- Por Jorge Torres Romero
- Columnista
Hasta el hartazgo se repitió que nunca el pedido fue frenar el funcionamiento del Estado, sino las licitaciones no urgentes, las recategorizaciones innecesarias y los nombramientos no previstos. Este pedido surge no por un capricho del equipo de transición, sino por la avalancha de denuncias de los mismos funcionarios de diferentes dependencias públicas porque observaron un indisimulado apuro por ejecutar el presupuesto 2023.
El corrupto y mentiroso Mario Abdo afirma que todos los procesos de transición, entre un nuevo gobierno y el otro, fueron tranquilos y sin tensiones. Esta afirmación es más falsa que su moral puesto que en el 2013, cuando deja Federico Franco el poder, el nuevo gobierno encontró que el Estado tenía recursos para funcionar hasta el mediodía del día siguiente. Es esto mismo lo que se quiere evitar, que este gobierno deje las arcas vacías.
Lea Giménez, integrante del equipo de transición de Santiago Peña, expuso su preocupación por las movidas que se están ejecutando antes del cambio de Gobierno.
Existen múltiples denuncias de licitaciones y contratos realizados coincidentemente meses antes del traspaso de mando, y para la exministra de Hacienda la mejor práctica en este momento es parar todo lo que no es urgente y postergarlo, ya que no hay apuro para tomar decisiones importantes a 5 minutos de terminar el partido.
Pero para el torpe de Marito, este pedido representa una histeria y un desconocimiento de los procesos burocráticos del Estado. Y acá no se trata de que alguien va a imponer “criterios” como afirma el presidente saliente, ya que las funciones de un mandatario están especificadas en el artículo 238 de la Constitución Nacional, que por lo visto nunca leyó.
Lea Giménez adelantó que una vez que asuma el nuevo gobierno, se revisarán los proyectos y licitaciones que están en curso, a fin de dar continuidad a aquellos que tienen sentido y anular los que presenten alguna irregularidad.
Una de estas jugadas es la recategorización de los funcionarios, específicamente en la Essap, en este mes de mayo. Según la denuncia, aquellos que ocupan cargos importantes son beneficiados con la reasignación salarial, antes de que se concrete el cambio de los administradores de la empresa pública.
Otra preocupación expuesta por Lea son los pagos en el Ministerio de Obras Públicas de intereses moratorios por deudas contraídas en la pandemia con los proveedores del Estado. En dicha institución, una importante cantidad de funcionarios están siendo capacitados para gestionar estos inusuales pagos de manera acelerada, en vez de abonar el capital de la deuda o negociar con las empresas proveedoras, tal como normalmente se acostumbra a realizar.
Así también mencionó que entre el carnaval de licitaciones se están realizando algunos llamados plurianuales, los cuales impactarán en los presupuestos de los siguientes años. Una prueba de ello es lo que ocurre en el Ministerio del Ambiente (Mades), donde se están planificando compras públicas a ser publicadas en los siguientes meses y para las cuales se comprometen 2,3 millones de dólares.
Además, genera mucho ruido que las autoridades actuales se empecinan en seguir a tambor batiente el concurso en Itaipú para incorporar a 220 personas a la nómina laboral, pese a los numerosos cuestionamientos que existen contra el proceso aparentemente direccionado hacia los amigos de la casa y los hurreros. Las 1.815 licitaciones que el gobierno saliente quiere concretar ya representan el 70 % de lo previsto para todo el año.
Los medios aliados al oficialismo por supuesto amplifican las declaraciones de Abdo y entran al juego de que se trata solamente de una histeria “cartista”. Otro ejemplo del porqué nunca vieron los hechos de corrupción de Marito, porque solo están concentrados en su odio al cartismo. Menos mal, ahora con Peña al poder, este sector de la prensa recuperará su memoria de contrapoder. Después del 15 de agosto vamos a enterarnos con más detalles del saqueo a las arcas del Estado, capitaneado por el gobierno más corrupto de la democracia, el de Mario Abdo, y antes que pretender una oficina en el Congreso como senador vitalicio, debería preocuparse por su “oficina” en Tacumbú. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.