El acuerdo revelado el jueves pasado entre Hijazi y el abogado Amílcar Fretes no es otra cosa que una coima disfrazada para evitar una extradición. Se pretendió utilizar al hijo de un ministro de la Corte Suprema de Justicia para torcer una resolución judicial en favor de una persona sobre quien pesaba un pedido de extradición. Sobre este contrato y sus pretensiones no existe ninguna duda.

Ahora bien, la filtración de este documento no tiene precisamente la intención de depurar lo que ya sabemos, la podredumbre del sistema judicial paraguayo, sino más bien se origina en oscuras pretensiones con agendas bien marcadas y orquestadas por intereses político-mediáticos.

El presidente Mario Abdo se encuentra en una desesperación brutal y como siempre está dispuesto a transar hasta con el mismísimo demonio con tal de lograr sus objetivos, cubrir sus fechorías (robos) y erosionar a sus adversarios políticos (Cartes).

La fiscal Alicia Sapriza explicó las incautaciones realizadas con relación a Hijazi. Aclaró que en mayo pasado, tras el crimen de Marcelo Pecci, se requisaron celdas donde se incautaron teléfonos celulares de varios presos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero que guardaban reclusión en la Agrupación Especializada. Estos aparatos están siendo revisados por técnicos especializados, para cuya tarea se pidió ayuda de la DEA de EEUU y otras agencias internacionales. Hasta ahora, según la fiscal no encontraron ningún elemento que podría vincular al caso Pecci.

En referencia al contrato Hijazi-Amílcar, mencionó que la Fiscalía no tenía conocimiento del mismo, es decir, ese contrato no se encontraba en el teléfono de Hijazi y en la requisa solo se llevaron los teléfonos. Es decir, la Fiscalía no tenía conocimiento alguno acerca del contrato.

Sin embargo, en la operativa político-mediática se busca instalar la responsabilidad del Ministerio Público en supuestamente ocultar esta información. Los fiscales que investigan el caso Pecci, más allá de la cuestión laboral, tienen un afán desesperado de esclarecer el caso porque les toca muy de cerca, ya que Pecci era compañero de trabajo.

¿Quién tenía este contrato? ¿Por qué lo tenían guardado? Según nuestra fuente, este contrato lo tenía la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). La máxima autoridad le entrega al presidente de la República el documento. ¿Qué hizo Abdo con el documento? Lo socializa con las autoridades norteamericanas interesadas en la extradición de Hijazi. De ahí que algunos verborrágicos políticos a través de algunos medios se ufanaban de conocer lo que se venía con relación al caso, porque Abdo habló del tema con sus allegados de la oposición (Efraín-Desirée) y hasta Luis Aníbal Schupp lo sabía.

Abdo y sus aliados esperaban una pronta reacción por parte de los americanos para liquidar rápidamente la vacancia en la Corte Suprema de Justicia y utilizar la misma como herramienta de negociación para digitar un fiscal general del Estado a medida. Tal reacción no hubo, entonces Abdo le entrega vía Desirée el famoso contrato al senador Pedro Santacruz, quien decide enviar el documento al diario Abc Color para su publicación.

La agenda es liquidar a Antonio Fretes lo más rápido posible (el lunes ya presentan el libelo acusatorio, casualmente desde la bancada efrainista), Santacruz y algunos medios oficialistas ya cabalgan sobre la responsabilidad de Sandra Quiñónez, es decir, juicio político de vuelta contra la fiscal general por supuesta omisión. La idea es liquidar todo antes de las internas porque el oficialismo sabe cuál será el resultado del 18 de diciembre y su poder de maniobrar se esfuma al día siguiente. La oposición sigue el juego porque a quien deben ganar en abril es a Santiago Peña. Entonces, con una Fiscalía resuelta a favor y una Corte pendular, la pretensión es “fabricar” imputaciones para destruir adversarios. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.