• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• Twitter: @RtrivasRivas

Para el gobierno argentino del presidente Alberto Fernández, muy probablemente, no habrá un “buen fin” ni tampoco –porque torna dudoso– un “mejor principio”, como socialmente se solía saludar décadas atrás cuando llegaban estos tiempos festivos tradicionales. No. Incomprensiblemente, cuando este país se daba un baño de alegría popular, porque de la mano de Lionel Messi “somos campeones mundiales” y “dimos la vuelta (olímpica)” en Doha, capital de Qatar, luego de triunfar sobre Francia en la ejecución por penaltis, por el poco apego al cumplimiento de la ley y de las decisiones de la Justicia, Alberto F., un grupo de gobernadores y varios funcionarios del más alto nivel –entre ellos los ministros de Economía, Sergio Massa; el de Interior, Eduardo De Pedro; y la presidente del Banco Nación, Silvina Batakis– se ubican en situación predelictiva. ¿Por la posible comisión de qué delitos?

En principio –siempre de acuerdo con las expresiones públicas que realizaron– por “desobediencia, desacato e incumplimiento de los deberes del funcionario público”, por eventualmente no obedecer una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) en el que se le ordena al Poder Ejecutivo devolver fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que gobierna el opositor Horacio Rodríguez Larreta, que intempestivamente le fueran quitados en el 2020 para favorecer con ese fondeo a la provincia de Buenos Aires que conduce el gobernador Axel Kicillof.

Según el gobierno de Alberto F., “el fallo es inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, sostiene el oficialismo que, sin embargo, carece del acompañamiento, entre otros, de los gobernadores peronistas de Córdoba, Juan Schiaretti; y de Santa Fe, Omar Perotti. De no mediar un acto reflexivo que impida el incumplimiento gubernamental, la institucionalidad argentina se encuentra en el borde de la ruptura.

Así las cosas, la Coalición Cívica que conduce Elisa “Lilita” Carrió y Republicanos Unidos, en el último día hábil anterior a la Navidad, formalmente denunciaron al presidente Alberto Fernández por la incomprensible actitud predelictiva anunciada para incumplir una sentencia emitida por el más alto tribunal de la nación que, además, fue resuelta por unanimidad.

A punto de cumplirse 40 años desde el retorno a la plena vigencia de las instituciones, luego de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), Fernández, abogado, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se propone y anuncia públicamente que habrá de cometer el delito de “desobediencia”.

La segunda en la cadena de responsabilidades, la vicepresidenta Cristina Fernández –autodefinida, algunos años atrás como “una abogada exitosa”– permanece en silencio. ¿Nadie asesora, exhorta o llama a la reflexión al jefe de Estado para que evite delinquir? Definitivamente no, por lo que se ve y sabe, siempre a través de trascendidos.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con claridad y públicamente a través de un comunicado formal de esa organización, le recuerda al presidente Alberto F. que “las decisiones judiciales de la Corte (Suprema de Justicia) y de cualquier otro tribunal pueden ser criticadas con vehemencia (por las partes involucradas), pero deben ser acatadas”. Reflexionan los letrados en que “todo el edificio de la República reposa en última instancia en esa idea, sin la cual sería imposible mantener la paz social porque los conflictos se dirimirían por la fuerza” y, desde esa perspectiva, advierten que “el Poder Ejecutivo está al borde de alzarse contra una sentencia de la Corte, que es tanto como alzarse contra la Constitución” por lo que de concretarse lo anunciado por la presidencia, “la gravedad institucional, en tal caso, sería inusitada y de consecuencias impredecibles”. Algunos juristas de renombre, incluso consideran que Alberto Fernández –el presidente– si cumple con la amenaza de no respetar lo sentenciado por la Corte Suprema, estaría incurso en el delito de “sedición” contra uno de los poderes del Estado.

El gobierno, debilitado y en apariencia sin rumbo, solo parece querer arremeter contra el Estado Democrático de Derecho. Todo indica que este nuevo conflicto –de gran envergadura y alto impacto tanto en lo interno como en lo externo porque claramente afecta de seguridad jurídica– recién comienza.