- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
El sector de la construcción, a cuyo cargo está la ejecución de importantes obras en curso a nivel país, ante la falta de pago del Estado, ocasionó hasta ahora el despido de 37.000 obreros, pudiendo elevarse a 70.000 si no se llegare a saldar cuanto antes la deuda pendiente de aproximadamente US$ 400 millones.
Dicho sector sigue siendo uno de los que mayor efecto multiplicador aportan a nuestra microeconomía, por lo que sí esta situación de mora no se soluciona cuanto antes podría causar un tremendo perjuicio, agudizándose mucho más aún la terrible situación de pobreza y de extrema pobreza por la que estamos pasando, a los que se agregan los miles de desempleados a nivel país.
El titular de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) señaló que les urge que el Gobierno les pague lo que se les debe, pues si no llegare a ocurrir en los próximos 30/60 días, miles de personas pasarán a engrosar la larga lista de desocupados, en uno de los momentos más críticos de nuestra economía, en un 2022 donde nada ha sido positivo, pues el agro que es nuestra esperanza también se ha visto duramente golpeado por la sequía, ocasionando una sensible merma en los niveles de producción/cosecha y consecuentemente ingresos de divisas.
Lo peor de todo es que dicha deuda no data de algunos meses atrás, sino que “el grueso” corresponde a los años 2019 y 2020, debido a que lo que tenía que estar destinado a dicho propósito, aparentemente han sido utilizados para otros propósitos, consecuencia del desfasaje que se sigue observando en los niveles de ingresos tributarios, donde los gastos corrientes siguen siendo “la niña mimada” dentro del PGN, yendo en un gran porcentaje al pago de sueldos y otros beneficios adicionales de la multitud de casi 300.000 funcionarios públicos, un enorme despilfarro que no tiene freno.
Las autoridades dicen que se tratan de deudas relativamente nuevas, cuando no los son, y lo peor de todo es que en la medida que el cronograma de obras siga mostrando atrasos ante los niveles inflacionarios observados casi en todos los países, las empresas constructoras sería un hecho que irán ajustando sus precios presupuestados inicialmente.
Todos los certificados de obras están en poder del MOPC, quien ante la falta de transferencia de recursos por parte del Ministerio de Hacienda se encuentra atado de pies y manos y no les permiten honrar el pago de estas deudas.
Directivos de la Capaco, señalaron que en años anteriores el MOPC venía ejecutando obras pagando regularmente certificaciones hasta mil millones de dólares por año, en tanto que ahora apenas llega al 60%.
Si bien se han venido haciendo esfuerzos por ir mejorando la infraestructura de nuestro país, seguimos rezagados, con apenas el 10% de rutas asfaltadas, una inmensa cantidad de puentes de madera que ya cumplieron con su vida útil constituyéndose en una “trampa mortal”, debiendo cambiarse por los de hormigón armado lo antes posible.
Ante este gran “bolonqui” sin solución, a la fecha las empresas constructoras han solicitado al Congreso Nacional la agilización para la aprobación de los préstamos que permitan saldar las deudas con el sector.
La Comisión de Obras Públicas y Presupuesto del Senado tiene en sus manos analizar esta gran problemática, pues no podemos permitir que más compatriotas sigan quedando sin poder llevar el pan a sus casas por falta de trabajo.
Falta un año para que culmine su administración este gobierno, por lo que los técnicos del ámbito económico deberían proyectar el flujo de fondos estimado para dicho período y hacer lo imposible por cumplir con los compromisos pendientes.
Esperemos que la próxima administración gubernamental no caiga en estas desprolijidades, pues resulta lamentable que se contraten a empresas privadas, quienes van cumpliendo con su compromiso, pero en contrapartida las certificaciones de obras duermen “el sueño de los justos” en los cajones por falta de liquidez.
El focus primario del gobierno que asumirá en agosto del 2023 deberá concentrarse en ordenar la casa y eliminar todo lo que “sea grasa”, principalmente el exceso de gastos corrientes que siguen constituyendo el mayor virus dentro del PGN.