Se inició otra semana compleja en la política argentina. Desde este lunes, faltan 146 días para que se desarrollen las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para elegir quienes, finalmente, sean las y los candidatos que dentro de 21 amaneceres compitan para relevar –o no– al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández que, el venidero 10 de diciembre (265 días), finalizarán sus mandatos. Si como todas las encuestas que circulan hasta hoy permiten suponer, se produjera una situación de balotaje, antes de entregar los atributos del poder a quién los releve, dentro de 246 días la ciudadanía de este país votará para decir a quién prefiere que asuma las responsabilidades que supone la Presidencia.

De cara al capítulo inicial de ese cronograma –las PASO– es posible señalar que la principal coalición opositora –Juntos por el Cambio (JPC)– gestiona por estos días sus disensos internos con cierto grado de eficiencia y se encamina a ordenar sus disputas y diferencias. Mientras, los consensos que los dirigentes de los partidos Propuesta Republicana (PRO), que actualmente preside Patricia Bullrich; Unión Cívica Radical (UCR), que conduce Gerardo Morales; y la Coalición Cívica-ARI, de Elisa Carrió, alcanzaron democráticamente el 15 de marzo de 2015, cuando decidieron coaligarse, se mantienen.

Por el contrario, en la coalición oficialista, el Frente de Todos (FDT), lo que prevalece es la falta de consensos a partir de no solo de los disensos, sino las incompatibilidades y enfrentamientos entre sus dirigencias.

La multiplicidad de visiones estratégicas e ideológicas irreductibles junto con intereses dispares (algunos de ellos más cercanos a las preocupaciones personales de las dirigencias que próximas a la meta del bien común) operan como dispositivos que la aleja de toda posibilidad de enriquecimiento interno en la diversidad para sintetizar un eventual proyecto de gobierno que, desde junio 2019 hasta estos días, no consiguen. Así las cosas, con la mirada puesta en las PASO, se pueden arriesgar en este punto algunas opiniones.

Uno: en y hasta este lunes –vale puntualizarlo porque la vida misma es dinámica y cuando hay actividad política proselitista lo es mucho más– coincidentes observadores y observadoras estiman que el ministro de Economía Sergio Massa no será candidato presidencial y que la vicepresidenta Cristina Fernández no cambiará su pública decisión de no ser candidata a ningún cargo electivo. “No verán mi nombre en ninguna lista”, dijo la vicemandataria semanas atrás. Es una mujer que suele sostener sus palabras con hechos.

Por su parte, el presidente Alberto F. mantiene firme –ante quien quiera oírlo o persuadirlo de lo contrario– su decisión de ir por una reelección. Los intérpretes de esa postura aseguran enfáticamente que “es la única vía que encuentra apta para conservar algo de su debilitado poder hasta el 10 de diciembre y no ser un completo ‘pato rengo’”, como se suele categorizar a los presidentes cuando se encuentran próximos a finalizar sus mandatos.

Dos: El Frente de Todos podría fracturarse en el caso de que Alberto F. no decline de su voluntad reeleccionista. En ese sentido, uno de los más encumbrados militantes kirchneristas, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad y secretario general de La Cámpora, la línea interna más cercana a Cristina F. que lidera su hijo el diputado nacional Máximo Kirchner, con sus pensamientos puestos en las primarias aseguró que “vamos a una pelea de fondo convocando a todos los sectores políticos, (porque) tenemos la necesidad de recrear un ámbito” para hacer política. Para que no queden dudas interpretativas sobre su palabra precisó que “no están dadas las condiciones (para la reelección de Alberto porque) la realidad no lo representa y (por) el funcionamiento que el presidente le imprimió al FDT en términos de gestión no tenemos los logros (que esperábamos, por lo que) hay muchas cosas para redefinir”.

Cada día más claro el alto valor democrático de las PASO –una creación institucional del presidente Néstor Kirchner (2003-2008) que se legalizó en 2009– como dispositivo valioso para el ordenamiento de las políticas electorales partidarias, aunque deja fuera a muchas minorías que por tener menos del 1,5% del total de votos posibles del padrón electoral no pueden ir con candidaturas presidenciales.

Pero una elección presidencial no es solo la voluntad de las y los políticos frente a la sociedad. No, lo es –y mucho más– el contexto económico-social en el que se desarrolla y desarrollará la compulsa ciudadana.

La Argentina, hasta el pasado febrero, acumula en 12 meses, 102,5% de incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde 1991 no se verificaba una suba de ese calibre que, claramente, para un segmento relevante del electorado es un suceso nuevo. Quienes tienen menos de 35 años de esos niveles inflacionarios solo sabían y conocían a través de textos académicos. Ahora, lo viven y lo sufren en cada compra que realizan. Los salarios de cada mes se acaban en pocos días.

En línea con ello, faltan 11 días para que se conozca oficialmente el indicador de pobreza en el segundo semestre de 2022 que, según trascendidos serios, estará apenas por encima del 40%.

En el primero de los dos semestres de ese año se clavó en 36,9%. Continúa con ritmo creciente. Mensuradores privados sostienen que, de febrero 2022 hasta el mismo mes en 2023, la pobreza alcanza al 42%. Todos datos novedosos para el segmento etario de electores y electoras entre los 17 y 35 años. La pobreza, claramente, está casi 24 puntos por encima de lo que se verificaba en 1987 y 10 por sobre los 32 de 2019 cuando iniciaron sus mandatos Alberto F. y Cristina F.

La historia económica reciente –según el economista Salvador Vitelli, que destaca el periodista Francisco Jueguen en el diario La Nación de Buenos Aires– da cuenta de que la evolución de la inflación con cada administración presidencial también marca un récord. Hasta el momento, el período en desarrollo del presidente Fernández arroja 368% de aumentos acumulados.

El presidente que lo antecedió, Mauricio Macri, sumó 172% a la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Previamente, Cristina Fernández en su segundo mandato (2011-2015), 138%. “El acumulado de las cinco gestiones (presidenciales desde el 25 de mayo de 2003 hasta hoy) es de 15.720%”, afirma Vitelli.

En esos 20 años, solo cuatro no fueron de un gobierno no peronista. Desde muchos años, no son pocos los y las analistas de opinión pública que vinculan la economía de bolsillo –la de todos los días– con los comportamientos electorales. El interrogante está abierto.