- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
La retracción económica, a nivel país, afectando a nuestra macro y microeconomía, donde la pandemia sanitaria trajo consecuencias funestas en un 2022 para el olvido con una proyección de crecimiento económico negativo, exige que nuestras autoridades puedan tomarlo no como una crisis, pero para el próximo gobierno, pues este que “está de salida” fue lamentable con una capacidad de gestión negativa, incrementando los niveles de endeudamiento en aproximadamente 85%, un déficit fiscal del 3,6% VS PIB jamás alcanzado, la mayor inflación de los últimos 10 años y un número de pobres y extremadamente pobres, además de desocupados a niveles antes nunca visto.
Las obras públicas de infraestructura, que históricamente han sido las que mayor cantidad de mano de obra ocupaban trayendo aparejado un mayor efecto multiplicador o derrame sobre nuestra microeconomía, se concentraron en estos cuatro años casi exclusivamente en la construcción de caminos asfaltados, descuidando las inversiones de carácter social, salud pública y calidad educativa, donde seguimos mal posicionados.
Las obras públicas en nuestro país se han caracterizado históricamente por ser uno de los núcleos de corrupción dentro del aparato estatal, desde la construcción de aulas para escuelas y colegios, construcción de empedrados, rutas asfaltadas y extensivas a otras obras de infraestructura de mayor porte. La calidad deficiente, los sobrecostos, el tráfico de influencias, los conflictos de intereses siempre están a la orden del día.
El mal diseño de muchos procesos de contrataciones que no consideran las fallas de mercado también se incluye como factores crónicos que contribuyen a encarecer los proyectos de inversión. Nuestro país tiene un mercado pequeño y altamente concentrado, por lo que el vínculo entre competencia y eficiencia que debería ser siempre complementario no se lo visualiza en la magnitud que se espera por la confluencia de varios factores que se siguen dando en los diversos estamentos.
Es necesario que nuestra gente pueda tener una mayor capacidad de consumo traslativa a otros sectores de negocios que conforman nuestra microeconomía y que están “sobreviviendo” con escuálidos niveles de ventas, que ni tan siquiera les dan la opción de cubrir razonablemente sus costos y gastos operacionales y administrativos, llevando “el ramalazo negativo” los que trabajan en relación de dependencia, ya que al caer abruptamente las facturaciones no les queda otra alternativa que racionalizar su plantilla de personal, hasta tanto regrese la “primavera” que beneficie a todo el espectro de comercialización/ingresos.
Las entidades financieras también se han visto resentidas en sus portafolios de créditos con atrasos en los repagos regulares (del capital e intereses devengados) de los préstamos los cuales les obligan por normas regulatorias del BCP tener que clasificar adversamente las deudas de sus clientes trayendo aparejados el consecuente establecimiento de previsiones que “golpean” en forma directa a sus cuadros de resultados.
La señal que muchas veces damos al mercado es inequívoca. Muchos oferentes prefieren contratar con el sector público porque dentro de los procesos de contrataciones no se dan la transparencia y cumplimiento irrestricto de lo que indican las especificaciones técnicas, tornándose en algunos casos no excluyentes. Al final, el perjudicado es la ciudadanía, dado que termina pagando por obras que no le aportan el beneficio esperado.
Esperemos que el próximo presidente de la República, junto con sus colaboradores, pueda desde el inicio asumir una posición proactiva y concienciarse debidamente de que con una buena capacidad de gestión en el uso de los recursos todos saldremos ganando, pues la deficiente administración de los gastos corrientes constituye uno de los factores que hacen que necesidades que podríamos financiar con recursos genuinos del fisco sigan obligando a recurrir a financiación externa con organismos multilaterales o emisiones de bonos soberanos o en el mercado doméstico presionando los niveles de endeudamiento global VS PIB, con una población de aproximadamente 300.000 funcionarios públicos subutilizados en muchos casos, ya que la política y politiquería siguen ocupando un mayor espacio dentro de la escala de valores VS la meritocracia, capacidad, idoneidad y el patriotismo.