El rechazo de las autoridades de Venezuela a un informe de expertos de la ONU en el que denuncian falta de “transparencia” en las presidenciales del 28 de julio concedidas al presidente Nicolás Maduro continuó el miércoles: el texto está “plagado de mentiras”, reaccionó el ente electoral.

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El reporte del panel de especialistas electorales era en principio privado para el secretario general de la ONU, António Guterres, pero la organización hizo público la noche del martes una versión preliminar en la que sostiene que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales” para “elecciones creíbles”.

La autoridad electoral, acusada de servir al chavismo, movimiento que lleva 25 años al frente del país, estimó que la publicación “demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesta de argumentos falaces y desfigurados”.

“Es un documento panfletario” para “tratar de deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral realizado el 28 de julio”, añadió.

Maduro fue proclamado por el CNE reelegido con 52% de los votos, pero la oposición, liderada por María Corina Machado, denuncia fraude y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

El anuncio del ente electoral desató protestas desde la misma noche de los comicios en las que se han registrado 25 muertes, 192 heridos y más de 2.400 detenidos, en lo que el mandatario ha tachado de intento de “golpe de Estado”.

La cancillería ya condenó la víspera la publicación del informe y su contenido, con el que los especialistas de la ONU se unen a críticas de observadores como el Centro Carter.

El jefe del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, propuso prohibir la observación de “extranjeros” en futuros comicios en este país caribeño. “¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué?”, expresó el legislador, que calificó de “basura” al panel de la ONU.

El CNE, que aún no publica el desglose de los resultados mesa por mesa, insistió en que su sistema fue blanco de un “ciberataque terrorista”. Su sitio web sigue caído más de 15 días después de los comicios.

El panel de expertos de la ONU alertó que “el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas”.

“A pesar del retraso en el proceso de transmisión de resultados”, respondió el CNE en su comunicado, “se aplicaron los protocolos de contingencia” para “tener una transmisión del 80% de las actas, con un resultado irreversible a favor del candidato Nicolás Maduro”.

“Posteriormente al anuncio del boletín al país no se pudo realizar la divulgación de resultados por ataques continuos a las plataformas de divulgación”, añadió el texto.

Maduro asegura que las redes sociales son utilizadas para atacar su reelección: suspendió X por 10 días y promueve un boicot contra WhatsApp.

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El gobernante prometió “mano de hierro” frente “a la violencia” que atribuye a Machado y González Urrutia. Ya pidió cárcel para ambos.

Fuente: AFP

Actual titular de Seprelad se defendió de las publicaciones maliciosas del diario de Zuccolillo, medio que intenta involucrarla en el esquema, de modo de desviar el foco de la atención que pesa sobre sus aliados abdistas.

• HOY.COM.PY

La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, rea­firmó que no tenía acceso al usuario de la plataforma cuando se filtró un pedido de cooperación confidencial remitido por Panamá, tal como intenta instalar mali­ciosamente el Grupo Zucco­lillo, el cual está enfrascado en intentar defender a los involucrados en el esquema de filtraciones del gobierno de Mario Abdo Benítez.

En entrevista con “La caja negra” (Unicanal), la minis­tra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, ratificó anoche que no tenía acceso a la plata­forma RRAG (Red de Recupe­ración de Activos del Gafilat), cuando Paraguay recibió un pedido de informe de carác­ter confidencial de la Fisca­lía de Panamá, el cual fue fil­trado a los medios abdistas el 14 de enero de 2022.

De esta manera, se defendió nuevamente de las publica­ciones maliciosas del diario Abc Color, medio que intenta a su vez defender a los proce­sados por las filtraciones rea­lizadas en contra de los adver­sarios políticos del abdismo y la intenta involucrar en el esquema, de modo de desviar el foco de la atención.

La entrevistada mencionó que recién tuvo acceso al sis­tema mencionado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la fil­tración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del enton­ces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña. “Yo no tenía acceso, recién tuve el 8 de marzo de 2022, cuando yo recibo un correo donde me dan la bienvenida como punto de contacto del Ministerio Público. Al día siguiente accedí (al sistema). Dos meses antes se produce la filtración”, acotó.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electró­nica que se encuentra en el extranjero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercambiar infor­mación de manera segura y recién uno es punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es quien gestiona estos acce­sos. En ese entonces era el ministro de Seprelad, Car­los Arregui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabili­dad siempre es del coordi­nador nacional”, subrayó.

“La realidad es que la utilidad de lo que tiene que ver esta red es adelantar informa­ción de inteligencia que final­mente el Ministerio Público puede decidir si va a ser o no un pedido de cooperación for­mal, pero se adelanta la infor­mación a través de este sis­tema, que es una plataforma de intercambio de informa­ción segura, basándose en la confidencialidad”, finalizó la entrevistada.

El Grupo Zuccolillo está enfrascado en una campaña de desinformación y de pre­tender embarrar a la exfis­cala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz. Este grupo empresarial no le perdona que haya allanado el banco Atlas y ahora con su ida a Seprelad teme que se destraben trámites que fue­ron congelados en la insti­tución por Carlos Arregui, y es por ello que arrancó una campaña de desprestigio en su contra.

El caso Nicolás Leoz, expre­sidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tuvo sus ramifica­ciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas del Grupo Zuccolillo.

Fueron los directivos de la Conmebol quienes presen­taron una denuncia contra la entidad bancaria por supues­tamente facilitar mecanis­mos para lavar parte de los USD 200 millones desvia­dos por Leoz de la Conmebol. Una de las fiscales del caso fue Liliana Alcaraz.

En el marco de esta causa abierta por presunto lavado de dinero, la Fiscalía tuvo que proceder a un allana­miento a la sede de la enti­dad bancaria, el 21 de abril del año 2021, para obtener información relevante.

Con motivo del tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Superintendencia de Jubi­laciones y Pensiones varios sec­tores y medios de comunicación lo han criticado falseando algunos hechos y fal­tando a la veracidad. Prefirieron resal­tar sus opiniones ideológicas y posicio­nes políticas por encima del relato de la verdad.

Todos tienen derecho a opinar y decir lo que les parezca ante cualquier aconteci­miento que ocurre. Pero existe la obliga­ción de honestidad de no atropellar la rea­lidad de los acontecimientos para instalar cualquier tipo de falacia. El embuste, la mentira, el engaño, cualquiera sea su forma o envoltura, no se pueden aceptar bajo ningún pretexto. A menos que uno forme parte de la patraña.

Por eso, aprobar calladamente la falsifi­cación de la verdad o presenciar hechos inaceptables sin reaccionar contra ellos riñe con la honestidad y la buena concien­cia. Hasta puede resultar un acto de com­plicidad.

Ante tantas mentiras y tergiversaciones que se han dicho sobre el proyecto de ley y su tratamiento en el Congreso hay que destrozar los embustes y aclarar lo que no está bien entendido. Según uno de los diarios, el señor Eduardo Ojeda, direc­tivo de la denominada Corriente Sindical Clasista, afirmó que la mencionada ley “es una estafa y una pesadilla para los tra­bajadores”, lo que quiere decir que no ha leído el texto de la norma y si lo leyó no lo ha entendido. Con esta ley es la primera vez en la historia del Paraguay que existe una disposición legal que impide que se pueda hacer una estafa con el dinero de las jubilaciones de los trabajadores por parte del Estado y sus dependencias. Y la pesadilla será para los que quieren usar la plata de las cajas para préstamos indebi­dos, como ocurre con la de la Ande.

El matutino Abc encabezó la tapa de la edición del 14 de diciembre poniendo: “Atropellando y de espaldas al pueblo, Peña logra control sobre jubilaciones”. Atropellar significa que uno pasa violen­tamente por encima de alguien, lo que no ha ocurrido, pues en ambas cámaras los legisladores votaron de acuerdo a su con­ciencia, algunos a favor, otros en contra. A nadie se le violentó para una y otra cosa. Y con esta ley, ni el presidente Santiago Peña, ni ningún otro, podrá controlar los fondos jubilatorios, sino las instituciones creadas para velar por la seguridad de la plata de los jubilados, como hasta ahora no ha ocurrido, por lo que estaba a mer­ced de cualquiera. Solo ahora se cuidará ese dinero mediante la ley.

Última Hora puso en primera plana “Car­tismo impone a la fuerza sanción de ley de Superintendencia de Jubilaciones”. No hay dudas de que los votos de los legis­ladores de Honor Colorado (HC) fueron importantes, pero también votaron a favor gente de otras agrupaciones parti­darias. Y la expresión “a la fuerza” daría a entender que se utilizó cierto tipo de violencia para obligar a los votantes, lo que no ha sucedido. Lo violento es que­rer forzar la interpretación de los hechos objetivos de acuerdo con determinados intereses

Abc dice en su artículo editorial “Día nefasto en el Congreso” y agrega que los legisladores cartistas “vomitaron al pue­blo paraguayo una preocupante ley que afecta nada menos que a los trabajado­res, en uno de los días más nefastos de la historia legislativa del país…”. Se nota que el articulista, aparte de sufrir algún mal gástrico, ni siquiera leyó el texto de la ley y solo quiere criticar sin fundamen­tos. Por eso hay que repetir que esta es la primera norma en la historia del Para­guay que protege a los fondos jubilatorios de las fauces del Estado y de los bancos y financieras que quieren usar indebida­mente la plata de los trabajadores, porque crea un organismo de contralor que no existía.

Las críticas suscitadas por algunos secto­res, las controversias en algunos medios y las movilizaciones de ciertos grupos de trabajadores contra la Ley de Super­intendencia de Jubilaciones y Pensiones son normales en la vida democrática. Se dijeron muchos infundios y se inventa­ron falacias que cuando se conoce el texto legal se desvanecen. Por eso hay que decir la verdad, y resaltar la enorme impor­tancia que tiene para amparar los fondos jubilatorios. Los cuales, mediante esta ley, ahora tienen protección.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que este proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones fue una iniciativa que fue trabajada por diversos sectores y discutida ampliamente. Mencionó que si hubo algunas personas que no quisieron sentarse a la mesa de trabajo es otra cuestión. Remarcó que espera que la Cámara de Senadores analice este proyecto este miércoles, en su sesión ordinaria.

En conversación con el programa “Arriba hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó que por más que se hagan varias audiencias públicas siempre habrá detractores que cuestionarán que el IPS preste dinero al Estado, lo cual aseguró es una mentira; así como nuevamente dirán que el proyecto busca la capitalización individual, lo cual también afirmó es una mentira que buscan instalar para buscar el rechazo de la legislación.

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“Yo espero que se trate mañana, espero que sea así, fíjense que ellos, los que cuestionan, tampoco han presentado por escrito sus cuestionamientos; al contrario, de los que sí quieren aportar. Durante todo este tiempo mucha gente ha colaborado por escrito muchas cuestiones que se estuvieron incorporando al proyecto. Hasta ahora yo no vi ningún proyecto alternativo”, expresó el secretario de Estado.

Fernández Valdovinos indicó que “es bastante difícil trabajar con esto, yo creo que hay intereses creados, no diré de quién, o para quién, pero básicamente me preocupa la cantidad de gente jubilada que corre el riesgo de no tener su jubilación por causa que no existe ningún tipo de control”, remarcó.

El ministro de Economía sostuvo que este proyecto de ley se comenzó a trabajar con un importante número de representantes de centrales sindicales, obreras, empresarios, jubilados, se enfatizó que la plata de los fondos jubilatorios pertenece a quienes estuvieron aportando todos estos años; y que desafortunadamente la experiencia paraguaya en casi todas las cajas prácticamente han sido desafortunadas.

“Lo que se quiere hacer con este proyecto de ley es proteger esa plata de los trabajadores, de tal manera, no para que el Estado haga lo que quiere, sino a que los directivos de las cajas dejen de hacer lo que quieran cuando se implemente. Para nosotros es fundamental porque me hace recordar a los años 90, con las grandes crisis bancarias, en ese entonces pasó que se liberalizó completamente el funcionamiento de bancos y financieras y terminamos con crisis que costó más del 150 por ciento del PIB”, explicó.

Aclaró que con las cajas jubilatorias no se ha llegado a ese punto de crisis, pero ya existieron varios eventos que amerita la existencia de algún tipo de árbitro que atenúe un poco las actitudes agresivas en términos de inversiones. “Esta ley va a ser fundamental para poner un poco de orden en ese desarreglo que existe en el funcionamiento de muchas de las cajas de jubilaciones”, acotó Fernández Valdovinos.

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