“No existe contrabando sin permiso. Esa es una ley eterna. Si alguien trae contrabando, es porque alguien dio permiso”, había declarado Pablo Cuevas, ex viceministro de Comercio, hace dos semanas en “La caja negra” cuando se había denunciado que el contrabando en barcazas mueve por día G. 300 millones solamente en el puerto de Itá Enramada.
Las filtraciones relacionadas a la complicidad de Emilio Fúster, ministro anticontrabando, y el comandante de la Armada, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, confirman lo que ya era un secreto a voces.
Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) ya habían advertido a Fúster sobre el ingreso de estas barcazas, 19 en una oportunidad en una sola noche y no habían movido un dedo para hacer algo al respecto. Ese cuento de que querían evitar derramamiento de sangre y por eso no intervienen es un pretexto absurdo para justificar la complicidad y, en el peor de los casos, la confirmación de la inutilidad de quienes están al frente para evitar la ilegalidad.
Los números que deja la coima por barcazas podrían echar luz sobre la inacción de las autoridades; de lo contrario, no existe otra explicación. Cuevas había confesado también que una de las fórmulas para enfrentar este flagelo era la tarea coordinada entre el sector público y el sector privado. Podría hasta ser real la falta de recursos, pero es ahí donde el privado pone su parte, con recursos humanos y logísticos. El privado está dispuesto a destinar recursos para esta lucha antes que cerrar la empresa afectada por la competencia desleal.
Un ex ministro de Industria decía: “El contrabando tiene dos puntos de acceso y un río”. Si existe la voluntad política de enfrentar, se puede hacer frente e incluso en determinadas ocasiones recurrir a los militares como se ha hecho en gobiernos anteriores.
Hoy el contrabando goza de buena salud, retrotraer todo lo que ha avanzado llevará tiempo. Este gobierno ya había arrancado mal en este ámbito con el sonado caso que tumbó al entonces director del Detave, Ramón Benítez, un militar retirado que trabajó en la campaña de Abdo y que este lo premió con ese cargo. Benítez fue procesado precisamente por unos audios en los que se lo escuchaba “negociando” con contrabandistas de tomates.
Si desde la cabeza el mensaje no es claro o, lo que es peor, se hace un guiño y si el mismo hermano del vicepresidente de la República es quien casualmente nunca ve nada la cosa se hace más complicada.
El gobierno de Abdo está aplazado en todas las materias, pero sobre todo en dejar el grifo abierto para que todos beban del agua de la corrupción. El ministro anticontrabando Fúster es de la misma línea del rajado ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, listos para los flashes y los espectáculos mediáticos y un nulo resultado en sus gestiones. Tanto Fúster como Giuzzio llegaron a formar parte de este gobierno no porque sean los mejores hombres para ocupar esos cargos, sino porque son los más rastreros a la hora de hacer el trabajo sucio en favor del jefe de turno. Ambos son aves del mismo plumaje. Mientras ambos realizaban la tarea asignada por el oficialismo para derribar oponentes políticos, la inseguridad avanzó de manera vertiginosa y el contrabando sigue destruyendo industrias y puestos de trabajo. Este es el gobierno de la gente que quiere seguir en el poder por otros 5 años más. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.