• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

No se puede legislar partiendo de la presunción de que un alto funcionario público al pretender migrar al sector privado esté cometiendo precisamente algún delito y a partir de eso coartar la posibilidad del mismo a seguir creciendo profesionalmente.

Lo que se conoce como “puerta giratoria” cuando un funcionario público migra al sector privado no necesariamente supone que haya absorbido toda la información ultra confidencial manejada de la función pública para que a modo de espionaje desarrolle en el privado lo que en el Estado no se pudo llevar adelante.

Los proyectistas de la ley que pretende limitar está práctica o directamente impedirle a una persona que tuvo un cargo público, por un período mínimo de un año, pueda ocupar algún cargo en el sector privado no es otra cosa que el capitis deminutio (la muerte civil) del ciudadano.

Con justa razón se reclama que para llevar adelante las grandes reformas estructurales que el Estado paraguayo necesita hacen faltas hombres y mujeres comprometidos con la patria y sobre todo, bien formados. En el sector público se tiene este perfil, pero no abundan, por la forma prebendaria y clientelista con que se manejó la administración pública en los últimos años.

Esa transformación o reforma que a gritos pide la ciudadanía y que el Estado ya no soporta, se llevará adelante con los funcionarios que hoy tienen carrera y formación en la gestión pública, pero también con quienes el gobierno de turno confíe, provenientes del sector privado.

Ese perfil gerencial del hombre o la mujer que no esté contaminado con la politiquería será de suma utilidad en el sector público para aplicar sus conocimientos en ese plan de transformación. Pero, de entrada se encontrará con dos problemas determinantes, la baja paga para esos perfiles en el sector público y la eventual imposibilidad de retornar al privado una vez que culmine su tarea en el público.

Si su contrato feneció con el gobierno en cinco años, no podrá quedarse colgado uno o dos años mientras dure su “castigo” por haber ocupado el cargo público. Necesitará trabajar en el sector privado. Usar su know how, su tiempo, su conocimiento, sus años de vida. Pero, con la ley que se pretende aprobar se cercena los derechos fundamentales de estas personas.

El Estado debe tener la capacidad de autoprotegerse pero con mecanismos que no perjudiquen o violen derechos básicos de las personas como es el del trabajo. El empresario privado no está pendiente indagando como “chuparle” información privilegiada al Estado a través de un caza talentos. Los proyectistas de esta ley no están precisamente preocupados por la información “sagrada” que manejaría el Estado, porque no pudieron hasta ahora revelar un solo caso o ejemplo de lo que consideran información “privilegiada”, están más bien pendientes de cómo joderle y sacar algún rédito político atacando a un solo sector empresarial, cuyo principal accionista llegó a ser presidente del Paraguay. Pensando destruir a un solo sector empresarial nomás se podría estar generando un daño tremendo a otros sectores productivos y finalmente el Estado será administrado por gente de poca formación, mediocre y las consecuencias de la improvisación, como pasa hoy con este gobierno, las seguiremos pagando todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.