Expertos del Banco Mundial señalaron que se sigue dando en nuestro país un nivel de gastos rígidos elevados que afectan a la estructura global del Presupuesto General de la Nación (PGN) recomendando a nuestras autoridades económicas que arbitren todas las medidas necesarias orientadas a su racionalización, que coadyuven a una gestión del Gobierno Nacional más eficiente cualitativa y cuantitativamente.

Todos los países de la región estuvieron expuestos a los golpes económicos y sociales ocasionados por la pandemia sanitaria, traduciéndose en la necesidad de un análisis en mayor profundidad de los indicadores incluido Paraguay, que puedan conducirnos a una reestructuración y fortalecimiento de nuestra macro y microeconomía.

La mayoría de los países vinieron realizando esfuerzos en términos de estímulo fiscal orientados a disminuir el impacto de la pandemia sobre la economía.

El proceso de racionalización debe alcanzar también al gasto público, de forma a dar un “respiro financiero” a la coyuntura desfavorable actual, realizando ajustes fiscales de forma racional y socialmente amigable.

Según analistas económicos, Paraguay estaría perdiendo alrededor del 4% de su producto interno bruto (PIB) a causa de los gastos superfluos, lo que en términos monetarios ronda los 1.600 millones de dólares, equivalente en moneda local a más de 11 billones de guaraníes, por lo que nos vendría bien hacer una reingeniería y redireccionamiento de los recursos monetarios al fortalecimiento de salud pública, calidad educativa, en investigación y desarrollo y todo lo que atañe a tecnología de la información y comunicación.

En base a la visión de dicho organismo financiero, el hecho de que estemos gastando más de lo que nuestros ingresos fiscales nos permiten, podrían atribuirse básicamente a las deficiencias estructurales en las contrataciones públicas, las transferencias que precisan de un mejor direccionamiento y las políticas de recursos humanos inadecuadas que siguen sin solución.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había publicado que el 25% de los presupuestos en salud pública se pierde muchas veces debido a una gestión inadecuada en el manejo de los recursos.

Evitemos que los empréstitos sean destinados a la cobertura de gastos rígidos o corrientes, dado que deben ser orientados a gastos de inversiones en infraestructura, evitando que el nivel actual de endeudamiento y déficit fiscal se acreciente.

Está en manos del Gobierno corregir estas deficiencias, por lo que a través de nuestros técnicos deben arbitrar las medidas primarias, realizando los cambios que sean pertinentes en la estructura del Estado y en el sistema de asignación de los recursos públicos.

Se hace necesario la puesta en vigencia de una nueva ley de compras públicas, que encierre una mayor rigurosidad en los procesos de evaluación de los proveedores y que sean lo más transparentes posible.

La revisión y actualización de la Ley de la Función Pública que permita corregir los errores de la norma actual concentrando esfuerzos en la contratación de servidores públicos en los tres poderes del Estado, en función a concursos públicos, que reúnan requisitos de meritocracia, capacidad, idoneidad y trayectoria profesional no deben tener vuelta atrás.

La reestructuración del Estado, a través de una disminución del número actual de servidores públicos, se hace harto necesaria, pues en plena era de la tecnología, a través de procesos digitales, una reingeniería global canalizado a través de la División de Organización y Métodos (O&M), de cada institución podremos llegar a los objetivos.

Cuanto antes encaremos mucho mejor, pues de esa forma el próximo gobierno podrá tener allanado el camino para encarar acciones y objetivos más sólidos orientados a una gestión eficiente y eficaz, que permitan a la ciudadanía hacerse acreedores de una mejor calidad de servicios a través de la disminución de la burocracia administrativa imperante y de la depuración de la inmensa cantidad de inútiles e ineptos que los tenemos en la función pública.