• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• Twitter: @RtrivasRivas

La semana terminó en plenitud y sin grieta en Argentina. En cada rincón del extenso país, las unas y los otros, sin distinciones, palpitaron desde varias horas antes, el encuentro que en Qatar 2022, la selección que lidera Lionel Messi disputó exitosamente contra su homóloga de Australia a la que venció por 2 goles contra 1. Como sucede desde los tres encuentros jugados en la fase de grupos, la sociedad se compactó en torno del equipo de fútbol nacional y, desde donde se observe ese fenómeno social –que no es inédito ni mucho menos reciente– no se evidencian grietas y las multitudes, donde fuere que se congreguen, cantan a voz en cuello las estrofas que Guillermo Novellis, con su banda “La Mosca”, recreó para alentar a los astros argentinos. “Muchachos, ahora nos volvimo’ a ilusionar / quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial / y al Diego, en el cielo lo podemos ver / con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”. Casi mágico tan alto grado de coincidencia y unidad social. “El fútbol es así”, sostienen millones. ¿Podrá ser? ¿Será así? ¿Por qué no?

Sin embargo, más allá de la alegría colectiva que transita esta sociedad abrumada por la inflación, la inseguridad, el trabajo informal que encubre el desempleo, la precarización laboral, el ajuste sistemático de los haberes jubilatorios, la corrupción estructural e institucional, el precio del dólar que supera los 300 pesos argentinos por unidad, la degradación educativa, la pobre valoración social que tienen el Parlamento, la Justicia, las organizaciones obreras, los partidos políticos, las iglesias, los medios y hasta el propio gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, al igual que otras tantas carencias irresueltas desde décadas que bajan la calidad institucional y de la mismísima democracia, la irresponsabilidad dirigencial no decrece y, para muchos y muchas, sorprende.

Mañana martes, el tribunal oral federal (TOF) 2 que integran los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso –magistrados de larga experiencia en causas complicadas que años atrás condenaron al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) por hechos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus funciones– hará pública la sentencia (absolutoria o no) que recaerá sobre la vicepresidenta Cristina F y una docena de personas más –entre las que se encuentran el ex ministro de Obras, Julio de Vido, el ex secretario de Estado, José López (que de madrugada tiempo atrás revoleó bolsones que contenían US$ 9 millones en un convento) y el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti– acusadas de beneficiarse con la adjudicación de 51 obras públicas a una empresa constructora propiedad del señor Lázaro Báez, en la que popularmente se conoce como la “Causa Vialidad”.

Ante ello, y con la extendida presunción de que la viuda del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) será condenada, algunas organizaciones de trabajadores y sociales que adhieren al peronismo kirchnerista adelantaron que movilizarán hacia los tribunales y/o hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, para oponerse a que los jueces cumplan con sus funciones que, en este caso, es la de evaluar si la y los acusados constituyen una “asociación ilícita” –tipo delictiva con el que técnicamente se categoriza a lo que popularmente se conoce como una banda– y, desde sus cargos políticos, podrían haber incurrido, entre otras figuras, en “administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, lavado de activos”, por solo mencionar algunas de las acusaciones que se investigan desde largo tiempo; pero que, solo en los últimos 4 años, demandó cerca de 700 horas de trabajos tribunalicios, casi 2 centenares de audiencias, los interrogatorios de unos 180 testigos y complejos trabajos periciales oficiales y de parte.

El más reciente de esos procedimientos judiciales fue la audiencia remota que protagonizó la vicepresidenta Fernández quien, como lo prescribe el código de procedimientos penales, expresó sus “últimas palabras”, así se denomina a esa diligencia, antes de escuchar el veredicto de los jueces. La acusada, desde su despacho en el Senado de la Nación, sostuvo que “estamos en una situación que va a tender a deteriorarse”; porque, “cuando desde las instituciones se conforma un partido, este verdadero partido judicial que vino a sustituir al viejo partido militar (...) cumple ese rol de condicionar, obturar las oportunidades de expresión en democracia y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”. Con esos argumentos como fundamento, Cristina Fernández, apoyándose en otra declaración que hiciera ante el tribunal, enfatizó en que “si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.

Los climas institucional y político, desde varios días se tensionan mucho más que nunca antes. El Parlamento, prácticamente, no funciona en ninguna de sus dos cámaras. Dicha parálisis, incluso, bloquea el tratamiento de proyectos de ley que, como herramientas imprescindibles, le son necesarias al ministro de Economía, Sergio Massa, para gestionar su cargo y sostener la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese contexto, hay quienes sostienen que la justicia, alineada con las oposiciones y los medios, va “contra el peronismo” para que Cristina “no sea candidata presidencial en 2023″, lo que resulta imposible aunque, eventualmente, fuera condenada, ya que esa hipotética sentencia podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Casación Penal y, si ese tribunal de alzada también le fuera adverso, podría accionar en “queja” o como “recurso extraordinario” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que quede claro, lo que resuelva el TOF 2 no será una “sentencia firme” y, en consecuencia, no impedirá a la ciudadana Cristina Fernández, ex presidenta entre el 2007 y el 2015 y vicepresidenta en ejercicio (primer caso en la historia argentina en esa situación), postularse para cargo alguno. Por tanto, esa posible adversidad, formalmente, no la privará de ser candidata a lo que le diera en gana. El problema –como incertidumbre– lo tendrá la ciudadanía, tanto en el caso de la segunda al mando como de cualquier otra candidata o candidato en la misma situación, porque las personas al votar no sabrán si lo harán por decentes o indecentes. Enorme desinformación a la hora de meditar, decidir y emitir el voto. Es preocupante.

Así las cosas, una eventual situación conflictiva en el espacio público preocupa a una buena parte del funcionariado y de la sociedad misma que –si bien en un alto porcentaje está atrapada por la marcha de la selección nacional en Qatar– esta semana volverá a sus preocupaciones habituales hasta el jueves, cuando concluirán los días laborables para dejar paso a un fin de semana largo. No resulta sencillo, en el contexto descripto, dejar de lado que desde la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos), los empleados y empleadas del sector público anunciaron que iniciarán una huelga que paralizará el Estado, “si Cristina es condenada”, al tiempo que varias organizaciones sociales –con el mismo fundamento– expresaron que analizan la posible realización de movilizaciones y cortes de rutas para oponerse a la sentencia. “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, corean desde largos meses.

Hasta el viernes que viene a las 16, cuando la selección de Messi se mida frente a Países Bajos –país en el que reina Máxima (Zorreguieta) una ex ciudadana argentina– podría no ser esta una semana más en la historia de este país. ¿Podrá la ilusión mundialista contener tantas tensiones? ¿Fútbol o política? Ese es el dilema y la esperanza de algunas y algunos. “Muchachos, ahora nos volvimo’ a ilusionar / quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial / y al Diego, en el cielo lo podemos ver / con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.