La economía de la Argentina tambalea. Las reservas que debiera atesorar el Banco Central (BCRA) se reducen. Al parecer, se encuentran –netas– en torno de los US$ 3.500 millones, según los marcos de mensura que aplica para ese indicador el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para mantener la paridad peso-dólar en los términos de gestión económica oficial y de mercado –para que el peso aguante– en solo 48 horas la autoridad monetaria tuvo que inyectar en la plaza cambiaria casi US$ 350 millones. El gobierno procura crear con apuro extremo más mecanismos para gestionar las escasas divisas para que comprar dólares –la más común de las costumbres argentinas para mantener el poder adquisitivo de los salarios– se dificulte más, pero además no quiere que a esas disposiciones que más temprano que tarde se harán conocer, se las llame popularmente cepos.
Y eso fue lo que prioritariamente intentó precisar el flamante ministro de Producción, Daniel Scioli que –no es un secreto para nadie– además de las preocupaciones de la cartera a su cargo, desde lo más profundo de su corazón quiere ser candidato a la Presidencia en 2023 y, esa vocación en sí misma, podría ser una debilidad o, al menos, un inconveniente para gestionar.
El flamante Scioli, junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán y, entre otros funcionarios, el titular del BCRA, Miguel Pesce, deberán abocarse con premura a satisfacer la demanda de divisa norteamericana para la compra de insumos productivos, para responder a los requerimientos gubernamentales de gestión; a las cada vez más acotadas necesidades de dinero fuerte para algunas y algunos argentinos viajen al exterior por las razones que fueren, los deseados billetes verdes se agotan irremediablemente. La inflación –el costo de vida– según el criterio de análisis que aplique cada analista, se proyecta cercana al 70%. Los controles de precios, la “guerra contra la inflación”, como la denominó varias semanas atrás el presidente Alberto Fernández a las políticas antiinflacionarias, “no funcionaron”.
Mientras, como los meses pasan y el 2023 está cada día más cerca, la carrera (campaña) electoral comienza a marcar inexorablemente los tiempos a las y los funcionarios del Poder Ejecutivo, a las y los parlamentarios –que trabajan poco y nada– y a las oposiciones que, a no dudarlo, también tienen urgencias, desencuentros y disputas. El presidente Fernández, con pretensiones de equilibrista, procura apoyos y que los desencuentros con su segunda, la vicepresidenta Cristina Fernández, por lo menos, no se profundicen. La sociedad mira y descree. A las unas y a los otros. Tengan el matiz ideológico que tengan. Hay hartazgo de quienes gestionan la política con los ojos puestos en un pasado que, además de lejano, no habrá de regresar con las mismas características.
Un considerable sector de la ciudadanía transhuma la incertidumbre con los ojos puestos en mañana o, como muy lejos, pasado mañana, para prevenirse de lo que pudiera pasar porque, lamentablemente, las malas prácticas de la cotidianidad no permiten imaginar, con sensatez, días mejores. Y, por si las penurias económicas, financieras y sociales no fueran suficientes, desde el 7 de junio último, un Boeing 747-300 de bandera Venezuela, con tripulación venezolana e iraní, se encuentra en el aeropuerto internacional de Ezeiza, intervenido por la Justicia federal que no autoriza a la aeronave ni a sus ocupantes abandonar la Argentina.
La comunidad de inteligencia mercosureña, al igual que agencias internacionales, al parecer, desde varias semanas alertaron al gobierno argentino que el vuelo habría de llegar. Le hicieron saber de las sospechas que pesan sobre esa operación aérea que no sería la única en la región que llevan adelante presuntos agentes de inteligencia en misiones de espionaje. Al parecer, en abril pasado, Israel alertó a Buenos Aires de lo que sucedió la semana última, pero el suceso tomó por sorpresa a todos y todas. “El FBI informó al juez federal Federico Villena que el piloto del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza, Gholamreza Ghasemi está “asociado” a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní y al Hezbollah del Líbano, ambos acusados por el atentado contra la AMIA”, en 1994, revela el periodista Daniel Santoro, en el diario Clarín.