Una semana atrás en la Argentina se esperaba la palabra de la vicepresidenta, Cristina Fernández, después de la derrota –planteada por el presidente Alberto Fernández como victoria– en las elecciones parlamentarias del pasado 14 de noviembre. Este lunes, ya pasaron poco más de 24 horas desde que Cristina rompió el silencio. Aunque, en verdad, lo hizo dos veces. En ambas, para reconocer que, en aquellos comicios, lejos de triunfar, la coalición de gobierno, el Frente de Todos (FDT), fue vencida por la voluntad popular. Veamos.
La semana se inició y finalizó con fuertes movimientos en el ámbito judicial. La familia Kirchner-Fernández solicitó formalmente que no se los juzgara pública y oralmente por múltiples delitos de los que se la acusa, junto con un par de empresarios, en perjuicio del Estado y posterior lavado de dinero que produjeron aquellos ilícitos. El Ministerio Público rechazó esa petición. Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, la absolvieron. Tanto a ella como a sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y a su hija, Florencia Kirchner, cineasta. En consecuencia, el anochecer del pasado viernes se tiñó de escándalo porque la absolución devino sin que, previamente, hayan sido juzgados ni condenados.
Para que se entienda adecuadamente. El proceso penal tiene dos partes perfectamente diferenciadas. La etapa del sumario, en la que se reciben declaraciones de testigos, acusados y acusadas; y, se produce la recolección de probanzas y, la del plenario, durante la cual se analizan tanto las acusaciones como las pruebas recolectadas para que, finalmente, la justicia emita una sentencia absolutoria o acusatoria. Así las cosas, esta última parte no ocurrió, fue obviada por los magistrados Obligado y Grünberg, que la absolvieron, en tanto que –en sentido opuesto– se expresó la jueza Adriana Paliotti, que negó a las absoluciones porque los acusados no fueron juzgados.
No se trata de sentencias firmes; por cierto, serán apeladas y, muy probablemente, los recursos que presentarán los fiscales para revertir la situación lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia. Mientras, el Poder Judicial de la Nación, en el borde de la prevaricación, ha sumado puntos para la inseguridad jurídica y ha crecido en descreimiento popular. Claramente, la velocidad que la acusada familia Kirchner-Fernández imprimió a esa causa para cerrarla, es el indicio más claro de que en los recientes comicios, el poder de la vicepresidenta Fernández, fue debilitado.
Momentáneamente, la segunda al mando está libre de culpa y cargo en dos acusaciones de alta contundencia: traición a la patria y ser jefa de una asociación ilícita para robar fondos públicos con la complicidad de los señores Lázaro Báez y Cristóbal López, que construyeron y constituyeron una gran cantidad de empresas por las que pasaban los dineros estatales para convertirse en privados. Pero, si aquellos movimientos judiciales fueron un indicio del fracaso electoral, Cristina, en una nueva carta que publicó en sus redes, admitió la derrota claramente. “A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”, admite Cristina en su texto. ¿Preocupada? En el párrafo siguiente, en elevado tono crítico hacia la coalición opositora Juntos para el Cambio, la vicemandataria, agrega: “Cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones se debe ejercer la responsabilidad de esa representación. Más aún, cuando se han ganado las elecciones”.
Lo que la Argentina toda sabía, Cristina, dos semanas más tarde, hizo público que también lo sabe. Pero, con el sabor amarguísimo que la derrota tiene para cualquiera y, mucho más, para quien tiene una extensa saga de fracasos electorales en su haber, precisó que la responsabilidad de la derrota, como de todo lo que sucedió, sucede y sucederá en este país en los próximos dos años fue, es y será del presidente Alberto Fernández. “La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”.
Clara y contundente. Perdió Alberto. El presidente. El jefe del Estado. No fue ella. Estaba claro desde muchos meses: “Si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, pierde Alberto”, dijeron a este corresponsal, reiteradamente viejos peronistas consultados para esta columna. Se confirmó. Pero si a esa idea-fuerza devenida en acción concreta se añaden los movimientos intempestivos, urgentes y antijurídicos realizados en el ámbito del Poder Judicial, como se reporta más arriba, también parece confirmarse que en el 2019, Cristina, cuando designó a Alberto candidato a presidente, solo procuró la “unidad (del peronismo) para la impunidad”. Meses atrás, consultado sobre los motivos que llevaron a que el peronismo se uniera para las presidenciales de aquel año, con esa frase lo explicó el embajador Juan Pablo Lohlé, militante peronista desde más de medio siglo, cofundador del Grupo Calafate, desde donde se proyectaron al plano nacional el presidente Néstor Kirchner (2003-2008) y la presidenta Cristina Fernández (2008-2015), actual vicepresidenta.