- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
- Twitter: @RtrivasRivas
El ministro de Economía, Sergio Massa –quizás precandidato a la presidencia dentro de pocos meses, aunque enfáticamente lo niega, según sus allegados– está preocupado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) audita las cuentas públicas argentinas y no siempre resulta sencillo alcanzar las metas que ese organismo multilateral exige. Entre ellas, la aplicación de un ajuste fiscal que no se encuentra en el ADN ideológico –si es que lo hubiere– del Frente para la Victoria (FdT), la coalición de gobierno que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández que puede ser categorizada como populista y distributiva.
Esa limitación no es menor porque, en este año electoral, el mencionado ajuste en las cuentas fiscales no es lo que recomiendan los manuales de las acciones proselitistas donde fuere que se produzcan. Los recursos disponibles no son los mejores para gestionar la economía y, mucho menos, para acompañar los esfuerzos de campaña que el oficialismo deberá invertir para llegar a los comicios con alguna posibilidad de triunfo. “Están perdidos y confusos”, dijo a este corresponsal poco tiempo antes de morir el encuestador Ricardo Rouvier a quien humildemente homenajeo con la presente mención, y agregó: “Son increíbles. Dicen que son peronistas y no saben más que el estribillo de la marchita y, luego, aseguran que son ‘zurdos’ y tampoco saben la letra de ‘La Internacional’”.
Las PASO –elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias– con las que en agosto venidero habrán de definirse quiénes serán las y los candidatos que competirán en la elección de octubre venidero. El invierno suele ser crudo en el sur del sur y, la falta de divisas en las arcas fiscales podría complicar, especialmente, las compras de gas en los mercados mundiales.
La provisión de ese fluido en los próximos meses es crítica y lo será mucho más de cara al 2024. Para resolverlo o al menos acotar esa insuficiencia, el ministro Massa presiona a Paolo Roca, líder histórico del Grupo Techint, para que en junio entregue terminado el gasoducto y que –desde Vaca Muerta, en la patagónica provincia de Neuquén– llegue el fluido al AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires), donde se asienta una población que representa casi 21 millones de personas y, entre ellas, se encuentra casi el 40% del total de las que están habilitadas para votar y elegir a quién será el o la presidenta desde el venidero 10 de diciembre.
Hasta el relevo presidencial faltan 336 días. Si se prefieren otras formas para la medición, restan 11 meses o 47 semanas. No es tiempo lo que sobra para gestionar acertadamente lo que no se consiguió hasta hoy en 1.097 días o, para que sea de más sencilla comprensión, en 3 años. La sociedad en su conjunto desea que puedan hacerlo para resolver enormes tragedias sociales. Poco más del 40% de la población argentina es pobre. Un porcentaje similar de quienes tienen trabajo, no están registrados. Son informales. Laboran en negro. Llámelos como quiera. Pero por esa condición, carecen de servicios de salud y tampoco aportan al sistema de previsión social que en el futuro les permitirá jubilarse.
En la provincia de Buenos Aires, el 60% de los niños y niñas están en la pobreza. Los datos lastiman. En agosto próximo, se desarrollarán las PASO ( elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias) para que la sociedad dirima quiénes serán los candidatos y candidatas que podrán presentarse en los comicios presidenciales que se realizarán en octubre de este año. Según Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, en su más reciente encuesta, el 75,4% de las y los consultados consideran que la “situación económica del país” está peor que un año atrás.
El 62,4%, opina que “en los próximos meses” será “peor”. Cuando Fornoni pregunta “cuál es el principal problema del país”, el 48,6%, responde “inflación y suba de tarifas”; 27,8%, la “corrupción”; 7,5%, la “pobreza”; 4,7%, la “inseguridad”. El relevamiento es más amplio, por cierto.
La sociedad claramente siente que el gobierno del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández, su vicepresidenta, no va bien porque no da respuestas efectivas a las demandas sociales. Dicha insatisfacción se detecta y percibe en las encuestas. En todo el país, el 76,5% de las y los consultados “desaprueba” la gestión del gobierno nacional. Esa desaprobación en la capital de este país, Buenos Aires, cuya población no vota al kirchnerismo, se eleva hasta el 81,9%.
En la provincia de Buenos Aires, desaprueba –en coincidencia con el resto de la Argentina– el 75,2%. El gobernador en ese distrito, Axel Kicillof, fue desaprobado por el 62,7%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde gobierna el opositor Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a la presidencia, también alcanzado por la desaprobación, ese guarismo se ubica en 44,2%. Las percepciones no dan bien para nadie.
Todo parece indicar que la sociedad podría concurrir a las urnas con la idea de votar al menos malo. De hecho, cuando se mide la imagen de las y los dirigentes políticos que podrían competir para ser el relevo de Alberto Fernández, se verifica que –restadas las respuestas con valoraciones negativas a las positivas– Larreta lidera el listado con un “diferencial” de 0,2% a su favor.
Quien le sigue, el opositor libertario José Luis Espert, alcanza -2,9%, junto con otra opositora Patricia Bullrich. Los oficialistas mejor ubicados en la consideración social son Sergio Massa –ministro de Economía– con -32,9%; seguido del gobernador bonaerense, Kicillof con -34,4%. Detrás, la vicepresidenta Cristina F. (-37,8%); el presidente Alberto F. (-51,8%); y, finalmente, el diputado Máximo Kirchner (52,2%). Representación y liderazgos están en crisis. La desconfianza, en desarrollo exponencial, está clara.
De allí que es posible constatar que la sociedad se despega de líderes y lideresas a quienes percibe solo preocupados por sus propias preocupaciones y alejándose cada vez más de una sociedad que apunta a mejorar su calidad de vida en procura del bien común. El alejamiento social mencionado es necesario puntualizarlo, no parece ser solo con el oficialista FdT, sino que alcanza también a todas las oposiciones.
La negativa de la selección nacional de fútbol al regresar victoriosa –con la Copa del Mundo– de Qatar para reunirse en la Casa Rosada con el presidente Alberto F. no fue más que la evidencia de que una movilización histórica, sin distinciones políticas –aunque seguramente las tenían– entre sus participantes, fue compartida y apoyada por la sociedad que entendía que la prioridad era rendir honores populares a los campeones y así lo hicieron. Jugadores y pueblo coincidieron en dar la espalda a la política. “Entre esos tipos y yo, hay algo personal”, diría Serrat que continúa paseando su despedida global. Pese a ello, oficialistas y opositores están enfrascados en disputas interpersonales varias que ponen en riesgo, irresponsablemente, la institucionalidad.
Comportándose desconectados con el sentido común y sin tener la fuerza legal para concretarlo el presidente Alberto F. quiere promover el juicio político de la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aun a sabiendas de que, para hacerlo, necesitará contar con los dos tercios de las voluntades parlamentarias a favor de la iniciativa. Un absurdo. A la vez que una gran pérdida de tiempo. Los que hacen y anuncian los poderosos y poderosas formales, no está entre las prioridades de la gente. Deberían detenerse.