperar la credibilidad en la gente. Con el ingreso de Rolón se instaló la esperanza de cambio. Hubo gestos positivos y alentadores al inicio, operatividad de las barriales las 24 horas, traslados importantes de fiscales a fin de remover las causas consideradas “emblemáticas”.
Y a propósito de causas “emblemáticas”, esto es una cuestión más bien mediática. Es decir, los medios y los políticos se encargaron de darle este rótulo de acuerdo con sus intereses. Pero, en el afán de sanear y en la lucha contra la corrupción supongamos que estemos de acuerdo con los casos “emblemáticos”. Pasa que ahora, la Fiscalía a cargo de Rolón remueve las carpetas de los casos “emblemáticos” que solo responden a las campañas de cierto sector.
Si existe un interés real de sanear todo, debería el fiscal general mover todos los casos, sin mirar intereses particulares. Si existen razones para imputar al extitular de la Seprelad, cinco años después, pues adelante y que el mismo se defienda, pero también sería bueno reflotar otros casos emblemáticos como el de Cabeza Branca, considerado el mayor caso de lavado de dinero en Paraguay y en el que aparecen varias entidades financieras metidas en el esquema. El caso Nicolás Leoz y el lavado de dinero. O tal vez el sonado caso del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio y sus vínculos con el narcotráfico.
Estos son sólo algunos ejemplos. Hoy Rolón está inclinando la balanza sólo hacia un sector, lo que debe buscar es la objetividad y el equilibrio, de lo contrario la percepción es que responde a una agenda de sectores que precisamente no influyeron en los resultados de los comicios del 30 abril por su nula credibilidad.
Hoy parece que el fiscal general está más concentrado en darle el gusto a un sector, asegurar nombramientos de allegados en cargos claves, mientras algunos integrantes de su familia actúan de operadores judiciales en la capital del Alto Paraná.
A la par del inicio de un nuevo gobierno, cargado de esperanzas positivas, el Ministerio Público no debería perder la brillante oportunidad de recuperar su credibilidad y hacer exactamente lo que corresponde y no seguir agendas de ciertos sectores que sólo buscan pasar facturas a sus enemigos. La Fiscalía no debe prestarse a ese juego. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.