• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

Si algo ha caracterizado al gobierno de Mario Abdo desde el inicio de su mandato en 2018 fue la improvisación. Así ha manejado al país y reflejo de ello fue la conformación misma de su gabinete, poniendo al frente de las instituciones más importantes del país a personas que no tenían el perfil para llevar adelante un plan de gobierno que pueda apalancar el desarrollo del país.

Lo que pasó esta semana en Itaipú no es sino una consecuencia más de esa política del “vaivai”, el “así nomás” o el “ya da ya”, tan característico de ese conformismo que mucho daño ha causado a nuestro país. Es que, al parecer todavía no se dieron cuenta que en Itaipú, lo que está en juego es nada menos que el futuro de una de las principales fuentes generadoras del desarrollo económico del país y cualquier decisión marcará sin dudas el destino de las próximas generaciones por lo que, cualquier negociación debería ser encarada como una verdadera “causa nacional”, pero no solo como una expresión de deseos o una etiqueta que “suena bien” a los oídos de la opinión pública, sino porque se trata de uno de los mayores desafíos que tenemos como nación.

La nueva entrega que se dio con el acuerdo recientemente firmado era previsible desde el momento en que no teníamos ni siquiera un plan “B” para lo que era una lógica pretensión brasileña que tenía como único interés asegurar la mayor cantidad de energía al menor costo posible; en cambio, el Gobierno ha tenido una visión cortoplacista en donde lo único que se buscaba asegurar era que sigan llegando los dólares para los famosos gastos sociales, en un año netamente electoral. Lo peor es que nos quieren vender como un “gran logro”, el descuento que habrá en las facturas de Ande a partir del próximo mes, cuando sabemos perfectamente que nunca los subsidios son gratuitos, puesto que, de alguna parte debe salir ese dinero y en este caso, será como “desvestir un santo para vestir otro”, puesto que todos sabemos la situación del ente eléctrico que es un paquidermo dentro de la administración pública.

Sabemos que Itaipú es la principal empresa productora de energía eléctrica del Paraguay y además, es una de las mayores fuentes de ingresos económicos para el país por los conceptos relacionados a la cesión de energía y royalties, por lo que, resulta imperativo disponer de una estrategia de negociación adecuada, para no volver a caer en las improvisaciones que tanto daño causaron al país a lo largo de la historia de las hidroeléctricas binacionales.

Como bien lo expresaron en su Carta Pastoral los obispos del Paraguay el año pasado, “Itaipú representa un desafío humano, energético, político, diplomático, económico y medio ambiental de envergadura” y en consecuencia “se deben considerar aquellas condiciones que permitan el desarrollo eficiente y pleno del país que necesitamos y anhelamos, para lo cual contamos con los recursos de este patrimonio nacional” (229° Asamblea General Ordinaria de la CEP: Itaipú, una oportunidad de diálogo y concertación social para el bien común).

Lo concreto es que nuestro país todavía no tiene una política de estado definida sobre qué es lo que quiere en Itaipú. Por eso, más allá de los nombres que puedan ir surgiendo como representantes paraguayos en la mesa de negociaciones de cara al 2023, lo primero que debería definir nuestro país es qué quiere hacer con la energía de Itaipú en los próximos 20 o 30 años. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.