• Por Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

El próximo presidente de la República que sea elegido en abril del 2023 y que deberá tomar las riendas de la administración de nuestro país a partir del 15 de agosto, se verá en una seria encrucijada por la multitud de problemas de todos los colores que va a encontrar y muy probablemente serían los primeros 100 días más difíciles en toda la historia.

Se deberán enfocar las cosas con absoluta objetividad desprovista de fanatismo político, pues se estará jugando por otros 5 años el futuro de nuestro país y definitivamente no son los políticos los que nos sacarán de esta profunda fosa en la que estamos sumidos.

Esta administración ya tuvo un crédito del 80% para poder ir revirtiendo al menos razonablemente los problemas económicos y sociales que nos aquejan.

Las estadísticas nos demuestran que seguimos muy mal, pues tanto la cantidad de pobres como en situación de extrema pobreza han aumentado sustancialmente, y ni qué decir la inmensa cantidad de gente sin fuentes de trabajo que tenemos a nivel país y que probablemente seguirían así, ya que no se vislumbran perspectivas ciertas que nos digan que todo podría ser mejor en el corto plazo, pues no hemos encontrado mejor excusa que la pandemia sanitaria del covid-19 como si fuera la culpable de todos los males de nuestro país.

Seguimos adoleciendo de problemas estructurales en nuestras instituciones, en donde la calidad del capital humano, salvo honrosas excepciones, dejan mucho que desear, con lo cual se hace todo cuesta arriba, puesto que si no se observa en nuestros servidores públicos meritocracia, capacidad, idoneidad, experiencia y trayectoria profesional es poco o casi nada lo que podríamos avanzar.

Nos encontramos en un año donde la política viene teniendo preeminencia sobre los verdaderos problemas que aquejan a nuestro país, pudiendo observarse claramente a través de campañas políticas preeleccionarias que los realizan incluso en horario laboral.

Cuando estuvimos en el período más duro de esta pandemia, el Congreso Nacional había aprobado la contratación de empréstitos por 1.600 millones de dólares, los que sin embargo aparentemente han sido utilizados para propósitos secundarios, sin que se llegaran a obtener los resultados que efectivamente se esperaban.

La deuda pendiente que se tiene con las empresas constructoras viales por aproximadamente US$ 400 millones es otro tema pendiente, que ya está trayendo dolores de cabeza ante la forzada disminución de la plantilla de personal, en uno de los sectores económicos que mayor efecto multiplicador ha tenido históricamente sobre nuestra microeconomía.

Para cubrir dicho desfasaje están solicitando al Parlamento la aprobación de un nuevo préstamo por US$ 600 millones, siendo el camino más fácil, pero sin medir las potenciales consecuencias, ya que haría que nuestro endeudamiento público global supere los US$ 15.000 millones de dólares, “bonita suma” que probablemente el próximo gobierno tendrá que solicitar refinanciarlo y/o reestructurarlo, puesto que difícilmente podrán ser cubiertos con fondos genuinos del fisco, dado que ya tenemos déficit fiscal superior al 3,6% vs PIB.

Los altos niveles de inflación que venimos observando complican aún más nuestro escenario macro y microeconómico, teniendo en cuenta que cada día los precios de los productos de consumo de primera necesidad van incrementándose, conspirando en forma directa contra los escuálidos bolsillos de nuestra gente ante la deteriorada capacidad de compra.

Los gremios empresariales vienen reclamando al Gobierno una acción más decidida en la represión del ingreso ilegal de mercaderías que directamente hacen dumping de precios con los que importan legalmente.

Necesitamos que más empresas extranjeras vengan a radicar sus capitales en nuestro país que permitan absorber el inmenso déficit de mano de obra que tenemos.

El gran dilema y problema a la vez que se suscita es la falta de seguridad jurídica que se ve agudizada por los constantes hechos de violencia en el país, aspectos que son primarios para las empresas calificadoras de riesgos internacionales, para que podamos aspirar a llegar al anhelado grado de inversión.