- POR OSVALDO ACOSTA
Disminuir los niveles de pobreza en cualquier país del mundo lleva un determinado proceso, bajo decisivas y firmes prácticas de políticas a partir de intervenciones de los protagonistas del Estado. Es decir, el Estado –con todos sus ministerios y demás entidades públicas– debe generar las condiciones jurídicas, políticas y macroeconómicas para la radicación de capitales de potenciales inversionistas locales e internacionales. Estas inversiones harán posible la creación de puestos de trabajo para reducir esos niveles de pobreza.
No se puede tapar el sol con un dedo es una frase poética y oportuna. Paraguay no es una isla y todo lo que ocurre en el mundo globalizado de alguna manera afecta al país. Las proyecciones estiman que el crecimiento de la economía mundial se desacelera a una tasa de 2,8 % para este 2023, debido a la incertidumbre del sistema financiero y la persistente inflación, como efecto del coletazo que se dio con la crisis de la pandemia de dos años (2020 y 2021). El Paraguay, por su parte, registrará un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) en torno al 4,5 % para 2023, principalmente debido a la recuperación de la agricultura y las mejores perspectivas en la generación de la energía.
Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), un poco más de 1.800.000 de paraguayos viven en la pobreza, mientras que la pobreza extrema incluso aumentó frente a años anteriores. Los resultados de la pobreza monetaria (personas que tienen ingresos per cápita inferiores al costo de una canasta básica de alimentos) del año 2022 demuestran que este problema social se situó en 24,7 %, durante todo el año pasado. De ese número, 912.000 personas son del área urbana, mientras que 905.000 residen en el área rural. Por ello, dos de los temas más preocupantes en la actualidad son la falta de empleos y el abultado déficit fiscal (diferencia negativa entre los ingresos y gastos del sector público). Estos aspectos deben ser encarados como asuntos prioritarios por el gobierno que asumirá en agosto próximo.
El equipo de transición formado a instancias de las autoridades electas para la Presidencia de la República debe tomar intervención en las decisiones apuradas del gobierno que ya está en situación de retirada. Las repentinas convocatorias a licitación, contratos y nombramientos masivos que se desarrollan con urgencia por el gobierno actual solo son muestras de que algunos quieren “introducir la mano en la lata”.
Los datos son alarmantes: por el lado del desempleo tenemos que a finales de marzo hubo 384.013 personas que pasaron a engrosar la lista de desempleados y subocupados, según la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), del Instituto Nacional de Estadística (INE). Detallando tenemos que 242.982 son desempleados y 141.031 son subempleados. Por el lado de la situación deficitaria en el sector público, se señala que al mes de abril de este año el resultado fiscal anualizado asciende a -3,5 % del PIB, equivalente a unos 1.200 millones de dólares.
Este porcentaje del 3,5 % duplica totalmente la meta 2023 que se propuso el gobierno saliente que es del 2,3 % del PIB, violando completamente la ley de responsabilidad fiscal que habla solo del 1,5 % para cada periodo fiscal (USD 500 millones). Por ello la importancia del manejo transparente de estos dos temas y que debe estar acompañado de sabiduría e inteligencia a fin de restablecer el buen funcionamiento del aparato estatal, fundamentalmente reducir los niveles de corrupción para que el dinero alcance a todos: salud, educación y seguridad.