- Por Jorge Torres Romero
- Columnista
Una estación de servicios con emblema Petropar ubicada en Presidente Hayes tenía un promedio de venta de combustibles de 300 mil litros al mes. Desde la entrada en vigencia de la ley que subsidia los combustibles de Petropar, subió su venta a 1,5 millones de litros mes. Negocio redondo no precisamente para el consumidor final, sino para los afortunados empresarios y políticos que lograron montar un surtidor con el emblema Petropar.
Desde la petrolera estatal establecieron los famosos cupos para el retiro de los combustibles subsidiados. Cada estacionero tiene un cupo determinado para el retiro de los combustibles desde el portal de Petropar. Y esto no porque falte el combustible, sino porque montaron el negocio.
El estacionero que pretenda retirar más combustible de lo establecido por día ya no lo podrá hacer, a no ser que “hable” con un determinado funcionario de planta que habilita los cupos.
Si bien desde Petropar dicen que existe una trazabilidad para determinar que el combustible retirado vaya a la estación de servicio Petropar basados en el histórico de venta, en la práctica es imposible. La mayoría de los dueños de las estaciones de servicios afirman que se triplicaron sus ventas. ¿Quién garantiza que efectivamente el combustible subsidiado que se retira termine en los puestos con bandera Petropar? Nadie y acá está el negocio. Cada camión cisterna llena 35 mil litros. Con un diferencial de G. 3 mil por litro gracias al subsidio, estamos hablando de G. 100 millones por camión que deja como margen.
Lo más probable es que ese combustible subsidiado que pagamos todos vaya a parar para beneficio de cualquier otro sector, incluso al Brasil, por la diferencia de precio y menos para satisfacer la demanda local.
Este subsidio a Petropar no beneficia a la ciudadanía en general. Beneficia a los 228 dueños de estaciones de servicios en detrimento de 2.300 estaciones privadas que hoy tienen una reducción de ventas de más de 50%.
El objetivo inicial del subsidio era minimizar el impacto de la suba de precios de los carburantes para evitar la disparada de precios de otros productos. Sin embargo, todo subió. Es decir, el objetivo del subsidio no se cumplió.
El Gobierno debe derogar esta ley que solo está generando nuevos ricos y en nada beneficia a la población más vulnerable, ni siquiera el precio del pasaje bajo.
Ningún subsidio genérico puede funcionar, sino eventualmente uno focalizado para el que menos tiene. Al Paraguay por su baja tasa tributaria ya no le quedan restos para subsidiar a nadie.
Además de ser ilegal, el subsidio a Petropar distorsiona el mercado y llamativamente todos los combustibles de Petropar, ni siquiera los subsidiados, tienen una diferencia por debajo del precio de mercado. ¿Quién absorbe esa diferencia?
Los bloqueos de los camioneros generaron este descalabro. Este gobierno débil cedió y se bajó los pantalones y ahora en forma desesperada pretendió “corregir” el error con otro proyecto ilegal para que el subsidio también llegue a los privados con la creación de un fondo de estabilización por valor de US$ 100 millones. Pero tan improvisados e informales son que el Ejecutivo no tuvo las agallas de dar la cara y salir a defender el proyecto. Es más, el vicepresidente Hugo Velázquez públicamente dijo que estaba en contra, pero operó para su aprobación en Diputados.
Sin rumbo, sin ideas, metidos en la politiquería y en esquilmar al Estado, este gobierno sigue jodiendo a la ciudadanía. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.