• Por Ricardo Rivas
• Periodista
• Twitter: @RtrivasRivas

“La tasa de impunidad mundial de los asesinatos de periodistas, del 86%, sigue siendo escandalosamente alta”, revela y expresa, en este día, en Viena, Austria, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay. La alta funcionaria, una voz activa e incansable en defensa de la libertad de expresión y de las y los periodistas, además, renueva su llamamiento para que “se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que los crímenes cometidos contra periodistas se investiguen adecuadamente y se identifique y condene a sus autores”.

Hoy es el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Así es desde el 18 de diciembre del 2013, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), instituyó la efeméride con una resolución en la que condena todo tipo de ataques contra trabajadoras y trabajadores de los medios. Un 2 de noviembre, los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon fueron asesinados en Malí. Pero pese a aquella resolución que exhorta a la reflexión, los crímenes continuaron. De allí que, el de hoy, no debería ser un día más.

No solo para las y los periodistas, trabajadoras y trabajadores de medios. No, de ninguna manera. La democracia –como sistema de gobierno, idea y propuesta de vida en una sociedad armoniosa– no es sin libertad de expresión; sin libertad de prensa; sin la plena vigencia del derecho de opinión; sin acceso universal a la información. Ese es el trabajo del periodismo.

El 12 de abril del 2012, el Consejo de directores ejecutivos de organismos de las Naciones Unidas, aprobó el que se conoce –desde entonces– como el “Plan de Acción de la ONU para la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad” que fue presentado el 3 de mayo del 2013 –Día Mundial de la Libertad de Prensa– en San José de Costa Rica. Las y los que estábamos allí, celebramos y aplaudimos. Un total de 193 jefes de Estado –constituyentes de la ONU– aprobaron, firmaron y se comprometieron.

Aquel plan de acción cumple 10 años. Enorme iniciativa. Pero tanto el crimen transnacional organizado en bandas de alta complejidad, como autócratas, dictadores y anócratas –en complicidad con los primeros en algunos casos– también redoblaron los esfuerzos para acallar y acallarnos. ¿A nosotros y nosotras, trabajadoras y trabajadores de los medios? No. A nuestros pueblos que no siempre tienen voz.

Con cada bala que termina con la vida de un o una periodista crecen los muros de las llamadas “zonas silenciadas” para que los pueblos no sepan ni puedan hacer saber de las que son sus necesidades y angustias. La comunicación, como práctica democrática, también puede ser explicada desde la carencia para hacer saber de ella. La directora Azoulay revela que, si bien “la impunidad por los crímenes cometidos contra los periodistas ha disminuido continuamente, en un total de 3% desde el 2018, en el 2022, la tasa de impunidad global se midió al 86% en comparación con el 89%” en aquel año. Leve y auspicioso descenso. Sin embargo, y pese a que se observa “una tendencia ascendente de casos resueltos en el mundo del 11% en el 2018 al 14% en el 2022″ la cifra que da cuenta de la impunidad es “escandalosamente alta”.

Apoyada en tales evidencias, la directora general de la Unesco advierte que “no hay espacios seguros para los periodistas”. Puntualiza que “de los 117 periodistas asesinados en el 2020-2021, el 78% –91– fueron asesinados mientras estaban lejos de sus oficinas”, “fuera de sus salas de redacción”. Describe que “algunos fueron asesinados en la calle o en sus vehículos”, que “otros fueron secuestrados para que luego los encontraran muertos” y que, “varios fueron asesinados frente a miembros de la familia, incluidos sus hijos”.

Azoulay trasunta horror y detalla que la violencia de género también está presente a la hora de la actuación del sicariato. “En el 2021, el porcentaje de mujeres entre todos los periodistas muertos casi se duplicó, aumentando al 11% desde el 6% del año anterior”. Al 30 de setiembre pasado, del total de este tipo de crímenes registrados, “nuevamente, el 11% de los asesinatos han sido mujeres periodistas”. En el período 2020-2021, “6 periodistas fueron asesinados mientras cubrían protestas, disturbios o manifestaciones”. En el tiempo que corre entre el 2016 y el 2017, “la cifra para esta categoría de asesinato fue de 3 periodistas”. América Latina y el Caribe dan cuenta del “38% de los asesinatos” contra periodistas. Detrás, se ubica “Asia y el Pacífico con el 32%” de las muertes violentas.

En Paraguay, la Mesa para la Seguridad de los Periodistas que coordina el colega José María “Pepe” Costa, en un comunicado oficial, advierte que “el asesinato de periodistas es la peor forma de censura, según los organismos internacionales de derechos humanos”. Puntualiza que, en territorio paraguayo, “desde 1991 hasta el 2022 suman 20 periodistas asesinados por motivo de su tarea informativa” y denuncia “más de 600 casos de violencia contra comunicadores sociales”. Resalta que “a pesar de no haberse hecho justicia por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón –26 de abril de 1991– es inminente que un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ante la que “el Estado paraguayo ha admitido ya su responsabilidad”. ¿Qué es lo que no se entiende sobre la relevancia del ejercicio del periodismo en las sociedades democráticas? La consejera regional en Información y Comunicación de la Unesco para Latinoamérica y el Caribe, la catalana Rosa María González, claramente sentencia que “el periodismo es un bien social”.

El jefe de la división Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la misma agencia multilateral de ONU en París, Guilherme Canela, señala que “el periodismo y la libertad de expresión están bajo fuego”. Por estas horas, en Viena, la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe (Socolac), a través de su presidente Mauricio Weibel Barahona presenta un “Proyecto de protocolo modelo para la seguridad de periodistas y trabajadores de prensa” que se apoya sobre cuatro ejes concretos: Seguridad física –Seguridad en línea– Seguridad emocional y Reparación. La iniciativa –que cuenta con el beneplácito del Comité del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC)– además de ser un aporte concreto de Latinoamérica y el Caribe al decenario del “Plan de acción de naciones unidas para la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad”, según Javier Bernabé Fraguas, académico y periodista de la Universidad Complutense de Madrid (UC), es también “una propuesta de cooperación Sur-Norte, que debe ser aceptada porque la inseguridad de las y los trabajadores de prensa es un flagelo que va contra el Estado Democrático de Derecho en el mundo”.