- Por Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
La crisis económica a nivel país, agravada por más de 2 años de pandemia sanitaria, tuvo un gran impacto negativo en nuestra macro y microeconomía, obligando a cientos de empresas a “bajar las persianas”, pues ya no disponían de recursos para la cobertura de sus gastos rígidos mensuales ante la sensible disminución de sus facturaciones y la imposibilidad de varias de ellas de poder acceder a facilidades crediticias dentro del sistema financiero formal para la cobertura de sus necesidades de capital de trabajo.
Nuestras autoridades tienen la obligación de ser más proactivas e innovativas para enfrentar las coyunturas desfavorables que permitan mostrar capacidad de gestión, pues los avances vistos hasta ahora son limitados y solo en base a subsidios los problemas no tendrán solución, ya que se constituyen en simples “parches”.
Escenario negativo que se ha visto agravado con la inflación fuera de los niveles normales, uno de los mayores en los últimos años, impactando en los bolsillos de la gente a través de una sensible disminución de su capacidad adquisitiva en un momento en que la extrema pobreza y cantidad de desocupados siguen creciendo sin parar.
Se le ha sumado el sensible incremento en el precio de los combustibles, con un efecto multiplicador negativo en varios otros segmentos de negocios dentro de nuestra microeconomía.
Seguimos lamentablemente anteponiendo al profesionalismo y experiencia profesional la politiquería y el prebendarismo en nuestros servidores públicos sin que se visualicen esperanzas ciertas de solución, puesto que para la mayoría de ellos su bienestar personal está por encima de las necesidades de nuestra gente y cada cual se preocupa más por mantener “la salud de sus bolsillos”.
Nuestra microeconómica sigue en “cuidado intensivo”, pues muchísimas empresas que operan en diversos segmentos de negocios se vieron sensiblemente afectadas en su posición económico-financiero-patrimonial, principalmente las pymes que no cuentan con la misma “espalda” que las de tamaño corporativo, y les llevará meses para poder recuperarse con “suerte y viento a favor”.
Se han dado en los últimos años miles de suspensiones temporales de personal y despidos, quedando en “la calle” muchos desempleados en su mayoría padres de familia que obligaron al Estado a erogar cifras millonarias en concepto de subsidios, pero insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas de una familia, en un año en que los niveles de inflación han sido uno de los peores castigos.
Incremento de inflación y empeoramiento de nuestra situación económica se constituyen en factores por los cuales la clase media en poco tiempo más tendería a desaparecer, y los pobres lamentablemente podrían ser más pobres, si es que no se arbitran medidas exentas de fanatismo político.
El MUVH, que se ocupa de la construcción de viviendas económicas y sociales a nivel país para paliar en parte el gran déficit observado, se ha quedado sin recursos presupuestarios, dependiendo ahora mismo la continuidad de miles de obras para personas en situación de vulnerabilidad económica de la aprobación de una ampliación presupuestaria de hasta US$ 40 millones vía emisión de bonos del Tesoro, cuando que en época de pandemia se ha dilapidado miles de millones de dólares sin propósitos claros.
Estamos en el siglo de la tecnología y de la digitalización de diversos procesos, y nuestros ministerios y secretarías ejecutivas no pueden estar ajenos a ello, ya que tenemos la obligación de reencauzar la millonada de plata pagada mes a mes en gastos rígidos (salarios y otros beneficios), y redireccionarlas a otras prioridades como calidad educativa, salud pública y seguridad, donde estamos cada vez peor.
Esperemos que el próximo presidente de la República se concientice de que el Estado no es una entidad de beneficencia, por lo que solo deberían de continuar los que realmente merecen y que puedan de una vez por todas brindar a la ciudadanía el servicio de calidad que se merece, totalmente ausente hasta ahora.