• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

No es poca cosa la decisión que tomó en la semana el Poder Legislativo que por mayoría absoluta designó al Dr. Camilo Benítez Aldana para el cargo de contralor general de la República en el periodo 2021-2026.

La nominación es un claro mensaje de la clase política que reconoce la gestión del contralor Benítez quien en los últimos dos años logró recuperar la confianza y reposicionar al órgano superior de control gubernamental, que estaba muy venido a menos luego de los casos de corrupción que la afectaron, tanto en el caso de Óscar Rubén Velázquez como el de Enrique García, este último sometido a un inédito juicio político que lo llevó a renunciar antes de su inminente destitución en el Congreso.

Precisamente Camilo Benítez, quien en realidad fue electo como subcontralor, debió asumir en reemplazo de García para completar su mandato. Fue en este periodo que se dio el golpe de timón que era necesario para recuperar la credibilidad en una de las instituciones extrapoder más importantes creadas por la Constitución Nacional para garantizar la transparencia y el control ciudadano sobre los recursos públicos.

La Contraloría históricamente, debido a una suerte de tácito pacto político, había estado bajo el mando de la oposición prácticamente desde su creación, con la excusa de que esto era una garantía para que el Gobierno de turno sea mejor controlado.

Sin embargo, una vez más quedó demostrado que la corrupción va más allá de los colores y no es una cuestión cromática, puesto que se trata de uno de los problemas endémicos que afectan al país, al punto que ha llegado a generalizarse, permeando todas las instituciones públicas y la misma cultura de la sociedad.

Sus efectos en lo económico y social son dramáticos, constituyéndose en uno de los factores que sumergen al país en la pobreza y, al mismo tiempo, en un ancla que impide su desarrollo. No en vano la Convención de las Naciones Unidas en su preámbulo ha manifestado que este flagelo “representa una grave amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

Por eso es muy importante que la Contraloría haya podido resurgir, más allá de los cuestionamientos que pueda haber sobre los últimos informes como el de la deuda de Itaipú o la misma revisión de todo el proceso relacionado con las compras en pandemia. También hemos podido observar que se avanzó en el control de los recursos que son entregados a los municipios y gobernaciones en concepto de royalties y compensaciones, como en el caso del Fonacide, que actualmente puede ser rastreado por cada ciudadano a través de las rendiciones de cuentas online en la página de la CGR.

Y ni hablar de lo que fue la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos que era el “tesoro mejor guardado” de las diferentes administraciones que fueron pasando en el órgano de control. Muchas veces hemos escuchado de “informes de auditoría a la medida” ya para blanquear al “amigo” o para sancionar al que era hostil al poder de turno. Esto se ha superado y podemos afirmar que la Contraloría General de la República volvió a sus orígenes y los informes que emite se han convertido nuevamente en una herramienta para la lucha contra la corrupción que hace “temblar” a las administraciones del Estado.

Como dijo el contralor reelecto Camilo Benítez en su mensaje de agradecimiento a los parlamentarios: “Paraguay necesita del compromiso de toda su gente, y en especial de quienes abrazamos el servicio público”. Pero para que se cierre el círculo contra la corrupción es necesario ese mismo compromiso de todos los servidores públicos de las demás instituciones, en especial de la Fiscalía y el Poder Judicial, que son los que deben perseguir y sancionar a quienes malversan y traicionan la confianza del pueblo en el manejo de sus recursos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.