• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

Precisamos con urgencia una democracia con gente que reúna los atributos que se mencionan precedentemente, pues lo que “a gritos” reclama la ciudadanía, que supere los meros formalismos electorales, necesarios, pero no suficientes implica la consolidación de enunciados éticos que engloben una educación de calidad en la formación de una conciencia cívica permanente, activa y responsable.

Una educación que nos permita el descubrimiento, la adquisición y la asimilación de los valores que promuevan el pluralismo, el respeto al disenso, la convivencia civilizada, el debate tolerante y la participación eficiente.

De ninguna manera conlleva anular o amordazar la defensa de nuestros ideales, de nuestras convicciones ideológicas y opciones político-partidarias.

Al contrario, es una invitación para abonar el territorio de las disputas discursivas con altura, contenido y aportes sustantivos para la construcción de una sociedad madura y con criterios independientes. Ya es tiempo de que pongamos punto final al palabrerío intrascendente, grosero, agresivo, chabacano e infamante.

Seguimos teniendo a muchos políticos sin estatura moral y sin habilidades dialécticas, que solo sirven para transmitir a los electores sus incompetencias, frustraciones, rencores y amarguras. Es ese paisaje folclórico de fracasos el que debemos desterrar para siempre, si verdaderamente pretendemos un régimen republicano, donde la soberanía popular constituya la piedra fundamental que nos permitan alcanzar una mejor calidad de vida.

Los comicios generales del 30 de abril del 2023 que dirá quién será nuestro futuro presidente de la República ya están a las puertas.

El Poder Ejecutivo no tiene el patrimonio de la democracia. La Constitución Nacional, promulgada en junio de 1992, concede importantes atribuciones al Congreso de la Nación, en tanto que el Poder Judicial había incorporado dos figuras que aspiraban a garantizar la independencia y el perfeccionamiento de la administración de Justicia en el país: el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de ellos logró compatibilizar sus visiones institucionales dejándose muchas veces manejar por intereses sectarios, haciendo que nuestra democracia se haya ido desdibujando aceleradamente salpicado por atisbos de autoritarismo, cobro de facturas y manifestaciones explícitas de prepotencia.

Las víctimas recurrentes son siempre los sectores cada vez más empobrecidos de nuestro país. Vivimos un cuadro de dramatismo extremo: desocupados, grave deterioro de la seguridad alimentaria, corrupción extendida e impune, sistema de salud colapsado y una educación sin visos de transformación.

Los integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional, salvo honrosas excepciones, dejan mucho que desear por su limitada formación académica, siendo más politiqueros que políticos, debiendo haber sido ejemplos de transparencia, pues es el pueblo quien los ubicó a cada uno en sus curules para representarlos dignamente.

El gran desafío de elegir a los más aptos, a los más competentes los que saben qué tienen que hacer y cómo hacerlo, a los más pulcros éticamente hablando tiene dos paradas. Ya lo dijimos. Es el pueblo el que tendrá en sus manos definir si quiere seguir prisionero de los indeseables de siempre, de todos los partidos, o si dará un giro radical y consciente para elegir a aquellos que puedan garantizar, con la participación de los mejores, sin exclusiones, días mejores para el Paraguay.

No es una decisión complicada. Solo hay que pensarla serenamente y sopesar muy bien acerca de los antecedentes y contribuciones al país de políticos que “mueren” por abulonarse a sus sillas, puesto que son conscientes que jamás podrían recibir salarios multimillonarios en el sector privado con la paupérrima formación que poseen, muchos de ellos con un lamentable manejo de nuestro idioma español. Y así nos va y podrá irnos peor si no nos disponemos a elegir bien y no simplemente limitarnos a votar.