• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

La retracción económica, a nivel país, afectó a nuestra macro y microeconomía, en que la pandemia sanitaria trajo consecuencias lamentables en un 2022 con un crecimiento económico negativo.

Esperemos que las perspectivas de volver a tener crecimiento económico este año se concreten, pues de este gobierno ya es poco o casi nada lo que podemos esperar, dado que “ya está de salida” habiendo demostrado una capacidad de gestión negativa, incrementando los niveles de endeudamiento en aprox. 85%, un déficit fiscal del 3,6% vs. PIB jamás alcanzado, la mayor inflación de los últimos 10 años y un número de pobres y extremadamente pobres, además de desocupados a niveles antes nunca visto. “¡Peor imposible!”.

Las obras públicas de infraestructura, que históricamente han sido las que mayor cantidad de mano de obra ocupan trayendo aparejado un mayor efecto multiplicador o derrame sobre nuestra microeconomía, se concentraron en estos últimos años casi exclusivamente en la construcción de caminos asfaltados, descuidando las inversiones de carácter social, salud pública y calidad educativa, en las que seguimos mal posicionados y no será nada fácil su rápida recuperación, pues si no hacemos una reingeniería al PGN todo podría hacerse cuesta arriba.

Se han caracterizado históricamente por ser uno de los núcleos de corrupción dentro del aparato estatal, desde la construcción de aulas para escuelas y colegios, construcción de empedrados, rutas asfaltadas y extensivas a otras obras de infraestructura de mayor porte.

La calidad deficiente, los sobrecostos, el tráfico de influencias, los conflictos de intereses siempre está a la orden del día.

El mal diseño de muchos procesos de contrataciones que no consideran las fallas de mercado también se incluye como factores crónicos que contribuyen a encarecer los proyectos de inversión.

Es imperioso que nuestra gente pueda volver a tener una mayor capacidad de consumo traslativa a otros sectores de negocios que conforman nuestra microeconomía, y que siguen “sobreviviendo” con escuálidos niveles de ventas, que tan siquiera les dan la opción de cubrir razonablemente sus costos y gastos operacionales y administrativos, llevando “el ramalazo negativo” los que trabajan en relación de dependencia, pues al caer abruptamente las facturaciones no les queda otra alternativa que racionalizar su plantilla de personal, hasta tanto regrese la “primavera” que beneficie a todo el espectro de comercialización/ingresos.

Las entidades financieras también se han visto resentidas en sus portafolios de créditos con atrasos en los repagos regulares (del capital e intereses devengados) de los préstamos, los cuales les obligan por normas regulatorias del BCP tener que clasificar adversamente las deudas de sus clientes trayendo aparejado el consecuente establecimiento de previsiones que “golpean” en forma directa a sus cuadros de resultados.

La señal que muchas veces damos al mercado es inequívoca. Muchos oferentes prefieren contratar con el sector público, porque dentro de los procesos de contrataciones no se dan la transparencia y cumplimiento irrestricto de lo que indican las especificaciones técnicas, tornándose en algunos casos no excluyentes.

Al final el perjudicado es la ciudadanía, pues termina pagando por obras que no les aportan el beneficio esperado.

Esperemos que el próximo presidente de la República junto con sus colaboradores puedan desde el inicio asumir una posición proactiva y concienciarse debidamente de que con una buena capacidad de gestión en el uso de los recursos, todos saldremos ganando, pues la deficiente administración de los gastos corrientes constituye uno de los factores que hacen que necesidades que podríamos financiarlo con recursos genuinos del fisco, sigan obligando a recurrir a financiación externa con organismos multilaterales o emisiones de bonos soberanos o en el mercado doméstico presionando los niveles de endeudamiento global vs. el PIB, con una superpoblación de funcionarios públicos subutilizados en muchos casos, pues la política y politiquería siguen ocupando un mayor espacio dentro de la escala de valores vs. la meritocracia, capacidad, idoneidad y patriotismo.