- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
- Twitter: @RtrivasRivas
En la semana que pasó, en este país, se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) –la inflación– del pasado mes de julio que se expandió 7,4%. Anuncio oficial. La medición interanual da cuenta que vivir cuesta 71% más que doce meses atrás. En lo que corre del año –el acumulado en 7 meses– se ubica en 46,2%. El malhumor social crece. Las tensiones políticas, también. El ministro de Economía, Sergio Massa, dejó trascender que mañana –martes– a las 13 horas, se informará sobre el aumento en los precios en el suministro de gas y luz que dejarán de ser subsidiados. A partir de esos incrementos, todos los costos en la cadena de valor productiva, se elevarán. Los incrementos pegarán con fuerza en los bolsillos de todos y todas. La bronca social será transversal.
Si se concretaran esos anuncios, también podría suceder que hubiera nuevas informaciones sobre otros temas vinculados con la hacienda pública. Entre ellos, la designación postergada de quien secundará a Massa como viceministro ya que, el anuncio del 5 de agosto último, que sería designado Gabriel Rubinstein, fue rechazado de plano luego que se conocieran las duras críticas que ese economista –en su cuenta personal en la red Twitter– hiciera tiempo atrás a la vicepresidenta Cristina Fernández. Habrá que esperar. Mientras, la gestión de quien fuera llamado por pocas horas “superministro” no termina de arrancar. Sumergido, según coincidentes comentarios, en encuentros con todos los sectores del quehacer nacional, el ministro de Economía –antes de lanzar cualquier anuncio– procura conocer con precisión cuál es el piso de resistencia multisectorial a sus apenas mencionados proyectos de trabajo.
Mientras, los días pasan y, huelga decirlo, no es tiempo lo que sobra. Pero, nada hace Massa, sin obtener el aval de Cristina Fernández quien –se sepa o no– levantará el pulgar o no para la puesta en marcha de políticas públicas cercanas a la ortodoxia. ¿Y qué dice el presidente Alberto Fernández? Casi nada o nada. O, lo que es peor, en un acto público reciente, a voz en cuello y con todas las letras, dijo no querer nunca más “las tarifas dolarizadas”. ¿Qué pensará Massa de tal anuncio? Claramente, el decreto para poner en vigencia un nuevo cuadro tarifario tendrá que ser firmado por Alberto F. ¿Lo hará? Horadado su poder, a Alberto, el hipopresidencialismo lo acorrala. Para que quede claro el cuadro de la situación en la coalición de gobierno, el Frente de Todos (FdT), es necesario remarcar que Alberto F. va por su lado –que se desconoce cuál es y hacia dónde se mueve– Cristina F., va por el suyo –que en este momento converge con el de Sergio Massa– y, Sergio, trata de hacer equilibrio en un esquema de fuerzas que, por las tensiones que producen esos reacomodamientos ralentiza la gestión de gobierno y, en algunas áreas críticas, la paraliza.
El triángulo de poder aparece como desequilibrado. Todo indica que Alberto F. decidió observar discretamente y, al menos hasta ahora, no oponer resistencia alguna al destrato al que lo someten tanto en su persona como en su investidura. ¿Se mantendrá así? No son pocos ni pocas las y los analistas que sostienen que “Massa se desgasta aceleradamente” y “Cristina tiene la convicción de que, para el FdT el 2022 no tendrá un buen fin y que el 2023, mucho menos, un mejor principio”. Los trascendidos dan cuenta que habrá un sustancial recorte en los planes con los que el gobierno contiene a amplios segmentos sociales fuertemente golpeados por el 40% de pobreza y, el 9% de indigencia que padece la Argentina.
En ese contexto, unas 300 mil personas dejarían de recibir subsidios y otro segmento, que los mantendrán, al parecer, serán advertidos que en un año deberán incorporarse al trabajo formal. Pero hay otro frente de conflicto que, vale decirlo afecta al FdT, al esquema de poder que, en junio 2019, diseñó Cristina F. cuando, a través de su cuenta en la red Twitter, informó que Alberto F. era su candidato a presidente y, por sus implicancias, a la sociedad toda. La mayor preocupación de la vicepresidenta es su situación judicial y la de su familia. Cristina F. y el diputado Máximo Kirchner están en problemas desde poco más de 14 años por presuntos sucesos de corrupción estructural y, por lo que se puede ver en el juicio oral y público que la obliga a estar sentada en el banquillo de los acusados para escuchar la acusación del fiscal federal Diego Luciani, antes de fin de año podría recibir una sentencia condenatoria por favorecer desde el poder al empresario Lázaro Báez en la realización de obras públicas –muchas de ellas inconclusas– que habrían sido pagadas a partir de presuntas maniobras delictivas de peculado y lavado de activos, entre otros delitos. La vicemandataria lo sabe.
Y, aunque ese fallo –si ocurriera– no sea firme porque aún le asistiría el derecho de apelar con un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal y, luego, si le fuera mal y así lo decidiera, podría ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia, la eventual condena de una ex presidenta sería, definitivamente, un bochorno. Es verdad que no sería la primera ex jefa de Estado condenada. De hecho, el fallecido Carlos Saúl Menem, presidente entre 1989 y 1999, en marzo del 2019 –20 años más tarde de dejar el cargo– fue sentenciado por el Tribunal Oral Federal 2, el mismo que juzga a Cristina F., también integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, con larga experiencia en el tipo de tensiones que generan estos casos, a tres años y nueve meses de prisión por el delito de peculado e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Previamente, en diciembre 2015, Menem fue condenado a cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por pagar sobresueldos a sus ministros cuando ejercía la primera magistratura. Años antes, en junio 2013, fue condenado a siete años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 16 años por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Menem, pese a ello, no solo nunca fue encarcelado ni inhabilitado sino que falleció cuando era senador nacional y, hasta el último día de vida, como decano de la Cámara Alta, en cada sesión, asumía el honor de izar la bandera nacional en el recinto. Muy difícilmente –si se observa la historia judicial argentina reciente o lejana– un ex presidente sea encarcelado. Sin embargo, Cristina F. está preocupada porque, tal vez, esa eventual situación pueda golpear en sus aspiraciones electorales. Menem, para continuar en la carrera política desde 2003, cuando participó por última vez de una elección presidencial, tuvo que replegarse a La Rioja, su provincia natal, para continuar su vida electoral, ser senador hasta la muerte, como ya se dijo y tener fueros para asegurar su libertad hasta el último suspiro. Tres fuentes cercanas al kirchnerismo aseguraron a este corresponsal que “no es lo mismo Cristina que Menem”, aunque no pudieron explicar por qué.
Llama la atención, en ese contexto que, en las últimas semanas, desde Santa Cruz, la provincia donde se inició el kirchnerismo, crece la versión de que el diputado Máximo Kirchner podría ser candidato a gobernador para cuando finalice, en 2023, el mandato de la actual gobernadora, Alicia Kirchner, su tía. Como la propia Cristina F. lo reiterara hasta el cansancio años atrás, “todo tiene que ver con todo”. No solo la economía, las finanzas, la producción paralizada, el dólar blue, la falta de reservas, la pobreza, la indigencia, la crisis educativa, la precarización de la salud, por mencionar solo algunas debilidades estructurales son los problemas de la Argentina. Algunas y algunos dirigentes, sus prácticas y formas de concebir la cosa pública, también son el problema. Desde algunos años, con demasiada frecuencia, se escucha a ex mandatarios y ex mandatarias presuntamente involucrados en actos de corrupción sometidos a la justicia en cualquier parte que la historia los absolverá. Héctor Schmucler, brillante académico argentino de quien tuve el honor de ser su alumno, sostiene que “el riesgo de apostar al porvenir radica en dejar el presente entre paréntesis”. Recuerda a quien quiera oírlo que “no somos responsables del porvenir sino en el vivir de hoy (por lo que) ningún presente se justifica en la fuga hacia el futuro (porque) solo vivimos el presente (que es) donde se juega el pasado y el futuro. Seguramente, lo que hagamos hoy condicionará el porvenir, pero nosotros vivimos hoy (y) no hay más memoria que la de hoy”.