Desde el 10 de diciembre del 2019, hasta esta mañana, cuando Alberto Fernández y Cristina Fernández iniciaron el gobierno, pasaron 1.049 días. Hasta que lo concluyan restan 412 amaneceres. Como la banda Los Super Ratones, vale preguntarse: “Cómo estamos hoy, ¿eh?”. Unos pocos datos. La inflación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), junto con la aproximación al fin del 2022, se acerca a los tres dígitos en Argentina. Con el 6,2% de expansión en setiembre último respecto del anterior mes de agosto, en la mensura interanual se ubica en el 86%. El resto de los indicadores económicos –pese a que un muy reducido grupo de funcionarios allegados al ministro de Economía, Sergio Massa, sacuden mediáticamente estadísticas exitosas– no son buenos.
De hecho, no son pocos los lunes en que desde esta columna se reportan números indigeribles para una sociedad que, en orden a la situación en que la coyuntura encuentra a cada segmento, o trata de llegar a fin de mes con magros salarios o, mucho más dramáticamente, procura amanecer cada día y, para ello, cuando se puede, ingiere algún alimento que, en no pocos casos, rescatan de los residuos domiciliarios en los centros urbanos. ¡Trágico!
Paralelamente, se deja trascender que el Sindicato de Camioneros –que lidera el señor Pablo Moyano, uno de los tres dirigentes que conducen la Confederación General del Trabajo (CGT)– pide un aumento en los ingresos de esos trabajadores del 131%. El mismo Moyano, aliado con el diputado nacional Máximo Kirchner, líder de la agrupación interna del kirchnerismo La Cámpora e hijo primogénito de la vicepresidenta Cristina Fernández, advierte sobre “el quilombo que le vamos a armar” al ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) en el caso de que volviera a gobernar este país. Sorprendente llamada a las bases obreras para hacer “quilombo”, después que el 10 de diciembre del 2023, cuando asuma un nuevo gobierno del que aún se desconocen quiénes serán candidatos y/o candidatas. Las urgencias del hoy, parecen no importarles porque, por sus dichos, están convencidos que en las presidenciales que vienen, triunfarán las oposiciones.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández, con inusual firmeza, apunta sus críticas hacia un ignoto participante del programa de TV “Gran hermano”, que emite Telefe, porque en una charla informal donde transcurre esa producción que se emite también a través de una plataforma de streaming, en un horario marginal, lo mencionó como “coimero”. Entretanto, en el Parlamento, desde varios días las bancadas oficialistas no consiguen acordar con las oposiciones sobre una ley fundamental para la gestión política del gobierno como lo es el proyecto de presupuesto.
Administrar adecuadamente, mucho más cuando no hay recursos suficientes para tantas demandas sociales insatisfechas, debiera ser prioridad. Las menguadas bancadas oficialistas priorizan políticas púbicas que afectan anticonstitucionalmente al Poder Judicial, una de las preocupaciones de Cristina F., la segunda al mando, cuyas acciones durante los ocho años en que fue presidenta (2008-2015), son objeto de investigación en el fuero federal por presuntos hechos de corrupción estructural en la gestión de la obra pública.
Necesidades divergentes, por cierto. Las del pueblo, por un lado; las de un pequeño grupo constituido por algunas y algunos poderosos, por el otro. Así las cosas, un puñado de seguidores de la vicepresidenta observan con atención la marcha electoral en Brasil. Si triunfara Lula, aseguran no menos de cuatro fuentes oficiales cuyas identidades no pudo revelar, proyectan un acto público con pretensiones masivas –antes de que finalice noviembre venidero– para contar en él con las presencias del Lula da Silva y, tal vez, del ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa Delgado para presionar a los magistrados y magistradas que aquí juzgan a la Cristina F. El propósito es ir contra lo que señalan con mirada conspiranoide como “lawfare”, un presunto complot entre lo que llaman “el partido judicial junto con los medios hegemónicos”.
Sobre el ecuatoriano, pesa una orden de captura internacional para que cumpla una condena en su país por corrupción. El mismo tipo de práctica que afecta a Cristina, pero también a Lula en Brasil que, pese a que el máximo tribunal de justicia brasileño anuló el juicio que lo puso durante un tiempo en prisión en Curitiba, no lo “inocentó” (sic), como dicen brasileños y brasileñas, sino que ordenó que se le sustancie un nuevo proceso en Brasilia. Una razonable cuestión de jurisdicción y competencia.
Repasemos apoyándonos en lo dicho. De las tres patas fundantes de la coalición gobernante, el Frente de Todos (FDT), Sergio Massa –el que menos aporta en términos de eventuales votantes– como ministro de Economía, de fluida relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y algunos sectores de la Casa Blanca, ejerce el cargo con el objeto de poner las cuentas en orden. Si alcanzara ese objetivo, inevitablemente, intentará ser el candidato presidencial de ese sector partidario para la presidencia.
Alberto Fernández, desde el ejercicio del Poder Ejecutivo, todo el poder que tiene es el usar “la lapicera”, como se lo sugirió meses atrás la vicepresidenta y, en ese contexto, aislado del resto de quienes fueron sus aliados y, por esa razón sin posibilidades de construir nada con nadie, solo podrá negarse a firmar todo aquello en lo que no está de acuerdo en el tema de gestión que fuere. Si no puede construir, podrá –si se lo propusiera– destruir. Tiene la convicción que, de no actuar así, será excluido de una eventual carrera hacia una reelección que procura como recurso imposible de supervivencia. Movimiento insuficiente: porque, además, sus ministros, su Gabinete Nacional, se despoja de figuras porque quienes lo integran renuncian a sus cargos.
¿Lo abandonan en defensa propia o se trata de una operación para aislarlo? ¿Cómo saberlo? El más reciente, Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat y Vivienda, intendente de Avellaneda en uso de licencia y alineado con La Cámpora. En el verano que viene, quien lo abandonará será Juan Manzur, jefe de Gabinete de ministros, gobernador de la provincia de Tucumán también licenciado, quien partirá para hacer campaña electoral en su distrito en el que habrá de postularse para vicegobernador.
Cristina F., por su parte, con la coalición desordenada y sin poder real para alinearla y disciplinarla, solo ejerce movimientos tácticos para –de cara al corto plazo– mantener algo del que fuera un poder que muy pocos y pocas podían rechazar en el pasado. Una vez más, es posible probar que Argentina no transita una crisis sino que se trata de un ecosistema social y político con prácticas alteradas desde muchas décadas. Desafiantes de la ley de gravedad, líderes y lideresas locales parecen desafiar al sentido común y dejan en los últimos lugares de las prioridades que se imponen las carencias y demandas de este conjunto social que cada día se ve más lejos del bien común.