- Por Aníbal Saucedo Rodas
- Periodista, docente y político
La flexibilización ideológica, animada por los fanáticos del pragmatismo, puede representar el debilitamiento de los partidos políticos y, hasta, su desaparición como órgano mediador entre los grupos sociales y el Estado. La antigua disputa entre los detractores de las instituciones partidarias, porque “subvierten el gobierno y suscita la más fiera animosidad entre los hombres de una misma nación” (Hume), y los que las consideraban como un conjunto de hombres (y mujeres) unidos para “promover el interés nacional sobre la base de algún principio particular acordado por todos” (Burke), se resolvió a favor de quienes sostenían que “los partidos son los constructores de los regímenes democráticos” y, por ende, “actores, quizás, irremplazables del escenario político”. Todas estas citas están incorporadas en un ilustrativo análisis sobre “Partidos políticos y democracia”, del catedrático mexicano, doctor en Derecho, Jaime Cárdenas Gracia, y publicado por el Instituto Federal Electoral dentro de la serie “Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática”.
Después de una amplia y esclarecedora distinción entre facciones, movimientos sociales, grupos de interés o de presión y partidos, nuestro autor (quien es, también, político) acuerda que estos últimos tienen propósitos indelegables en los Estados modernos: proponer programas e ideologías a los ciudadanos (…), reclutar élites y formar gobiernos, acción que “solo ellos pueden realizar”. Independientemente de aquellos que están convencidos de que “ese conjunto de ideas y de valores que tienen la función de guiar los comportamientos políticos colectivos” (Bobbio) ha tocado fondo, dentro de los mismos partidos se inició un proceso de difuminar las ideologías que les son inherentes, desvaneciendo su intensidad en un horizonte conceptual cada vez más confuso. Entonces, cobra identidad la presunción de que es el relativismo, y no las ideas centrales que les dieron vida institucional, el que señala el derrotero de sus programas y de su doctrina. Oleada que también tocó nuestras playas, remojando por igual a partidos de izquierda, de centro y de derecha.
Entre las instituciones políticas de trayectoria centenaria, es el Partido Nacional Republicano el que nació con un programa el 11 de setiembre de 1887. La aparición del Centro Democrático quedó sintetizada en su acta de fundación. Es probable que sus líderes más destacados no hayan creído necesaria su enunciación ideológica porque ya traía incorporado el influjo del liberalismo internacional y su concepción de un Estado que no adhería a la cuestión social en la voz de uno de sus representantes más expresivos: el doctor Cecilio Báez. Es la asociación política fundada por el general Bernardino Caballero la que subraya explícitamente el imperativo de mejorar “nuestra campaña (el campo) por medio de leyes sabias y proyectoras”. Leyes protectoras para salvaguardar los derechos de los campesinos, de los más débiles, de los desheredados sociales. Sentido interpretado cabalmente por el joven Blas Garay Argaña condenando la concepción de aquel Estado que reducía su misión al modelo de “lo mejor que hay que hacer es no hacer nada”. Y, en contrapartida, proponía la necesidad de un “Estado que, con los poderosos medios de que dispone, concurra a allanar el camino y a hacer más fácil la evolución”.
Lo que en el Programa-Manifiesto de 1887 se diseñaba a grandes trazos, encuentra en Garay su formulación más detallada y precisa. Es por ello que Natalicio González evalúa al joven intelectual republicano (asesinado a los 26 años) como el gestor de “la grande y decisiva transformación ideológica que se opera en el coloradismo”. Muchos años antes de las afirmaciones de Natalicio, el doctor Juan León Mallorquín consideró al doctor Garay como “una mentalidad extraordinaria (…) que sigue modelando el espíritu de las nuevas generaciones” y que su formidable actuación en la prensa y en la política hizo “zozobrar los viejos moldes y atavismos de su tiempo”.
Son dos los documentos que vertebran la línea ideológica del Partido Nacional Republicano: el Programa del 11 de setiembre de 1887 y la “Declaración de Principios” del 23 de febrero de 1947. Su antiguo y nuevo testamento, en definición de Epifanio Méndez Fleitas. Salvo que a través de algún congreso doctrinario la “Declaración” sea modificada o eliminada, el punto tercero sigue vigente: “El Partido considera que el Estado, servidor del hombre libre, interviene en la vida social y económica de la Nación para evitar el abuso del interés privado y promover el bienestar general, sin infligir injusticia a los particulares”. Aunque esta materia ya fue motivo de artículos anteriores, en momentos de confusión o distorsión ideológica su reiteración constante deviene pertinente.
Las doctrinas de los partidos se consolidan en sus convenciones. En el programa de 1947, el último aprobado por una Asociación Nacional Republicana unificada en democracia, se faculta al Estado a intervenir en la “actividad económica privada en salvaguarda de los intereses de la colectividad” y declara en contra de “los trust, monopolios y la especulación, a fin de evitar el encarecimiento artificial del costo de vida”. Cuando en el presente el Estado ha perdido su rumbo, es aconsejable que el partido en el gobierno recupere su memoria. Esperando que el abuso deliberado de las citas no les haya indigestado, buen provecho.