La Argentina se comprometió a suspender de manera temporal el cobro unilateral de peajes en la hidrovía, pero posteriormente el Gobierno del país vecino desmintió tal postura.

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió en audiencia al ministro de Eco­nomía de la Argentina, Ser­gio Massa, con quien man­tuvo una extensa charla en la que buscaron acordar una agenda concreta que se lle­vará adelante en los próxi­mos meses.

Los puntos centrales del diálogo giraron en torno a la deuda de la Argentina con la Entidad Binacio­nal Yacyretá, así como el cobro del peaje en la hidro­vía Paraná-Paraguay y la presentación de proyec­tos de conectividad entre ambas naciones con la construcción de puentes binacionales.

Sin embargo, pasadas las 21:00 de ayer jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay publicó varios mensajes en sus cuentas oficiales de las redes sociales, en res­puesta a la incoherencia de las autoridades argenti­nas, quienes a través de dos ministros del gobierno de Alberto Fernández se com­prometieron a suspender de manera temporal el peaje en la hidrovía Paraguay-Pa­raná, en un encuentro con Santiago Peña y Pedro Alliana.

Horas después de la audien­cia concedida por Peña a Massa, los argentinos rea­lizaban un anuncio negando dicha decisión. Esto motivó la reacción de la Cancillería paraguaya, que expresó su molestia ante el desconcer­tante actuar del Gobierno argentino.

“Recibimos con sorpresa y desagrado el anuncio del Ministerio de Transporte de Argentina, de mante­ner el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná; luego de que los ministros Sergio Massa y Diego Giu­liano, en una reunión con el presidente Peña en Asun­ción, acordaran levantar medida”, reza el mensaje.

“Tampoco se cumplió con el pago de parte de la deuda con la Entidad Binacional Yacyretá, comprometido en el mismo encuentro. El Paraguay lamenta este tipo de actitudes, rechaza abso­lutamente la continuidad de un cobro ilegal que viola tra­tados internacionales y tra­bajará intensamente para subsanar esta situación”, expresaron desde Canci­llería.

Estas publicaciones res­ponden a la negativa del Gobierno argentino de levantar el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Pa­raná y que fuera instaurado de manera unilateral por las autoridades del país vecino.

La cuenta oficial en la red X del Ministerio de Trans­porte de la República Argen­tina publicó una foto del encuentro entre el presi­dente Santiago Peña y Sergio Massa, cerca de las 19:00 de ayer, agregando lo siguiente: “En Paraguay, los ministros Sergio Massa y Diego Giu­liano se reunieron con el presidente Santiago Peña, quienes establecieron que en 60 días se realizará un encuentro entre los países que integran la Vía Navega­ble Troncal”.

A continuación, agregan: “Sin suspensión del cobro de manera temporal del peaje de Santa Fe al Norte, el próximo encuentro de alto nivel será para analizar las obras realizadas y evaluar la cooperación entre las par­tes de forma superadora para la optimización de la principal autopista fluvial de la región”.

Al término de la reunión de ayer, el ministro argen­tino brindó una confe­rencia de prensa en la que relató que abordaron los temas que son de mucho interés para ambas nacio­nes, como lo que tiene que ver con la deuda histórica, deuda presente y flujo de intercambio de energía de Yacyretá.

“Armamos un programa para tratar de estar al día en cada una de las obligaciones entre uno y otro país, así que en ese sentido buena noti­cia para la Argentina en tér­minos energéticos; así como buena noticia para Paraguay y los gobernadores paragua­yos en términos de flujos de fondos”, dijo Massa.

Sin embargo, como ya se vio en la publicación de la Cancillería paraguaya, el pago anunciado no fue cumplido, generando una molestia diplomática que será aclarada en la fecha por el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Rubén Ramírez, quien se excusó de responder a tra­vés del encargado de comu­nicaciones y anunció que estaría refiriéndose al tema en la mañana de hoy.

Es una secretaría que en teoría lucha por la transparencia y contra la corrupción, sin embargo, en la práctica no se dedica a investigar ni perseguir actos de corrupción y se limita a delegar denuncias a las unidades de Transparencia de las mismas instituciones denunciadas. En varias ocasiones alegaron que solo tienen atribuciones de investigar a las cabezas de los entes dependientes del Ejecutivo, pero en una década de creación no trascendió ni un solo ministro o máxima autoridad que haya caído en una pesquisa de Anticorrupción, por el contrario, estos últimos años se han tapado los ojos ante la serie de actos de corrupción que sacudió al Gobierno.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

La Secretaría Nacio­nal Anticorrup­ción (Senac), que debiera ser la punta de lanza en la lucha contra los presuntos hechos ilí­citos que diariamente sal­tan a la luz, en la práctica se traduce en una insti­tución que se dedica más bien a delegar los recla­mos de la ciudadanía a las mismas instituciones señaladas como corrup­tas. Es decir, se volvió intermediaria de denun­cias de corrupción cuando la misión institucional señala que es la encargada de “liderar la aplicación de políticas de transparen­cia de gestión y lucha con­tra la corrupción en todas las instituciones del Poder Ejecutivo”.

El modus operandi de la Senac es delegar a las uni­dades de Transparencia Anticorrupción (UTA) de cada entidad denun­ciada para que investi­guen irregularidades que se les cuestionan y ter­minan autoinvestigán­dose. Lo más irónico de la situación es que las UTA no son subordinadas a la Senac y los encargados de las mismas terminan favo­reciendo a los altos admi­nistradores.

Desde la Senac habían men­cionado en su momento que ellos solo pueden investi­gar a las máximas autori­dades de las instituciones afectadas y que formen parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una década después de la creación de la institución, no se conoce el caso de algún ministro o máxima autoridad que haya caído por causa de una acusación de la Senac, lo cual la convierte en una farsa al considerar la can­tidad de casos emblemáti­cos de supuestas irregula­ridades que fueron pasados por alto en la institución.

“Nosotros recibimos las denuncias y les asignamos a las unidades de Trans­parencia de cada institu­ción a la que corresponde. Por ejemplo, si se hizo una denuncia en el Ministe­rio de Obras Públicas, se le asigna a la Unidad de Transparencia Anti­corrupción de esa enti­dad para que gestione la denuncia”, explicó cuando era asesor jurídico de la Senac el hoy ministro Juan Federico Hetter.

Uno de estos casos delega­dos por la Senac a la UTA del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC) es la licita­ción de esta cartera de USD 12 millones para la construcción de paradas de buses a precios “de oro” meses antes de las elec­ciones partidarias. Había denuncias de direcciona­miento, riesgoso anticipo, compras de tecnología con las que ya se contaba, etc.

El caso de las paradas “de oro” había sido denun­ciado a la Senac durante la administración del exmi­nistro René Fernández, y tal como explicó Hetter en su momento, y fue desesti­mando en menos de 15 días con un confuso argumento de que la licitación estaba en proceso de ajustes, en menos de 15 días.

“La Unidad de Trans­parencia (UTA) de cada institución depende de su máxima autoridad, no depende de la Senac. Nosotros trabajamos coordinadamente con ellos porque nosotros somos la institución que reglamentamos el uso del portal y el sistema de seguimiento, pero en rea­lidad cada UTA depende de su máxima autoridad”, explicó María Liz Gar­cía, directora de Aná­lisis y Seguimientos de casos de la Senad, ridi­culizando de esta manera las gestiones de la Secretaría Anticorrupción que deriva denuncias a insti­tuciones dependientes del Poder Ejecutivo para que estas se autoinvestiguen.

Se puede mencionar también la decena de denuncias recibidas por la Senac por supuestas irregularidades en pro­cesos de contratación de personal dentro de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) entre el 2019 y 2020. Fueron derivadas a la UTA de la entidad denunciada y las causas queda­ron en la nada.

Como los mencionados, a la Secretaría Antico­rrupción se le escaparon sonados ilícitos que desa­taron la indignación gene­ralizada, principalmente por tragadas de fondos covid, como los tapabocas “de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y la famosa agua tónica para combatir el virus en Petropar cuyas exautoridades afrontan procesos judiciales por estos casos.

Estos antecedentes que reflejan la nula interven­ción de la Senac es la que generó el debate sobre la funcionalidad de esta ins­titución y el plan de supri­mirla por el gobierno entrante. No hay que olvi­dar que la poca gestión de liderazgo de la Secreta­ría Anticorrupción cuesta mucho a los contribuyen­tes, ya que demanda un gasto aproximado de G. 4.000 millones al año, para casi nada.

La serie de irregularidades, maniobras descubiertas en el con­curso para contratación de per­sonal en Itaipú denunciadas por todos los medios y que incluso generó la presentación de un amparo constitucio­nal para que se frene esta farsa, requiere la urgente intervención de los jueces. Esta es una brillante oportunidad para que la Justicia cumpla su rol de evitar que se con­suma una enorme injusticia contra aque­llos que confiaron en la competencia, pero chocaron con apadrinados, exigencias a la medida de algunos buitres, limitaciones que rayan lo inconstitucional, etc.

Hace dos meses, en medio de una transi­ción de gobierno que requiere mesura, pru­dencia y responsabilidad en las acciones que comprometan recursos públicos, se había iniciado este proceso de contratación de personal para 220 vacancias disponibles en la Itaipú. El hecho en sí de la incorpo­ración masiva ya generó lluvia de cuestio­namientos por la coyuntura en la que se encuentra el país que aguarda el arribo de una nueva administración del Estado.

De manera cobarde, algunos conoci­dos dirigentes políticos maniobraban y hasta hacían de influencers acaparando sus redes, publicando en medios amigos el concurso que se había promocionado para contratación de nuevos funcionarios, pero que resultó una parodia de competencia ante los recomendados, amigos de la casa, parientes clasificados.

Muy pronto comenzaron a evidenciarse con sus malas intenciones, ya que salie­ron a la luz la componenda armada de varios de sus leales, operadores segui­dores y parientes de una rosca de jefes traidores a los principios de igualdad en el acceso al trabajo que tenían práctica­mente el lugar asegurado entre las 220 plazas establecidas.

El esquema les resulta favorable, requie­ren altos perfiles, experiencias, pero limitan la edad, un magnífico filtro para incorporar masivamente a los retoños de los altos jefes, algunos sobrinos, pasantes, aprendices que ya habían ingresado por la ventana y estaban a la espera de asegurar sus puestos, en otros casos incluso apro­vechar el concurso para un ascenso sala­rial, mientras miles de desempleados que buscan una oportunidad son defraudados en su buena fe.

A medida que se desarrolla el proceso de selección salen más y más nombres de recomendados, hijos de jefes de la Itaipú, acomodados en condición de pasantes, aprendices o tercerizados en pesca de cargos. Y a cada paso hay un haz bajo las mangas de estos inescrupulosos que lle­van adelante una competencia tildada de engañosa.

Pasaron los exámenes, miles quedaron fuera porque en teoría no llegaron a obte­ner el mínimo puntaje en sus calificacio­nes, requisito para avanzar a la fase final. Aquí comenzaron a flexibilizarse requi­sitos concernientes a documentaciones, denunciado por varios aspirantes como facilidad para aquellos que entraron a ren­dir sin los papeles correspondientes, otro hecho irregular, porque el requisito era reunir y cumplir esta como otras condicio­nes para poder ser habilitado a las pruebas.

Bastardearon más los reglamentos cuando comenzaron a aparecer en la lista de selec­cionados para las entrevistas posteriores a los exámenes postulantes que no tienen el puntaje mínimo requerido. Se fueron dis­torsionando varios requisitos del proceso.

Por las razones citadas más arriba, las entrevistas que ahora están en desarrollo pueden ser un elemento de discriminación frustrante ya que, por el favoritismo y ami­guismo reinante, pueden dejar fuera a los mejores.

El lamentable procedimiento de Itaipú llegó a los estrados judiciales hace un par de días cuando el gremio Auténticos Abo­gados del Paraguay (AAP) decidió acudir a la Justicia con amparo para suspender y hasta anular el concurso por estar viciado de maniobras fraudulentas.

El gremio sufrió un primer rechazo por supuestamente carecer de personería jurídica, esto fue reparado de inmediato cuando los abogados demostraron reunir los requisitos establecidos con una ape­lación que corre desde ayer y que debiera definirse en un par de días más.

De ahora en más queda aguardar la resolución de la Justicia que debiera intervenir para suspender esta burda acometida al principio de igualdad y meritocracia en cargos públicos y de ser posible castigar con todo el peso de la ley a los inescrupulosos.

La clase política y la sociedad civil refrendan el trabajo del TSJE y de los resultados electorales cuyo juzgamiento va culminando sin denuncias formales del supuesto fraude, aunque aún persisten algunos hechos de violencia.

El abogado y presidente del Instituto Para­guayo de Derecho Constitucional, Robert Gon­zález, sostuvo que las eleccio­nes generales del 30 de abril se llevaron a cabo de manera ejemplar y que la postura del Tribunal Superior de Justi­cia Electoral (TSJE) de la no apertura del sobre 4 se ajusta al orden jurídico constitu­cional y los principios demo­cráticos.

“Más allá de que sin lugar a dudas es muy importante darle la mayor cantidad de control, creo que en este caso el proceso electoral se ha lle­vado adelante de manera ejemplar y, como consecuen­cia de ello, entiendo que la posición que está asumiendo hoy el TSJE es absolutamente compatible con el orden jurí­dico constitucional como por los principios de la misma democracia”, sostuvo el pro­fesional del derecho.

También indicó que existen etapas y procedimientos con­templados en la ley para rea­lizar los reclamos correspon­dientes, y que en este caso no se presentó ninguna impug­nación. “En ese sentido ya pre­cluyó el momento en que quie­nes tenían objeción puedan formular sus reclamos”, dijo González a la 1080 AM.

Además, refirió que la volun­tad popular está a salvo desde el momento en que todos los actores políticos participa­ron de este proceso antes y durante las elecciones genera­les. “Así que hoy no podemos señalar que la existencia de irregulares significa que hubo fraude”, insistió el titular del Instituto Paraguayo Consti­tucional.

La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo afirmó que el Código Electo­ral no contempla la posibili­dad de hacer un nuevo escru­tinio y señaló que de las 8000 actas juzgadas, apenas 12 fue­ron impugnadas. Además, recordó que el momento de manifestar incidencias sobre posibles irregularidades es en la mesa de votación, dado que las actas son los únicos docu­mentos válidos.

“De acuerdo con cómo está la ley, no se puede hacer un nuevo escrutinio”, explicó la legisla­dora en contacto con el pro­grama “Cuenta final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media. “He vivido este proceso y acá el acta que surge, mata papel”, refirió y aclaró que lo que no se reclamó en la mesa, ya no se puede hacer con pos­terioridad en referencia al pedido de abrir al cuarto sobre.

Vallejo señaló que acompañó el proceso de fiscalización el domingo 30 de abril, desde la constitución de las mesas hasta el conteo de votos. Recordó que durante la jor­nada de elección es cuando se deben manifestar incidencias en caso de que se den irregu­laridades como uso del voto asistido o carga de votos.

El Colegio de Abogados del Paraguay emitió un comuni­cado en el cual instan a res­petar la voluntad popular y el proceso electoral, en referen­cia a los cómputos de votos y todo el proceso de las últimas elecciones nacionales del 30 de abril. Al respecto, la vice­presidenta del gremio, María Ángela Duarte, dijo que el sec­tor solo tiene la intención de defender el estado de derecho en el país.

“Lo que nosotros estamos defendiendo es el estado de derecho, el respeto a la volun­tad popular y que se sigan los pasos que están establecidos en las leyes, nada más que eso”, expresó en entrevista al canal GEN/Nación Media. Esta postura se da ante las movilizaciones y manifesta­ciones que se están desarro­llando en varios puntos del país alegando un supuesto fraude electoral.

Mencionó, además, que el tema fue bastante discutido en el seno de la nucleación, ya que el objetivo es enviar un mensaje de tranquilidad y dejar de lado la violencia. “Hemos tenido una sesión, un debate bastante fuerte también entre los miem­bros del consejo directivo del Colegio de Abogados al res­pecto, y la conclusión fue que el comunicado tenía que ser justamente en un tono conci­liador, no un tono de violen­cia que es lo que se está que­riendo instalar, de acuerdo a nuestra percepción”, indicó.

Por otra parte, Duarte señaló que todo el proceso electo­ral se desarrolló y se sigue realizando en el marco del sistema legal vigente, refi­riéndose a las normativas electorales y la propia Cons­titución Nacional. En este caso, se refirió al proceso de control por parte de los pro­pios partidos y agrupaciones políticas en el mismo día de la jornada electoral.

El director de Tecnología de la Información y Comuni­cación (TIC) del Tribunal Superior de Justicia Electo­ral (TSJE), Fausto von Stre­ber, aclaró que los DVD de las máquinas de votación utilizados para las eleccio­nes nacionales del 30 de abril no se perdieron ni se roba­ron, como pretende instalar el sector de Cruzada Nacio­nal. El director indicó que si bien existe la denuncia rea­lizada por un sector político, esto no sucedió.

“Nosotros aclaramos que no hubo una pérdida de un DVD de parte nuestra. Sí, hubo denuncias informales que un partido estaba capa­citando con un software de audiencia de pantalla. El sof­tware de audiencia de panta­lla, entre el 12 y 17 de marzo, tuvimos una jornada en la que los apoderados se iban y veían la oferta electoral en la máquina de votación”, explicó en entrevista para la 780 AM.

Agregó que en ningún momento recibieron, como institución electoral, una denuncia formal. En este caso, lo que sucedió de acuerdo con el director informático es que existió una denuncia informal de que un partido político que estaba utilizando las candi­daturas reales para la capa­citación, y en ese momento representantes de Cru­zada Nacional realizaron la denuncia de que el DVD se “perdió” de las manos de las autoridades electorales.

“Nosotros le dijimos que no. Ahí fue que empezó el escándalo de que, si es que se pierde un DVD con las candidaturas reales, están en peligro las elecciones, que es muy grave. Hay que aclarar que eso no es así. Cada DVD se crea con una clave diferente y tiene una seguridad, si es que algo se modifica del DVD, no va a bootear en la máquina”, señaló Von Streber.

Luego de que un grupo de informáticos haya presen­tado una denuncia, sin prue­bas, sobre una supuesta desaparición de un CD que contiene un código en las máquinas de votación, que habría vulnerado los resul­tados electorales, la Asocia­ción de Profesionales Tec­nológicos (Aprotec) lamentó que colegas suyos se presten a la desinformación, ya que esta cuestión tiene relación directa con la política.

Así lo expresó Hugo Correa, miembro de la comisión direc­tiva de Aprotec a La Nación/Nación Media. El mismo señaló que hay una preocu­pación en el gremio sobre cómo se intenta manipular, usando a la tecnología, sobre un supuesto fraude electo­ral a través de las máqui­nas, cuando la gente no com­prende cuestiones técnicas y bajo supuestos, sin pruebas, se pretende instalar que las elecciones generales fueron adulteradas.

“Nosotros estamos pre­ocupados porque esto no es algo simple, esto afecta nuestra vida en democra­cia y un montón de cosas. Lamento muchísimo por los colegas que se prestan a los políticos y les siguen la corriente. La máquina de votación es un equipo que fue hecho para cumplir con la ley. La ley le pide ciertas tareas y la máquina cum­ple. Nadie puede discutir de alguna manera que aquí no existe ni existió transpa­rencia”, afirmó a La Nación.

El magistrado Julián López fue quien autorizó la extracción de datos de los dos celulares que le fueron requisados a Para­guayo Cubas, a pedido de los fiscales de la causa. Se designó como perito al licenciado Rubén Darío, según se consigna en una información publicada en el portal Hoy.com.py

La disposición se basa en la existencia de elementos de convicción suficientes, de que Cubas utilizó las redes socia­les para instar a realizar actos vandálicos y hechos violentos frente al TSJE.

El sábado último, la audien­cia de imposición de medidas de Cubas, realizada vía tele­mática, fue ante el juez Yoan Paul López, quien recibió una lluvia de insultos de parte del procesado.

En la ocasión, el magistrado resolvió mantener la medida de prisión preventiva para Cubas, quien permanecerá en la Agrupación Especiali­zada por 10 días y, posterior­mente, de no existir resolu­ción contraria, ingresará a una penitenciaría nacional.

Los hechos que le sindican son: perturbación de la paz pública, resistencia, ame­naza de hecho punible, ten­tativa de coacción a órganos constitucionales y tentativa de impedimento de las elec­ciones.

Luego de la divulgación del video, los agentes policiales procedieron a ubicar al respon­sable logrando su detención en la mañana de ayer martes.

El allanamiento se realizó este martes cerca de las 5:30, en una casa ubicada en la colonia Jerusalén I. El hom­bre que aparece en el video es Juan Benicio Lanzarte Rive­ros (50). De su domicilio, se incautó una réplica de arma de fuego que habría usado para realizar las amenazas.

En el km 74 de la ruta PY07, distrito de Itakyry, un grupo de manifestantes, seguido­res de Cruzada Nacional, realizaron cierres intermi­tentes de la vía. Un sacer­dote resultó herido cuando los que protestaban rompie­ron el parabrisas de su vehí­culo y terminó lesionándolo, según la denuncia realizada por la víctima ante la Comi­saría 28.ª del Cruce Itakyry.

Fue víctima Francisco Javier Vera Florentín (46), quien relató que circulaba sobre la ruta PY07 a bordo de su vehí­culo con dirección norte, cuando llegó al lugar de con­centración y se produjo un incidente con los manifestan­tes. En el momento de los gri­tos y reclamos del grupo, uno de los que protestaba golpeó el parabrisas del vehículo con un palo, lo que ocasionó la rotura del mismo y terminó hiriendo al religioso en su rostro.

Ocurrió hoy, a las 12:30, cuando los manifestantes se retiraban de la ruta para ubicarse al costado, después de un nuevo cierre de la vía de circulación en el norte del país, según el reporte poli­cial. En el lugar se mantienen desde las 7:00 y clausuran la ruta en forma intermitente.

“Entiendo que la posición que está asumiendo hoy el TSJE es absolutamente compatible con el orden jurídico constitucional como por los principios de la misma democracia”.

ROBERTO GONZÁLEZ

“De acuerdo con como está la ley, no se puede hacer un nuevo escrutinio. He vivido este proceso y acá el acta que surge, mata papel”.

ROCÍO VALLEJOS