• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• Twitter: @RtrivasRivas

Los equipos de campaña de cada uno de los y las precandidatas para la presidencia argentina trabajan intensamente sobre las primeras diez semanas de gobierno a partir del venidero 10 de diciembre cuando finalice el mandato del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández.

Lo hacen porque creen tener claro que “a partir de los primeros días de marzo del 2024 las tensiones políticas, económicas, financieras y sociales alcanzarán niveles preocupantes. Especialmente, cuando algunas dirigencias sindicales y políticas lleven a las calles todas las reivindicaciones que desde larguísimo tiempo no exigen al actual oficialismo”, coinciden en expresar a este corresponsal prominentes dirigentes del partido PRO -que fundara el ex presidente Mauricio Macri- y del autodenominado Peronismo Republicano que lidera el auditor general de la Nación, Miguel Pichetto.

Los consultados, además de exigir reserva acerca de sus identidades, creen que “los conflictos habrá de iniciarse cuando algunos gremios docentes intenten que no comiencen las clases por reclamos salariales que no son satisfechos lo que habrá de producir, junto con otras variables, un muy mal humor social” y, a esa proyección, habrá que añadirle -como problema complejo- que en los primeros meses del 2024, los niveles inflacionarios serán indudablemente altos y, en consecuencia, la licuefacción del poder de compra de trabajadoras y trabajadores formales e informales se acelerará.

Esa hipótesis, que hasta la semana anterior nadie dejaba trascender, comenzó a circular con marcada insistencia cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández -un cuadro activo del peronismo en el poder desde el 2002 cuando el entonces presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) lo integró al gabinete nacional- expresó en el transcurso de una entrevista periodística que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” en el caso de que las oposiciones “tuvieran la posibilidad de ser gobierno”. Esas expresiones tuvieron fuerte impacto social. “¿Amenaza?”, “¿advertencia?”, “¿profecía?”, “¿irresponsabilidad?”.

Esos fueron los pareceres sociales que más se escucharon tanto entre dirigentes como entre el conjunto social que mayoritariamente se indignó con el alto funcionario quien, sin embargo, unas pocas horas más tarde, también periodísticamente ratificó sus palabras. Mucho más cuando, sobre el cierre de la semana pasada, el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó oficialmente que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -los precios- crecieron respecto de marzo precedente 7,7%. En ese contexto anualizado, el IPC creció 105,4%. Cuatro días antes, el presidente Alberto F. y el ministro de Economía, Sergio Massa, conocían la información, aunque es posible que ninguno de los dos haya comentado con las y los funcionarios más cercanos el preocupante dato.

De hecho, el jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, admitió que “claramente (la nueva suba de los precios) no es lo que nosotros esperamos ni va en el sentido del esfuerzo que venimos sosteniendo para tratar de encontrar un sendero descendiente de la inflación. Esto es así”. Añadió después que “nadie puede estar contento -menos nosotros- con este indicador de inflación” porque “que viene viajando a un ritmo alto y cuando a ese viaje se les suman cuestiones estacionales, claramente termina generando un número de estas características, que lo único que hace es interpelarnos”.

“Pensábamos que en el último trimestre del año pasado lo íbamos logrando”, agregó Rossi quien reconoció además que “no fue así en el primero y en el segundo mes del año, ni tampoco en el tercero”. Más allá de la palabra del alto funcionario, según coincidentes proyecciones, tampoco lo será no solo en los próximos meses, sino en los tiempos que vendrán incluso después del cambio de gobierno. El consultor Orlando Ferreres estima que, si el 2023 finaliza con un 120% de inflación, no es posible imaginar menos de un trienio con un indicador de tres dígitos en la evolución del IPC. Grave y desalentador.

Pero hay más. Las encuestas que circulan -mayoritariamente entre quienes lideran los partidos políticos y las coaliciones con intención electoral- claramente dan cuenta que, “hasta el inicio de la presente semana es inevitable una segunda vuelta porque no se vislumbra ningún candidato o candidata que pueda superar en primera el 45% y/o tener una diferencia de más de 10 puntos respecto de quien secunde”.

En ese contexto, en el imaginario social comienza a crecer la figura de Javier Milei, líder del partido Avanza Libertad, con la posibilidad de que sea uno de quienes participen en el posible balotaje cuya realización solo definirá quiénes serán presidente y vice. La composición del Parlamento no tendrá ningún cambio en esa eventual situación.

De allí que el discurso de Milei acerca de los cambios sustanciales que anuncia llevará a cabo en el caso de ser jefe de Estado -modificar la Ley de Coparticipación con las provincias, eliminación del Banco Central (BCRA), por solo mencionar dos- serán de muy difícil aprobación por parte del Congreso y, ante esa realidad, tales anuncios podrían devenir en abstracto.

Veamos: hoy, en la Cámara de Diputados, Avanza Libertad -el partido de Javier Milei- tiene dos diputados, uno de los cuales es él. Aún si en primera vuelta hiciera una elección récord y triunfara por amplio margen, carecerá de la cantidad de votos propios necesarios para aprobar nada. En el Senado de la nación, por su parte, actualmente no tiene ningún representante. El camino para que la Libertad que él sueña y declama Avance, no se presenta fácil. Su intención refundacional de este país tendrá que esperar aunque la voluntad popular lo ungiera presidente lo que, hasta hoy, no es más que un ejercicio intelectual de cara a los estudios de opinión.

Si se mira el cronograma electoral, claramente, no es tiempo lo que sobra para nadie. Y mucho menos para la sociedad argentina en su conjunto que se encuentra en estado de bronca y esperanza.

Para la primera de las metas -la realización de las PASO, las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias- el domingo 13 de agosto se encuentra a 118 días. Desde entonces, con candidatas y candidatos formalmente elegidos, la posta siguiente, a 188 amaneceres de distancia, el 22 de octubre, cuando se realice la elección presidencial. De confirmarse que será necesario un balotaje, dicha compulsa -limitada solo a dos fórmulas- se realizará dentro de 216 días, el 19 de noviembre. El cronograma es impiadoso. “Especialmente porque -si como lo sugieren todas las encuestas que circulan el resultado de las PASO no será favorable al oficialismo- es necesario pensar con prudencia y responsabilidad el amanecer del lunes 14 de agosto para llegar sin sobresaltos al 10 de diciembre”, señalaron a este corresponsal cinco dirigentes del oficialismo y las oposiciones que exigieron mantener sus identidades en reserva.