A nivel país contamos a la fecha con no menos de 300.000 funcionarios públicos, distribuidos entre permanentes y contratados. Nuestro país cuenta con una población no mayor a 7,4 millones de habitantes, lo que hace que la cifra descripta precedentemente sea superior a nuestras reales necesidades, más aún ahora en que la tecnología y procesos digitales podrían abreviar substancialmente los flujos de procesos y tiempos de ciclo.

Precisamos de una substancial mejora cualitativa de los funcionarios para que la ciudadanía, quien es la que paga sus impuestos, pueda tener como retribución una atención eficiente y eficaz hasta hoy día ausentes en la mayoría de las instituciones.

No podemos aceptar que de los 300.000 funcionarios que tenemos, muchísimos de ellos hayan ingresado sin concurso de oposición y otros sin tener la formación académico-profesional y perfil necesarios para los puestos que hoy ocupan.

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Es hora de que se le dé el lugar que requiere la meritocracia, capacidad e idoneidad, pues al ser pasados por alto en muchas circunstancias afectan en forma directa a la calidad y eficiencia, que deberían ser la constante en todas ellas.

Resulta inaceptable que en pleno siglo XXI cuando la tecnología la tenemos “hasta en la sopa” muchos funcionarios sigan todavía manejándose con procesos manuales, vetustos, obsoletos y totalmente desfasados en el tiempo.

El propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en uno de sus informes técnicos ha señalado claramente que nuestros servidores públicos cualitativamente siguen siendo uno de los más rezagados de la región.

Estamos a las puertas de un nuevo gobierno que ojalá tome “al toro por las astas” y una de sus primeras medidas sea que todas las unidades de organización y métodos (O&M) hagan un relevamiento profesional de la plantilla de personal en todas ellas con el perfil individual y experiencia en la función que los desempeñan.

No me refiero a que se haga “una poda” sin análisis y evaluación previa, sino que a través de ello podamos visualizar la calidad y capacidad profesional y técnica de cada uno, pues es sabido que muchos son capaces, pero subutilizados por diversas razones, por lo que se constituye en una brillante oportunidad para hacer la reingeniería que precisamos y la colocación del capital humano que puedan dar un servicio eficiente y respuestas rápidas a los requerimientos de nuestra ciudadanía, quienes se ven obligados a recurrir varias veces para que sus expedientes sean considerados, evaluados y aprobados, cuando la tecnología tiene capacidad de dar respuestas rápidas.

Ello contribuye que la estructura global de nuestras instituciones en los tres poderes del Estado siga observando debilidades, tornándose cada vez más complicada la posibilidad potencial del “up grado” necesario en nuestra calificación de riesgo-país, puesto que las empresas calificadoras de riesgos internacionales para la asignación de la calificación de solvencia y perspectiva se basan en la fortaleza de los factores cualitativos y cuantitativos en conjunto.

La calidad del gasto público (principalmente el rígido) merece una urgente atención y reingeniería, ya que no podemos seguir destinando más de G. 70 por cada G. 100 recaudado a la cobertura de gastos rígidos (pago de sueldos y otros beneficios a los servidores públicos), sin que quede ya recursos suficientes para la atención de nuestra salud pública y calidad educativa.

Reitero, tenemos funcionarios públicos más allá de lo necesario y urge más que nunca hacer una depuración “desechando todo lo que sea grasa” y dejando solamente lo que realmente puedan sernos de verdadera utilidad y que no les teman a la tecnología, pues muchísimos de ellos “corren despavoridos” al ver delante suyo a una computadora.

Dentro de los ejes programáticos del próximo gobierno figuran la creación de no menos 500.000 fuentes de trabajo a nivel país en los próximos 5 años, el combate a la informalidad laboral, apoyo irrestricto al fortalecimiento de nuestra industrialización y a nuestros pequeños productores agrícolas, y también tenemos que trabajar duro y fuerte en lograr la jerarquización de los funcionarios públicos capaces e idóneos que puedan coadyuvar positivamente al logro de los objetivos y metas cuali-cuantitativos.

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