- Por Aníbal Saucedo Rodas
- Periodista, docente y político
Ningún referente importante de la oposición –de los que son mediáticamente visibles– mostró reticencia a una posible concertación. Todos la proclaman como absolutamente necesaria, pero desde atalayas diferentes. Algunos nombres ya están en exhibición en las vitrinas electorales. Otros ya anunciaron que también se inscribirán para la competencia. Aunque todavía no se acordaron los mecanismos que permitirán concretar ese frente común y amplio. De los términos generales hay que aterrizar sobre la viabilidad del proyecto. Fundamentalmente en la búsqueda de una fórmula –candidatos a presidente de la República y vice– que pueda ser atrayente y convincente para todos sus integrantes. Una que no provoque resquemores ideológicos y su consecuente paralización del electorado o dispersión de votos.
La experiencia de la Alianza Patriótica para el Cambio constituida en setiembre del 2007 algunos querrán replicarla como base para discutir la concertación. Sin embargo, son dos figuras diferentes en cuanto a su metodología de elección, al mecanismo de elaboración del padrón y la composición y designación de tribunal electoral interno, tal como se clarifica en el Artículo 2 de la Ley 3212/2007 “Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”. Más allá de los buenos deseos existen preceptos legales que deben ser cumplidos y respetados.
Pongamos, como corresponde, los corceles delante de la carroza. El primer e ineludible paso es que los partidos o movimientos políticos que deseen constituirse en parte de la concertación deberán acordar –a través del órgano nacional autorizado por sus respectivas asambleas, convenciones o congresos– las condiciones de la misma (las de la concertación). Vayamos hilando con mayor precisión: son las autoridades partidarias o de los movimientos las que negocian tales condiciones previa autorización de sus asambleas, convenciones o congresos. La senadora Esperanza Martínez, precandidata presidencial por el Partido Participación Ciudadana (PPC), dentro del Frente Guasu, demostró un acabado conocimiento de cuánto todavía queda por hacer y de los problemas que habrán de resolverse en un plazo inmediato. El acuerdo, afirmó, debe construirse sobre un sustento legal irrebatible que impida cualquier cuestionamiento o posibilidad de impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Al respecto, reiteramos, el Código Electoral contempla ocho puntos que obligatoriamente deben ser rellanados para que la “concertación quede perfeccionada”.
De manera alguna será una negociación fácil. Ya adelantó la senadora Martínez que uno puede ganar las internas por razones de dinero o de estructura, pero, al final, resultar una mala elección para la sociedad. Sinceramente, soy un convencido de que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) apostará justamente al caudal electoral para imponer a su nominado. Lo que queda por resolver es si el PLRA llegará a la convención con un candidato previamente elegido en unas internas partidarias o si lo hará con la intención de construir diferentes alianzas dentro de la concertación. Pongamos los ejemplos: Efraín Alegre-Sebastián Villarejo (Partido Patria Querida); Hugo Fleitas-Carlos Rejala (Partido Hagamos) o Carlos Mateo Balmelli-Kattya González (Partido Encuentro Nacional). Considero que Martín Burt no tiene ninguna chance en este ajedrez electoral. Todas estas opciones, reiteramos por una cuestión pedagógica, tienen como cabeza al PLRA. Las demás organizaciones políticas tendrán sus propias alternativas.
En lo concerniente a las listas para el Congreso de la Nación la resolución es menos complicada. Lo más probable es que cada partido o movimiento tenga su propia lista. Indefectiblemente así lo hará el PLRA. Los demás podrían intentar construir bloques de acuerdo con sus tendencias ideológicas: de derecha o de izquierda. O una unidad entre los “centro-progresistas”, como se define a si misma la senadora Esperanza Martínez.
La elección a padrón abierto –incluyendo el del Partido Colorado– como plantea el catedrático, político y analista Mario Paz Castaing, vicepresidente del Partido Patria Querida (PPQ), podría tener dos inconvenientes: uno, político, y otro, legal. El primero proyectaría una imagen engañosa del caudal electoral del ganador y el segundo, la Asociación Nacional Republicana (ANR) recurriría nuevamente a la Justicia Electoral –como en el 2015– y con una resolución favorable para que su padrón no sea incluido en las votaciones de la concertación.
La idea de la unidad es compartida por todo el frente opositor. Puede liderar alguien de derecha, alguien del centro o alguien de izquierda. Por la vía del razonamiento rápido, dirigentes del Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS) sostienen que la única vez que una convergencia (en este caso una alianza) pudo derrotar a la ANR fue en el 2008. En contrapartida, las encabezadas por el PLRA solo registraron una sucesión de fracasos. Como sea, a diferencia de la convención de los ratones donde nadie se animaba a ponerle el cascabel al gato, ahora todos aspiran a convertirse en el candidato o la candidata de la concertación con la esperanza de derrotar al Partido Colorado. Buen provecho.