El almanaque no se detiene. Faltan 20 días para las elecciones de medio tiempo con las que, en este país, se renueve un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la de Diputados. Desde el pasado 12 de setiembre, cuando por 9 puntos porcentuales el binomio que integran el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández fue derrotado en las urnas, la situación general no ha mejorado. El dato más sensible de la economía, la inflación, de acuerdo con la más reciente medición oficial que se dio a conocer, marca que la inflación se incrementó 3,5% en setiembre pasado.
La más relevante de las demandas sociales en todas las encuestas de opinión –que bajen los precios–, el gobierno no consigue satisfacerla. De hecho, el flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien llegó al cargo pocos días atrás para intentar contener la evolución positiva de ese indicador, lanzó un listado con 1.432 productos a los que les marcó precios máximos. Nada nuevo en la Argentina tanto con gobiernos democráticos como en etapas dictatoriales. El funcionario, en tono marcadamente proselitista, el jueves pasado justificó la movida –ampliamente criticada– con un interrogante público: “¿El trabajador no tiene derecho a tomarse un vinito?”. Los temas obvios que, además, no están presentes en el debate social, no tienen ni merecen respuesta alguna. En la Argentina, la disputa entre precios y salarios es permanente y casi siempre las remuneraciones son las que pierden. El propio Juan Domingo Perón solía decir que “los precios suben por el ascensor y los sueldos por la escalera”. ¿Es necesario aclarar esta acertada metáfora descriptiva del fundador del peronismo? Seguramente, no. Aquí, con los programas gubernamentales “Ahora 12″ o “Ahora 18″ –para incrementar el consumo– es sencillísimo comprar televisores y teléfonos inteligentes, lavarropas, indumentaria, en esa cantidad de cuotas, sin interés, respectivamente. Pero no sucede lo mismo con alimentos y medicamentos, que deben ser abonados al contado rabioso.
En el caso de la medicina, solo tienen beneficios aquellos y aquellas que pertenecen a sistemas privados prepagos de salud; a obras sociales sindicales; o aquellos y aquellas que, por la razón que fuere, se encuentran afiliados al PAMI, la obra social de jubilados y pensionados que hace descuentos en los precios y prestaciones médicas que llegan hasta el 100%. Preocupante. Y, mucho más, cuando se sabe que cerca del 40% de los trabajadores y trabajadoras son informales, no registrados o, simplemente, lo hacen “en negro”. La preocupación en el oficialismo crece porque este tipo de imposiciones en los precios históricamente siempre fracasaron, pero, en esta oportunidad, fracasar podría tener serias complicaciones en los resultados de las elecciones parlamentarias a las que se podría llegar con desabastecimiento de artículos de primera necesidad. En la misma línea de complejidades económicas, en la semana que pasó, el valor del dólar estadounidense para el gobierno –en el mercado oficial– cotiza a 103,75 pesos por unidad, mientras que en las transacciones ilegales, el dólar blue o paralelo se transa a 195 pesos por cada billete verde.
La brecha entre los dos valores se ubica en torno al 96%. Esa diferencia –que a la autoridad monetaria local parecería no importarle demasiado– comienza, también, a tener impacto en la cadena de valor y, por ello, algunos precios se incrementan. Pero no solo la economía y las finanzas aparecen como indomables. En la Patagonia argentina –con epicentro en la provincia de Río Negro– grupos de personas autodenominadas “mapuches” desde largas semanas desafían a las autoridades provinciales con actos de violencia que tienen como objetivos y blancos a propiedades públicas y privadas, a la vez que a quienes en esos lugares se encuentren o habiten. La situación es preocupa. La gobernadora Arabela Carrera, sin obtener respuesta positiva, reclamó al presidente Alberto F. y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el envío de fuerzas federales para hacer cesar esas acciones violentas. Ambos se desentendieron de la situación. Solo ordenaron a un puñado de efectivos de la Gendarmería Nacional que patrullen las áreas en conflicto sin intervenir. “No es nuestra obligación” hacerlo, respondió el ministro. Sorprende. Meses atrás, el propio jefe de Estado y su comitiva, durante una visita oficial a la provincia de Chubut, fue agredido por esos grupos de personas que actúan en las áreas más cercanas a la cordillera patagónica. El malestar en esa región, con el gobierno federal, se extiende y, de acuerdo con coincidentes analistas que se expresan en reserva, “tendrá impacto en las elecciones en esa zona”. El otro punto de tensión se encuentra en el área de salud.
La pandemia de SARS-CoV-2 no ha terminado. Pese a que después de la derrota electoral del pasado 12 de setiembre las más altas autoridades nacionales abolieron el uso de tapabocas, barbijos o como se prefiera llamarlos en lugares públicos y que se dejaran atrás las duras restricciones que se impusieron desde marzo del 2020 para evitar la circulación comunitaria del coronavirus. El covid-19 continúa presente. En la última decena de días, poco más de 12 mil contagios se verificaron y reportaron en todo el país. Si bien han descendido notablemente los fallecimientos y las internaciones, el virus está y, sobre un universo de aproximadamente 45 millones de personas, 12,20 millones no recibieron ninguna vacuna. “Seguimos en peligro”, piensan y dicen muchos y muchas con enorme preocupación. “La coalición de gobierno da muestras de desorientación y no saben para dónde ir”, coinciden en advertir no menos de cuatro fuentes irreprochables del que se autodenomina como “Peronismo Republicano” y del peronismo a secas que, sin embargo, quieren preservar sus identidades. “Están enfrentados entre ellos y, en consecuencia, pierden vocación asociativa. Se disgregan”.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni –militar, médico y abogado– uno de los dirigentes del kirchnerismo más cercano a la vicepresidenta Cristina F., en desacuerdo con muchas de las más recientes acciones políticas del oficialismo, dejó trascender en los últimos días su voluntad de dejar de militar en ese sector político porque “el kirchnerismo es un cachivache. Están todos peleados”. Respecto de la situación en la Patagonia, no solo manifestó su rechazo, sino que categorizó lo que en el lejano sur sucede como “terrorismo”.