• Por Jorge Torres Romero
  • COLUMNISTA

“Si nos quieren prohibir manifestarnos, que devuelvan lo robado”, postea en sus redes una dirigente de izquierda. Suena lógico, pero es un slogan mentiroso y manipulador. El proyecto Riera pretende nutrir de mayores herramientas legales a los administradores de Justicia para evitar que en nombre de las reivindicaciones y las protestas de determinados sectores se cercene el derecho de las personas a circular libremente, en ningún caso busca impedir las manifestaciones.

¿Quién estaría en contra de que quienes se alzaron con dinero público en forma indebida devuelvan lo robado? Nadie. Pero en este planteamiento se dan un par de cosas. Por un lado, la corrupción no es exclusividad de un solo sector político. Por otro lado, nadie devolverá lo robado por iniciativa propia, debe darse a través de la exigencia de la Justicia al comprobarse el delito y reparar el daño patrimonial.

Guillermo es un comerciante víctima de los bloqueos en ruta por parte de los camioneros. A la altura del Cruce 6.000, en el departamento de San Pedro, había un bloqueo que duró horas. Nadie podía cruzar. Cuando observa que repentinamente se libera una calzada de la ruta intentó cruzar y oyó un fuerte ruido. Pensó que le arrojaron una piedra, pero al bajar a mirar se percató que era el impacto de un arma de fuego. Fue en la parte trasera del lado izquierdo del vehículo, donde habitualmente viaja su hijo pequeño. El personal de Criminalística de la Policía confirmó que el impacto fue de una bala de un arma de 9 milímetros.

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Hay cientos de historias de ciudadanos afectados por estos bloqueos y enormes pérdidas económicas para diversos sectores. No se puede dejar impune a los bloqueadores de rutas que actúan en forma violenta y hasta criminal sin que nadie asuma las consecuencias de sus actos. Algunos hablan de la “criminalización de las protestas”. No podemos avalar estos actos bajo ningún argumento.

No se trata de un intento de perseguir las luchas sociales. El que cierra rutas comete un delito y debe asumir el costo. Ya sea el desamparado campesino o el potentado agroexportador con sus “tractorazos”.

Existen luchas sociales históricas nunca resueltas en nuestro país, las soluciones no vendrán promoviendo el caos o la anarquía sino con el fortalecimiento de las instituciones y con gobiernos sólidos que tengan la capacidad de hacer cumplir la ley. Los camioneros hace dos años lograron su objetivo cuando bloquearon el país por un mes con el flirteo de ciertas autoridades. De vuelta hoy hacen lo mismo porque les resultó la primera vez. Hoy es este grupo, mañana serán otros. Si estas conductas no se castigan, la anarquía reinará en el Paraguay. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

Etiquetas: #Castigo

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