“El único condicionamiento en la cooperación es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, tras confirmarse este último jueves la permanencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus silgas en inglés) en el Paraguay. Agregó que en esta nueva etapa de la cooperación se apuntará a mejorar el desarrollo de las investigaciones a través de la Unidad de Investiga­ción Sensible (SIU) de la cartera antidrogas.

“Hablamos de una mayor coordinación para sacar mejores resultados que beneficien a ambos países, es lo que siempre dijimos. Una mayor cooperación no pasa simplemente por la plata, de esto no se habló, se dialogó de técnicas, tácticas y un mejor desarrollo de nuestras investigaciones”, dijo Rachid, este viernes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La permanencia de la citada agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dedicada a la lucha contra el contrabando, el consumo de drogas y el lavado de activos, tras el impasse del pasado año, fue dada a conocer mediante un comunicado conjunto emitido por el gobierno del mandatario Santiago Peña y la embajada de los Estados Unidos.

Tarek Tuma, abogado del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, responsabilizó al gobierno de Mario Abdo Benítez de haber privado a 300.000 ciudadanos de la capital y del área Metropolitana la posibilidad de contar con un servicio de transporte público eficiente.

“El perjuicio es que no existe el metrobús, pero la pregunta crucial es por qué no se continuó y terminó las obras. Esto es sencillo, la administración posterior decidió no hacerlo, no es tan difícil de entender. Como ciudadano digo que esto realmente nos perjudicó a todos ya que cualquier obra que implique el transporte masivo de personas cambia a una ciudad”, indicó al programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo Tuma acotó: “La obra debía continuar por varios periodos presidenciales. En la gestión de Jiménez Gaona se entregó una obra funcionando, con un 18,5 % de ejecución. Por culpa de que no se continuo con esta obra, estamos entre 5 a 6 horas manejando en el tráfico”.

Se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Diputados en busca de soluciones viales para la avenida Avelino Martínez, que se encuentra en malas condiciones e incluso fue lugar de accidentes debido a los baches.

La actividad se realizó en la Sala Bicameral del Congreso Nacional y contó con la participación de representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y los concejales municipales de San Lorenzo y Fernando de la Mora, Isaac Rojas y Rosa Benítez de Franco, respectivamente.

Vecinos afectados por la situación de deterioro de esta avenida también participaron de la actividad. Durante el encuentro, los asesores del MOPC informaron que esperan realizar un llamado a licitación para la adjudicación del proyecto, de manera a iniciar las obras de mejoramiento en el primer semestre de 2025.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) fue categórica en su contestación al comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), institución que aseguró la existencia de una demora excesiva de 52 días para la publicación de la licitación para máquinas electorales. La DNCP aseguró que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) está repleto de irregularidades y que no van publicar el llamado en tanto sean subsanadas las observaciones.

“Hubo 32 irregularidades que hemos recogido de sus pliegos, 32 observaciones que hemos remitido y ellos no han subsanado y dentro de la DNCP, por un comunicado no vamos a dejar pasar un pliego que consideramos que viola la competencia”, sentenció el titular de Contrataciones Públicas, Agustín Encina.

En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el director de la DNCP explicó que el artículo 202 de la ley n.° 4401/2023 establece que ningún expediente debe demorar más de 3 días en la institución. En este sentido, detalló que el TSJE ha remitido en 6 oportunidades el PBC para el llamado, lo que representa que en total, por parte de la DNCP, solo hay una demora de 18 días y no de 52 como afirmó la Justicia Electoral en su comunicado.

El Banco Central del Paraguay (BCP) señaló que las criptomonedas no cuentan con registro ni autorización de parte de la banca matriz y tampoco tienen curso legal ni respaldo de parte del Estado paraguayo. Recuerdan que el valor de las criptomonedas dependen exclusivamente de la confianza que los usuarios depositen en ellas, por lo que representan inversiones de alto riesgo.

La Superintendencia de Valores del BCP emitió la circular 006/2025, nota en la que advierte al público en general sobre el riesgo de las criptomonedas, al tratarse de un medio digital de intercambio que no cuenta con respaldo del Estado ni curso legal en Paraguay. “Las criptomonedas no son registradas ni autorizadas por esta Superintendencia y por el Banco Central del Paraguay”, dice el comunicado.

Asimismo, la institución señala que el valor de las criptomonedas depende exclusivamente de la confianza que los usuarios depositen en ellas, por lo que se constituyen en inversiones de alto riesgo, con la posibilidad de perder la totalidad del capital invertido.

Este viernes y sábado continuarán las altas temperaturas y el ambiente húmedo, específicamente en el centro-oeste del país, en donde se extienden las condiciones de persistencia de la ola de calor, indica la Dirección de Meteorología. Debido al alto contenido de humedad, se prevé que la sensación térmica alcance valores entre 3 y 4 grados superior a la temperatura del aire prevista.

La meteoróloga Carolina López comenta que las lluvias para hoy y mañana se presentarían en forma de chaparrones aislados acompañados de actividad eléctrica en forma muy puntual y en algunas localidades podrían intensificarse en cortos periodos de tiempo. Se recomienda realizar el seguimiento con las actualizaciones de los Avisos meteorológicos vigentes.

Luego, al final de la jornada del sábado se prevé el ingreso de un débil frente frío desde el sur del país, que se extendería a otros puntos durante el domingo. Este sistema traería consigo lluvias con tormentas eléctricas, rotación del viento al sector sur y un leve descenso de las temperaturas durante el próximo domingo.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, ha estado en el centro del escrutinio público debido a sus controvertidas gestiones. A pesar de su pasado cargado de denuncias y obras ineficientes, Wiens sigue activo en las redes sociales, destacando avances en infraestructuras viales. Sin embargo, la realidad de su gestión pinta un cuadro muy distinto.

El exministro de Mario Abdo Benítez, el hasta ahora cuestionado Arnoldo Wiens, dejó el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) bajo una nube de sospechas. Durante su mandato, se realizaron múltiples denuncias de sobrefacturación en obras públicas, y varios tramos viales quedaron en peor estado del que los había recibido. A pesar de estas críticas, Wiens no ha dejado de ser una figura vocal en el ámbito de la infraestructura, utilizando sus plataformas en redes sociales para compartir actualizaciones y opiniones sobre el avance de diversas obras.

Un ejemplo reciente es su publicación en redes sociales, realizada un miércoles, donde elogió el progreso de las obras de asfaltado en Puerto Indio, distrito de Mbaracayú. Este tipo de publicaciones ha sido constante, aunque muchos critican la disociación entre sus afirmaciones y la realidad de su gestión anterior.

Uno de los legados más significativos de la gestión de Wiens en el MOPC es la millonaria deuda que el Estado paraguayo debe pagar a constructoras extranjeras. En los últimos meses, la Procuraduría General de la República fue notificada sobre un laudo arbitral internacional relacionado con la demanda de la empresa portuguesa Mota-Engil contra el MOPC. Este fallo determina que la cartera estatal debe abonar USD 13 millones, además de aproximadamente USD 2.400.000 en intereses acumulados.

Esta disputa tiene sus raíces en 2018, cuando el presidente Mario Abdo Benítez y Arnoldo Wiens, como ministro del MOPC, decidieron suspender las obras del metrobús. Esta decisión, tomada apresuradamente y sin explorar alternativas para continuar el proyecto, resultó en un incumplimiento del contrato con Mota-Engil, lo que derivó en la demanda que actualmente enfrenta el Estado paraguayo.

La defensa de esta demanda ya ha costado al Estado paraguayo cerca de USD 2 millones en honorarios de abogados contratados por el gobierno anterior. Sin embargo, los resultados han sido desfavorables, y el Estado se encuentra en una posición financiera comprometida debido a esta controversia.

“Respecto a la responsabilidad, hay que dividir entre la responsabilidad política de quien asume esa decisión (de ejecutar la póliza) y que sabemos fue el presidente de la República (Mario Abdo Benítez), quien públicamente lo ha manifestado; y después está la decisión administrativa, que fue quien firmó la rescisión del contrato, es decir, el ministro de Obras Públicas de ese entonces (Arnoldo Wiens)”, afirmó el procurador González al referirse sobre la condena contra Paraguay sobre metrobús.

En junio de 2022, Wiens y Abdo Benítez inauguraron con gran fanfarria la tercera etapa del acueducto en el Chaco paraguayo, pese a que ya manejaban fallas. Este proyecto fue presentado como una solución crucial para proveer agua potable a más de 100.000 personas, incluyendo 84 comunidades indígenas del Chaco central. Sin embargo, la realidad en terreno ha sido muy diferente.

Poblaciones de Mariscal Estigarribia, Loma Plata y comunidades indígenas del departamento de Boquerón han denunciado que el acueducto funcionó solo por 15 días después de su inauguración y lleva mucho tiempo sin proveer agua potable. Las fallas en la cañería han interrumpido el servicio, y los habitantes de Loma Plata se han quejado de la falta de agua.

El acueducto del Chaco fue financiado con una donación de USD 60 millones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), un préstamo de USD 20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y una contrapartida local de USD 8 millones. A pesar de esta significativa inversión, las fallas persistentes desde su inauguración en setiembre de 2020 han dejado a muchas comunidades sin el servicio esencial prometido.

Ernst Giesbrecht, intendente de Loma Plata, ha denunciado que las familias de la zona sufren por la falta de agua, y la situación se ha agravado por la sequía que afecta al Chaco. Esta ineficiencia ha llevado incluso al grupo mediático Abc Color a emitir editoriales exigiendo la rendición de cuentas ante la justicia de Wiens y otros exfuncionarios.

Uno de los casos más emblemáticos de la administración Wiens es la construcción de la pasarela “ñandutí” en Ñu Guasu, durante la pandemia. Esta obra, popularmente conocida como la “pasarela de oro”, se ha convertido en un símbolo de la corrupción y la mala gestión debido a su millonario sobrecosto.

La Contraloría General de la República (CGR) reveló que varios ítems de la obra estaban sobrefacturados, especialmente a través de dos adendas que aumentaron los precios, con un incremento indebido de G. 3.142 millones. El informe de la CGR confirmó irregularidades significativas en la ejecución de la obra, que fue adjudicada por el MOPC, bajo la dirección de Arnoldo Wiens, a la empresa Engineering, propiedad de Juan Andrés Campos Cervera.

El monto del contrato original aumentó injustificadamente en G. 3.142.820.246 a través de los convenios modificatorios n.° 1 y n.° 2, violando la Ley n.° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Del monto total, G. 1.253.086.010 correspondían a “costos indirectos” añadidos para beneficiar a la contratista. Estos costos indirectos representaron un aumento del 80 % respecto a la oferta original de la empresa, con un incremento del 114 % en el “beneficio” fijado para Engineering.

La CGR también destacó que los costos de transporte (fletes) fueron notablemente sobrefacturados, cotizados en G. 1.485.700.934, cuando el precio de mercado para la cantidad de materiales trasladados era solo G. 486.524.060. Además, se detectaron cambios sin justificación técnica en los precios de varios ítems respecto al contrato original, generando diferencias de G. 430.356.675, y se computaron obras que no coincidían con las verificadas por los auditores, sumando una diferencia de G. 505.113.495.

Asimismo, el MOPC permitió la ejecución de obras sin cumplir con las normas paraguayas para instalaciones eléctricas de baja tensión, exponiéndolas al vandalismo y con riesgo de electrocución. La pasarela, originalmente adjudicada por G. 12.437 millones, vio su precio incrementado a G. 14.121 millones tras los convenios modificatorios, beneficiando a la contratista sin especificaciones técnicas claras.

Finalmente, la Contraloría detectó que el MOPC no controló efectivamente las pólizas de seguros, permitiendo que la pasarela quedara sin cobertura ante eventos no deseados, incumpliendo lo estipulado en el contrato.

En mayo pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, supervisaron el avance de las obras de mejoramiento vial en la Ruta PY05, tramo urbano de Concepción. Estas obras se están retomando tras quedar prácticamente destruidas durante la gestión anterior de Arnoldo Wiens al frente del MOPC.

Durante la inspección, la ministra Centurión destacó el pésimo estado en el que la administración anterior había dejado la vía, indicando que el tramo pavimentado estaba en peores condiciones que antes. “Este tramo era pavimentado, ellos lo dejaron en peores condiciones de lo que tenían. Es un compromiso poder responder”, lamentó Centurión.

El presidente Peña solicitó celeridad en la finalización de los trabajos, que incluyen la colocación de la base asfáltica a lo largo de los primeros 6 kilómetros desde la cabecera del puente Nanawa hasta la rotonda 2 de Mayo en Concepción. “Con la ministra vinimos varias veces. Esta capital departamental no merecía esto. Los problemas quedaron atrás; ahora, hacia adelante, les pido máxima velocidad”, expresó el mandatario.

Wiens también fue el responsable administrativo de la destrucción de las obras en la zona del metrobús. El exministro decidió demoler las obras sin tratar de buscar alternativas que permitieran poner un paliativo al drama del transporte público en Paraguay.

La gestión de Arnoldo Wiens al frente del MOPC ha dejado una marca imborrable en la infraestructura pública de Paraguay, no por los logros alcanzados, sino por las numerosas controversias, denuncias de corrupción y proyectos fallidos. A pesar de sus intentos por destacar avances en sus publicaciones en redes sociales, el legado de Wiens está empañado por deudas millonarias, obras ineficientes y una gestión que ha costado caro al Estado paraguayo.

Los ciudadanos y medios de comunicación continúan exigiendo rendición de cuentas y transparencia en las gestiones públicas, esperando que estos episodios no se repitan en futuras administraciones. La vigilancia ciudadana y el control institucional son esenciales para evitar que figuras como Arnoldo Wiens sigan operando sin las debidas responsabilidades y consecuencias.

• Por Aníbal Saucedo Rodas
• Periodista, docente y político

Se ha extendido la creencia de que la comunicación puede ser manejada sin considerar su estatus de ciencia, despojándola de sus jerarquías epistemológica y metodológica como fundamentos para la reflexión teórica. Así que todos meten las manos en ella con impenitente osadía. Todos son “expertos” en la materia, incluso los más profanos.

Las consecuencias son naturalmente previsibles. Lejos de contribuir a romper los compartimentos estancos que dificultan la comprensión compartida de un mismo hecho, levantan barreras de interpretaciones equívocas, concediendo significados diferentes a una palabra o a un suceso. Esos encontronazos lingüísticos o divergencias semánticas provocan crisis y conflictos que podrían ser evitados con mensajes expresados en forma clara, pulcra y correcta. En los últimos años, mediante investigaciones de campo, la eficacia de los mensajes puede ser medida y cuantificada. Aun así, todavía existen personas que siguen confiando en la simple intuición o la casualidad de un éxito improvisado.

Una campaña construida desde la mala fe, sostenida por falsedades, contra cualquier gobierno, en un plano estrictamente político, puede ser fácilmente desmontada por una buena estrategia comunicacional. Una que reúna en sí los clásicos requisitos de la claridad, la honestidad intelectual, la sencillez y la oportunidad. Y que, al mismo tiempo, evite las agresiones verbales y el lenguaje de la descalificación ad hominem, y, al revés, la ausencia de dicha estrategia puede instalar fácilmente contenidos que desluzcan una gestión eficaz, minimizando o sepultando sus resultados.

La comunicación no es una asignatura más dentro de la administración temporal del Estado. Es la asignatura que une y complementa a todas las demás. De su práctica idónea (que incorpora la ética) dependerá el juicio del futuro. Debe ser siempre la representación veraz de lo bien hecho o de aquello por hacer con signos auspiciosos para la sociedad. El humo puede distraer a algunos por algún tiempo, pero son las obras, culturales y materiales, las que prevalecen en la memoria colectiva.

Vayamos a lo concreto. La creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones es un imperativo constitucional, postergada por más de tres décadas. Pero hubo debilidades en la formulación de una comunicación cooperativa como eje integrador en la dialéctica acuerdo-desacuerdo. Es decir, no pudo evocarse en común un mismo concepto. Mientras desde el Gobierno se anunciaba que con esta normativa se buscaba precautelar los intereses de los trabajadores que cumplieron su ciclo laboral (las diferentes cajas tuvieron un manejo discrecional que ponía en peligro su sostenibilidad), desde la oposición y las corporaciones mediáticas de inocultable aversión hacia las actuales autoridades se instaló la agresiva campaña en contra de la presunta intención de manotear los recursos jubilatorios de parte del Estado. Al final, hubo modificaciones de fondo aportadas por el propio gobierno, situación que satisfizo las expectativas de quienes abogaban por la ley, pero que discrepaban en algunos de sus artículos. A los detractores de oficio ninguna corrección será suficiente.

Los consensos esporádicos o circunstanciales son posibles cuando los actores de los procesos deliberativos son capaces de someterse al peso de los argumentos fundados en la irrebatible razón. Y es ahí donde la comunicación vuelve a jugar un papel crucial, porque, como sostiene el profesor Jacques Gerstlé, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la Sorbona, “sin ella, la política sería imposible”. La elocuencia no es suficiente cuando el orador no consigue que el auditorio vea lo que sus palabras están describiendo. Esa es una habilidad comunicativa imprescindible para convencer y conmover. Salvo, claro está, que el fanatismo o los rencores se antepongan a las explicaciones con justificaciones lógicas.

De este hecho puntual el gobierno del presidente Santiago Peña podrá extraer lecciones para los días por venir. Ya ha demostrado que no es ajeno a los reclamos ciudadanos, cuando la razón es la guía de dichas acciones. Estoy convencido de que la transformación del país, para dar un salto cualitativo al progreso, precisará de otras leyes de alcance popular.

Dos senadores de la Asociación Nacional Republicana, provenientes del movimiento Honor Colorado, a mi entender, dieron dos pistas clave para escenarios posibles y similares: mayor socialización del tema (Gustavo Leite) y mejor comunicación (Silvio Ovelar). La democracia, hay que repetirlo para que alguna vez quede fijada en la mente de la clase política, es un régimen de opinión pública.

Y como tal, precisa de una comunicación que haga previsible los actos de gobierno, reduzca la tensión social y evite la innecesaria crispación ciudadana. La paz es la última residencia de este modelo de gobierno que hemos elegido para la convivencia pacífica y el destino compartido. Aunque todavía nos cueste asimilarlo. Buen provecho.

El mandatario paraguayo, Santiago Peña, ofreció un dis­curso ayer ante el pleno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Was­hington D.C., ocasión en que conmemoró el centenario de la Convención Gondra y abogó por la paz, la democra­cia, el respeto a los derechos humanos y una economía sos­tenible en el continente ame­ricano. Al respecto, afirmó que la Convención Gondra es un hito en el derecho público internacional, que desarro­lló la solución pacífica de las controversias entre Estados como respuesta a la barbarie. Esta convención, aprobada en 1923, sentó las bases para el Pacto de Bogotá y marcó el compromiso del Para­guay con la paz como valor supremo.

“Es enormemente simbólico que recordemos la Conven­ción Gondra, cuando vemos una vez más que lastimosa­mente triunfa el odio, la incor­dia y la violencia: fracasan las instituciones y se enseñorea el fantasma de la guerra, y las imágenes de Oriente Medio nos recuerdan lo peor de la naturaleza humana, eso nos duele y nos quiebra el alma”, puntualizó.

“Nuestro pasado nos indica que la paz, el idealismo, son la única vía en el concierto de las naciones; miremos ese pasado, saquemos fuerza del mismo, y apuntemos a un futuro mejor”, dijo el man­datario.