El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la Fiscalía General del Estado es una institución relativamente joven en la democracia del Paraguay; por lo tanto, necesita ser defendida y fortalecida, así como a sus autoridades que fueron constitucionalmente electas.

El legislador respondió de este modo ante la discusión instalada en la Cámara Baja, con la presentación del pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, presentado por los abogados defensores de la familia del exdiputado fallecido Eulalio Gomes. Aclaró que la bancada de Honor Colorado aún no conversó sobre este asunto.

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Ante esta situación, Latorre ratificó que mantiene una posición histórica de respeto y búsqueda constante del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.

“Yo creo que necesitamos fortalecer las instituciones de nuestro país, particularmente el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es una institución relativamente joven, ya que anteriormente dependía exclusivamente del Poder Judicial”, explicó.

Explicó que cuando se fundó el Ministerio Público con la Constitución de 1992, se creó bajo la lógica de generar independencia en el proceso de la prosecución penal, de la institución que tenía el monopolio de la acción penal pública, que era el Poder Judicial.

“Entonces para fortalecer la justicia, fortalecer la institucionalidad en nuestra República, nosotros necesitamos proteger la vida de esta institución, así como de las autoridades que fueron constitucionalmente electas”, enfatizó.

No obstante, el presidente Latorre reconoció que el mecanismo del juicio político está “claramente establecido en la Constitución y es una atribución del Congreso de la Nación”, pero subrayó que “debería ser una medida de última ratio”, es decir, el último recurso a considerar.

“La discrepancia con respecto a una decisión puntual no debería motivar a llegar a esa última ratio”, sostuvo, defendiendo la necesidad de proteger la vida institucional y a las autoridades constitucionalmente electas.

El titular de la Cámara de Diputados concluyó señalando que su posición trasciende el caso particular y se enfoca en una necesidad fundamental del país: “El Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Y eso implica asumir ese tipo de posiciones”.

“Naturalmente, estamos en democracia, estamos en el marco de la libertad de expresión, estamos en un marco donde no existe mandato imperativo. Veremos qué es lo que dice el Congreso Nacional”, finalizó.

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Desde Tabacaleras del Este SA (Tabesa) señalaron que la persecución contra Horacio Cartes, materializada en sanciones derivadas de un operativo entre Mario Abdo y el exembajador Marc Ostfield, generó perjuicios económicos tremendos a la empresa, y colateralmente, el Estado se vio perjudicado luego de dejar de recibir enormes proporciones en concepto de impuestos.

De acuerdo a los datos expuestos en Unicanal, durante muchos años Tabesa fue el mayor aportante al fisco, y tiene un aporte histórico de USD 889 millones al Estado. En el 2022, la tabacalera aporta USD 40,6 millones al tesoro paraguayo; en el 2023, año de las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) se redujo a USD 26,3 millones; en tanto, en 2024, esto bajo drásticamente a USD 7,3 millones y eso, sin mirar todos los daños colaterales a la pérdida de empleos, enfatizó Ortiz.

“Tan cretino es Mario Abdo Benítez que no tenía problema en que ocurran todas estas cosas, hay que pensar en las familias que viven de esto, los trabajadores tenían seguro privado, eran el sustento de sus hijos, pero nada de eso le importó a Abdo con tal de sacar ese odio y maldad, es una mala persona, porque es una persona que por un adversario político pierde la sensibilidad. Cartes y yo vamos a seguir viviendo bien, pero afectaron a esas personas que viven al día, la crueldad es inimaginable”, lamentó.

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Ortiz afirmó que el daño es invaluable, puesto que Tabesa tuvo que salir del mercado americano debido a las sanciones, pero no solo eso, sino también, esto perjudicó a toda la cadena de valor que depende de este negocio, proveedores, servicios y trabajadores tercerizados, y también al Estado, que perdió a uno de sus mayores aportantes.

El gerente de Tabesa también criticó que en el documento remitido por Ostfield al Departamento de Estado, incluye una defensa hacia Abdo, sin embargo, nunca le dieron la posibilidad de defenderse a Cartes de todas las acusaciones en su contra y menos de las sanciones que se aplicaron sobre su persona y sus empresas.

“A Cartes no le dieron la mínima posibilidad de defenderse, pero él (Ostfield) actúa de abogado de Mario Abdo, dejen de tratarnos de inocentes. Dijo que se atacaron a los colaboradores, de Ostfield y se refería a Arnaldo Giuzzio, que está directamente vinculado con Marcus Vinicius, que levantó los controles de la Senad en los puertos y empiezan a aparecer toneladas de droga en Europa enviadas desde Paraguay. Él no veía nada cuando eran los contrincantes de Horacio Cartes”, señaló.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Latorre, fue contundente al expresar su postura sobre el futuro del ciberespacio de Paraguay. En ese sentido, instó al Gobierno a invertir y fortalecer la infraestructura en ciberseguridad, a fin de proteger la información de las instituciones del Estado y la imagen país.

El legislador se refirió a las publicaciones de un esquema de acciones de inteligencia del gobierno de Brasil, contra el Estado paraguayo, respecto a las negociaciones en torno al Anexo C del Tratado de Itaipú. Al respecto, remarcó que la ciberseguridad ya no es una necesidad del futuro, sino que es una necesidad del presente.

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“Cuestiones muy sensibles de seguridad nacional, información sensible, inherente a la subsistencia de un Estado, se manejan en el ciberespacio. Veo una reacción firme por parte del Gobierno, la suspensión de las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C, hasta que esto sea esclarecido, es el paso correcto”, remarcó.

Latorre reiteró que Paraguay es vulnerable en términos de ciberseguridad, por lo que es urgente corregir esa vulnerabilidad estructural y recordó que nuestro país cuenta con aliados estratégicos que podrían brindar una mano en cuestiones de tecnología.

“Tenemos que ocuparnos de eso, es una cuestión costosa y compleja, sí, pero tenemos aliados estratégicos que tienen claras condiciones de ayudarnos a que esto deje de ser una debilidad y se convierta en una fortaleza. Tenemos aliados con condiciones que pueden darnos soporte en términos de tecnologías, términos informáticos y de inteligencia”, refirió.

Asimismo, agregó que debe haber una respuesta formal y seria por parte de los canales diplomáticos pertinentes. No obstante, aclaró que eso no significa que no se tomen medidas inmediatas, y una investigación.

“El gobierno brasileño está obligado a dar las explicaciones pertinentes, para recuperar la confianza. Esta cuestión que planteó Brasil, de que fue el Gobierno pasado, francamente me parece que no es la respuesta que un Estado debe dar a otro Estado”, expresó.

Agregó que Brasil es el principal socio comercial de nuestro país “compartimos Itaipú Binacional y hay demasiados intereses geopolíticos. Pero, la construcción de esta amistad debe estar cimentada en la confianza”, puntualizó. También mencionó que es fundamental mantener una relación de confianza y solidez con todos los países de la región, que debe trascender el modelo de los 5 años, independientemente a quién esté en el poder.

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• Víctor Pavón (*)

A diferencia de lo que muchos creen, los impuestos que pagamos no sirven para fomentar una mejor sociedad. Sirven para debilitar y destruir a la sociedad de individuos responsables y libres.

La ceguera intelectual es tan grande que pocos se animan a expresar ideas diferentes al pensamiento colectivista socialista. El Estado para muchos es un semidiós, sin el cual ingresaríamos en el desorden y la violencia. La realidad es diferente. Los impuestos son una imposición como dice su nombre, un acto coercitivo convertido en un arma de confiscación de nuestra libertad y propiedad.

Los liberales clásicos estaban en lo cierto cuando propugnaban por la mínima intervención estatal. La era del laissez faire demostró que un Estado acotado a límites de orden constitucional funcionó por un tiempo. Sin embargo, las masas idolatran a los idiotas con poder y los convierten en sus ídolos. Pese al esfuerzo de los liberales clásicos que suponían que el Estado mínimo no se entrometería en los asuntos de las personas, en los hechos no ha sucedido de ese modo.

Los gobiernos implementan mecanismos cada vez más intervencionistas. Se inventó que el Estado debe nivelar la posición socioeconómica de las personas. Se llegó al absurdo de la redistribución de la riqueza y todo dirigido por políticos y burócratas investidos de autoridad bajo la aureola de la democracia. ¡Una gran mentira!

Los impuestos son herramientas de confiscación, y en vez de resguardar el orden de justicia y de policía, el Estado responde a su propia naturaleza: un delincuente como los que están en las calles, solo que legisla para sí mismo su propia impunidad.

Los gobiernos no solo exigen más impuestos colocando trabas al esfuerzo y cooperación de los individuos, sino que tampoco les interesa la transparencia y la contraprestación. Para más, el poder estatal descubrió que podía imprimir dinero para recaudarse a sí mismo. La intervención estatal inhibe la formación del ahorro y del capital, únicos modos de mejorar las condiciones de vida de los pueblos.

El poder adquisitivo del dinero; el dinero fiat, creado y administrado desde y por el Estado a través de la banca central es otro engendro del intervencionismo estatal. Los colectivistas adoradores del Estado fueron demasiado lejos.

Por de pronto, los hechos hablan por sí solos. Los ataques a nuestra libertad y propiedad se intensifican en todas las áreas de nuestras vidas. No hay lugar donde no encontremos al Estado merodeando.

El poder estatal es inmenso y se expande mucho más allá de lo que algunos suponen. Y el motivo es claro: el Estado es el origen del mal institucionalizado.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”