- Por Jaime Egüez
- Presidente del Club de Ejecutivos
La mayoría de los ciudadanos de este país se dedica a construir un Paraguay mejor. Mejor para nuestros hijos, sustentable con una administración eficaz de los recursos que disponemos. Un país que cree condiciones para el crecimiento y la dignidad de todos. Gran parte de este trabajo recae en el esfuerzo del sector privado. El que está compuesto por los grupos de personas y empresas que aportan para el desarrollo sostenido del país, enfrentando cada día los desafíos del mercado, la obligación de pagar sus impuestos para viabilizar el funcionamiento de un Estado que debe trabajar para sus ciudadanos.
La ley que nos obliga, a todos sin excepción, a cumplir directrices que nos permitan discernir entre lo que es y no es permitido. En esta parte aún seguimos en falta muchos compatriotas, y permanentemente usamos espacios ambiguos de las leyes, decretos y reglamentos para abusar y desviar recursos a intereses particulares. El cumplimiento de la ley es nuestro mayor desafío ciudadano.
Las leyes se originan o modifican en un solo lugar según nuestro modelo republicano de Estado. Se las sancionan en el Congreso vía iniciativas de los legisladores o del Poder Ejecutivo. Hemos visto con esperanza la introducción de un proyecto de ley presentado por varios legisladores que plantea modificar el artículo 142 del Código Penal relativo a la invasión de un inmueble ajeno.
Hemos atravesado en los últimos años una gran distorsión de los principios de convivencia impulsada por actores políticos y de otros segmentos de liderazgos comunitarios. Promueven, bajo pretexto de lo que se denomina “lucha social”, la justificación de invadir sea en forma violenta o clandestina, inmuebles rurales o urbanos. Y así generar un proceso de reclamo de bienes a través de procesos mediáticos, distorsionados por manipulaciones de documentación, complicidad de abogados y tráficos escandalosos de influencia política en hechos que no son más que una violación clara y directa sobre el derecho del “sujeto libre”.
Vemos procesos, muchos de estos avalados por funcionarios en rango de ministros, que han firmado acuerdos que violan básicos preceptos de defensa del bien privado. Y aquí vale insistir en el concepto de que la base del desarrollo de una sociedad progresista es, según nuestra actual Constitución, el respeto de la propiedad privada. La misma constituye el motor central del desarrollo y la generación de bienestar, además de impuestos. No podemos poner en duda que no se trata de una “lucha por la justicia social” sin antes dejar en negritas que se ha violado un derecho de pertenencia de un bien privado. No puede haber justicia de ningún tipo si antes se ha perpetrado una violación a la ley.
Y aquí el principal punto que apoyamos es que la modificación introduce la figura penal en estos actos para definir claramente el rol de un invasor. Es un criminal y punto. Aplaudimos la iniciativa. Y esperamos que los senadores y diputados, con visión de que este país debe ser un referente serio en defender la ley y la propiedad privada, en futuro no lejano puedan dar soluciones a los problemas sociales. Ello, a través de la generación de impuestos, de fuentes de trabajo y de políticas de apoyo social con estricto respeto a la ley.
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El periodismo necesita y tiene derecho a saber
La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el ocultamiento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso.
- Por Ricardo Rivas
- Periodista X: @RtrivasRivas
- Fotos: Gentileza / AFP
Cada día con mayor insistencia coincidentes analistas consideran que “nuevamente” la humanidad se acerca peligrosamente a la guerra. De hecho, en la Unión Europea (UE) se teme que el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el norte europeo, pudiera ampliarse e involucrar a otros países. Angustia social.
Los mismos miedos emergen en Oriente Medio, donde las acciones violentas entre el grupo terrorista Hamás e Israel hacen temer lo peor. La dignidad humana vuelve a ser vulnerada. Por los unos, por los otros y hasta por los nadie que descreen de esa condición, no la reconocen ni parecen tenerla. ¿Sus nombres? Para qué reiterarlos. Bien que los sabemos. Así estamos. Y tememos. ¡Grave!
La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el ocultamiento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso. “La prensa está bajo fuego”, denuncia una y otra vez en donde se encuentre Guilherme Canela, jefe de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de la Unesco.
“La vida no vale nada cuando otros se están matando”, canta Pablo Milanés acongojado. Millones queremos saber. Por nosotros y los otros. Somos periodistas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que saber para hacer saber. La búsqueda de información se hace en cada instante más compleja. “El arte del engaño”, como Sun Tzu llamaba a la guerra, dinamita la verdad.
La política y los mercados la ocultan y amordazan a quienes pueden querer contar. Incluso con “acuerdos de confidencialidad” para clausurar filtraciones informativas. Pero, pese a todo, tenemos que informarnos para informar. Pero no nos quieren responder o mienten cuando lo hacen. Desde siempre ha sido, es y será así el complejo trabajo de procurar ese dato para que todos sepan. Es un derecho de todos.
MENTIRA ESTRUCTURAL
“La vida no vale nada si escucho un grito mortal / Y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga”. No calles, Pablo. ¿La mentira estructural capilariza en las instituciones? Tal vez. O, por lo menos, sé que existen quienes lo intentan o lo recomiendan. Y hasta cobran honorarios por el (des)honor de hacerlo. Los ejércitos se rediseñan para operar la desinformación. Ya casi no quedan fuerzas en la sacudida aldea global sin organizar –como armas– secciones, compañías, batallones o la estructura que fuere para lo que eufemísticamente llaman ciberguerra, para la ciberdefensa, para la ciberseguridad.
¿Serán tiempos de todo vale? Si no lo son, se parecen mucho. Hasta Pantaleón Pantoja, aquel tan oscuro como intrascendente capitán del Ejército peruano de ficción, que magistralmente creó Mario Vargas Llosa en 1973, es largamente superado en el mundo real por una minúscula élite de poderosos adictos a la perversión, a la mentira y al engaño.
“La vida no vale nada si ignoro que el asesino / Cogió por otro camino y prepara otra celada”. ¿Juglares o periodistas? Periodistas… y juglares. Como en la Edad Media, aunque en tiempos digitales. Ese es nuestro trabajo.
Sospecho que tal vez (¿o seguramente?) Gruneisen, Honan, Walton, Gueroult, Didier, Höfken o Loring, corresponsales de periódicos alemanes, ingleses, franceses de los que muy poco se conoce o sabe, que cubrieron en España la Primera Guerra Carlista entre 1833 y 1840; o acaso el mismísimo William Howard Russell, el primero de los corresponsales de guerra reconocido por la historia que en 1854 fue enviado por The Times para cubrir las acciones bélicas en Crimea, habrán tenido y padecido las mismas dificultades, las mismas dudas y los mismos engaños para acercarse a la verdad cuando quisieron informarse para informar.
Los trabajadores de prensa, como también se nos llama, tenemos claras las dificultades y riesgos de hacer público lo que desde el poder se pretende ocultar. La humanidad –a la luz de la historia– pareciera que en algunas cosas se repite. ¿Atrapados en la banda de Möbius? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se deben proteger valores sociales como la libertad de expresión, el acceso a la información –claros derechos humanos, de todos y todas, no solo de periodistas y comunicadores– en un Estado democrático de derecho?
LIBERTAD
Allá por 1994, en el siglo pasado, en un texto de Niceto Blázquez titulado “Ética y medios de comunicación”, leí que “el periodismo es importante como registro histórico, como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y porque fundamenta la libertad de personas y de sociedades”. El autor sostiene también que “el periodismo aporta elementos que, a pesar de sus limitaciones en exactitud, en análisis o en enfoque, contribuyen a la conservación de la memoria colectiva”.
Y, más adelante, destaca que “la más conocida razón de la importancia del periodismo es que, al servir como canal de expresión de la sociedad, impulsa cambios en la historia” porque “cada una de sus informaciones tiene un potencial de cambio que, al activarse, le imprime una dinámica de desarrollo a la vida social” y, desde esa perspectiva, acuerda con el maestro Gabriel García Márquez en que “lo mejor de la actividad periodística” se encuentra en “la posibilidad de cambiar algo todos los días”.
Así entonces enfatiza que “la sociedad necesita del periodismo tanto como el cuerpo humano de sus órganos de los sentidos”; precisa que “contribuye al desarrollo del conocimiento de la realidad” y resalta que ninguna “sociedad puede ser libre si no conoce la realidad de lo que sucede” porque, si no fuera así, “cuando no hay ese conocimiento, sociedades e individuos son manipulables”.
El 22 de setiembre de 2016, con las palabras de Blázquez, la Fundación Gabo, en su “Consultorio ético”, consignó “¿Por qué es importante el periodismo?”. Claramente, Blázquez, al igual que otros pensadores que en algunos casos son periodistas, aportó claridad al oficio de informar en tiempos que –tal vez como en la actual contemporaneidad– evidencian que la sociedad en su conjunto es protagonista de un cambio epocal perceptible en innumerables prácticas sociales primero y profesionales después.
Es tan necesario como urgente enfrentar la “desinfodemia” que aparece como indetenible. Periodistas y sociedad civil debemos asumir con convicción profunda que la libertad de expresión es la herramienta imprescindible para demandar derechos consolidados y construir nuevos valores sociales que claramente necesitan protección.
INTERÉS SOCIAL
Sin esa convicción, ¿cómo saber lo que debemos saber? ¿Cómo informarnos para informar? ¿Cómo llegar a ese dato al que no todos podemos llegar y es de clarísimo interés social? ¿Con qué herramientas contamos para verificarlo, contrastarlo y, tal vez, publicar? ¿Está la información al alcance de todos? ¿Hay simétrica posibilidad de acceso a la información? ¿Hay quienes tienen más acceso que otros para informarse y operar sobre la realidad o intentar construirla? ¿Cómo operan los dispositivos tecnológicos para resolver interrogantes como los planteados que lo son desde siempre en la historia del devenir humano porque son transversales a toda práctica y sector? ¿Siempre es así? ¿Cómo negarlo o aseverarlo?
Estamos frente a un dilema que pone en tensión varios conceptos desde la perspectiva de la sociedad civil respecto de múltiples polos de poder. A modo de ejemplo, pienso en el cambio climático que enfrenta dos proposiciones concretas a la vez que enfrentadas. “Es innegable que al medio ambiente lo afecta en particular la producción y quema de combustibles fósiles que producen efecto invernadero”, dicen unos. Los otros, los negacionistas, sostienen que se trata de “un proceso natural cíclico con consecuencias mínimas”.
Con ese marco los líderes planetarios debaten para encontrar un camino. ¿Con qué instrumento? Con la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC, por su sigla en inglés) cuyos integrantes, en diciembre pasado, se reunieron en Dubái para participar de la Conferencia de Partes (COP) y abordar el conflicto. El debate fue intenso. Los enfrentamientos también.
Sin embargo, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 13 de diciembre, cuando la conferencia hubo finalizado, fue claro y contundente: “A aquellos que se opusieron a (consignar) una referencia clara a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el texto (final) de la COP28, quiero decirles que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es inevitable, les guste o no”. Guterres luego concluyó esperanzado su breve ponencia. “Esperemos que no llegue demasiado tarde”.
¿Qué pasará? La sociedad global tiene derecho a recibir información de calidad sobre la tragedia en ciernes. Con cada tormenta inusual, con cada sequía, con cada inundación, con cada incendio de bosques, con un terremoto en Nueva York, con cada fenómeno meteorológico como el que se abatió justamente sobre Dubái el martes pasado, afectada en forma directa o no, la sociedad civil quiere saber. Quiere tener certezas. Pero no lo consigue. Siente que algo grave pasa, que no consigue saber qué y crece la convicción de que “algo muy grave pasa y no nos dicen”. A través de periodistas, sistemas de medios o en las redes busca, pero no satisface la demanda.
“La información precisa y accesible al público es fundamental (…) en un Estado democrático de derecho”, sostuvo el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, en el Club Nacional de la Prensa (NPC, por su sigla en inglés) en Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Era casi el mediodía del martes último.
DESINFORMACIÓN
Los periodistas profesionales quieren saber cómo pararse frente a la desinformación y cómo informar con calidad para que todos y todas sepan sin categorizaciones. Algunos colegas tomaban café, aunque lo seguían con atención. El académico tiene la convicción de que “el periodismo de calidad es un bien público”.
Sabe también que –como lo reporta la Unesco en el informe de Tendencias Mundiales de 2021/2022– “el periodismo enfrenta muchas dificultades”. Comparte ese parecer y lo expresa. Execonomista jefe del Banco Mundial, Stiglitz, académico en la Universidad de Columbia, considera que “la pérdida de confianza en el periodismo” por parte de la sociedad civil es “consecuencia del aumento de la desinformación (en general) y en línea”.
En los últimos tiempos el catedrático aboga por crear políticas públicas que mitiguen los “daños sociales” que tal vez emergen de los desarrollos tecnológicos. “El individuo (ciudadano) puede (y tiene el derecho de) informarse sobre lo que el Gobierno está haciendo y/o lo que debería estar haciendo. Los economistas a esa búsqueda (de información) la consideramos (y llamamos) de ‘bien público’ porque beneficia a la sociedad en su conjunto y, por ello, nadie puede ser excluido de acceder a ello”, remarca.
Desde varias décadas estudia los fenómenos vinculados con la comunicación. De hecho, fue galardonado con el Nobel junto con sus colegas George Akerlof, de la Universidad de California, y Michael Spence, de la de Stanford, por el impacto en los mercados de “la información asimétrica”.
La economía –quién puede dudarlo– es claramente una ciencia social. Stiglitz asigna valor estratégico a la información. Aboga por medios independientes como propone la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en la meta 10 del ODS 16. “Los medios independientes pueden ser el resultado, más que la causa, de una democracia sólida, el desarrollo (sostenible) y los derechos humanos”, resalta el profesor Stiglitz, quien entiende que “existe una correlación positiva entre el periodismo de calidad” y la solidez democrática.
No se puede tapar el sol con un dedo, afirma el dicho popular. “La comunicación es un elemento central en la vida social. Sea que se trate de la vida cotidiana, las organizaciones, el activismo, el periodismo, la política, o las corporaciones mediáticas y tecnológicas globales”, destacó, por su parte, unos pocos meses atrás el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), que se reúne anualmente desde 1990.
ASIMETRÍA
En ese contexto –como Stiglitz– señala que “la comunicación (social) se desarrolla en escenarios asimétricos” y advierte que “las concentraciones de poder de cualquier tipo provocan desequilibrios en los procesos, contextos, medios, actores y prácticas de la comunicación”. Describe Comecso que las “asimetrías (en la comunicación) son multidimensionales, pues están atravesadas por la diversidad de género, etnicidad, nivel socioeconómico, región, entre otras” y, por ello, “abren problemáticas amplias, que van desde la falta de acceso a los medios y tecnologías para comunicarse, o las representaciones mediáticas injustas (…) o las opacidades en asuntos como la gestión de los datos digitales”.
Los académicos mexicanos puntualizan que las “asimetrías en distintos escenarios de la comunicación (que mencionan) atentan contra la democracia y afectan la toma de decisiones orientadas al bien común, en el contexto de crisis ambientales, sanitarias, políticas, sociales, educativas, culturales, científicas y económicas” y, con ese diagnóstico, proponen “el diseño y ejecución de políticas públicas” para asumir “el reto del consenso, la ética y los derechos humanos”.
Percibo coincidencias sustanciales entre las observaciones y los estudios realizados por el profesor Stigliz y la Comecso, al igual que en las preocupaciones. En ambos trabajos de investigación se reivindica –como premisa esencial– el pleno respeto de los derechos humanos. Se apoyan en la Declaración Universal que los consagra desde 75 años. Sin espacio para la confusión –más allá de múltiples interpretaciones sobre casos puntuales– ese documento de soft law no solo consagra el “derecho a la libertad de opinión y de expresión”, sino que precisa que ello “incluye” también la potestad “de investigar y recibir informaciones y opiniones” como así también “difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Para que ello sea posible, el profesor Joseph Stiglitz, en el NPC, apuesta a “crear un entorno robusto y saludable para el periodismo” como está previsto en la Declaración de Windhoek de 1993, “que establece que la prensa libre es fundamental para la democracia y un derecho humano”.
Propone “crear un entorno propicio para el periodismo profesional, (lo que) implica desarrollar regímenes legales que apoyan la libre expresión, como el derecho a contar. Destaca que para que el periodismo “pueda hacer su trabajo, necesita tener acceso a la información para poder ejercer el derecho a saber” para que otros sepan. Si bien luego consigna que “la mayoría de los medios de comunicación en las democracias son privados”, precisa que “hay evidencia (de) que (la existencia) medios de comunicación públicos fuertes mejoran la calidad y la confianza en los medios privados”.
Sin embargo, como problema puntualiza que “la mayoría de los países no los tienen”; que en otros se verifica “una enorme concentración de medios” y, en ese contexto, taxativamente opina en tono de advertencia que así como esos sistemas estatales con baja calidad democrática no son recomendables, “el poder del mercado socava la diversidad”.
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“Por encima de cualquier norma de tránsito está el derecho a la vida”
El arrollamiento intencional de dos ciclistas de parte de un automovilista en la avenida Costanera el pasado fin de semana encendió el debate sobre una realidad cotidiana que revela la pobre cultura cívica de nuestra sociedad, la precaria infraestructura vial y la acción criminal de personas que atentan contra la vida de otros a raíz de altercados o discusiones en el tránsito.
- Por Paulo César López
- paulo.lopez@nacionmedia.com
- Fotos: Emilio Bazán / Eduardo Velázquez / Cristóbal Núñez
Las maniobras imprudentes, las acciones temerarias y la transgresión a las leyes de tránsito son la regla en el día a día en el tránsito por las calles, avenidas y rutas de todo el país.
En efecto, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la tasa de siniestros viales en Paraguay es de 19 muertes por cada 100.000 habitantes, ubicándose por encima del promedio mundial de 17,4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.
Aunque el responsable del criminal atentado fue detenido el pasado martes y puesto a disposición de la Justicia, la falta de respeto, los insultos y hasta agresiones a personas que circulan en vehículos no motorizados, como si no tuvieran derecho de utilizar las vías como cualquier otro ciudadano, son un problema de larga data que se repite a diario, aunque no siempre quede registrado en las cámaras o se realice con semejante dolo.
En contacto con La Nación/Nación Media, el abogado Vicente Capello, director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción, señaló que desde la comuna se encuentran muy preocupados por el hecho ocurrido en la avenida Costanera, ya que se trata de una situación fuera de lo común que rebasa la gravedad de los diversos percances que se dan diariamente en el tráfico vehicular.
DERECHO A LA VIDA
Capello resaltó que el caso tiene elementos particulares debido a que, independiente a lo que establezca la ley y de si los ciclistas transgredieron o no las normas de tránsito al circular por la calzada en lugar de la bicisenda o ciclovía, por encima de cualquier reglamentación que regule el tránsito se encuentra el derecho a la vida, un bien superior protegido por la propia Constitución Nacional.
“Más allá de lo que dice la norma, este caso en particular tiene un componente especial. Pese al cumplimiento o incumplimiento de una norma de tránsito, por encima de eso está el derecho a la vida. Hay que poner énfasis en esto para que no se trate solamente de una declaración fría. Nosotros desde la Municipalidad estamos muy preocupados, aunque entendemos que no es lo que más frecuentemente ocurre. Debemos entender que lo que se busca en la legislación vigente, la Ley 5430 y la Ordenanza de Tránsito de Asunción, la 9223, es proteger la vida de los ciclistas, peatones y todos los usuarios de vías. En vista de lo que la legislación vigente dice, cuando hay una vía segregada, ya sea una bicisenda (sobre la vereda) o una ciclovía (sobre el asfalto), el ciclista está obligado a circular por ese espacio”, aseveró.
Posteriormente, en referencia a lo expresado por los ciclistas de que la superficie de rodamiento de cemento no permite alcanzar la velocidad requerida en los entrenamientos, el funcionario sostuvo que desde el municipio están buscando el establecimiento de una mesa de diálogo para consensuar los espacios seguros y aptos para que los ejercicios de los atletas sean eficaces. Esto con el objetivo de que los deportistas puedan llevar en alto el nombre del país en las competencias internacionales de las que tomen parte, puesto que las ciclovías y bicisendas solo están preparadas para transporte y recreación.
Consultado respecto a si en las avenidas donde hay ciclovías se pueden realizar entrenamientos donde se alcancen velocidades superiores a las permitidas o posibles en las vías destinadas a los ciclistas, mencionó que la normativa no hace esa diferenciación. En cambio, si se trata de eventos que cuenten con la participación de cuando menos 100 personas, sí es posible el uso excepcional y hasta exclusivo de esas vías por el tiempo que se determine.
A renglón seguido subrayó que donde no existe ciclovía o bicisenda, el ciclista tiene derecho a usar el lado derecho de la calzada en todas las vías de la república respetando todas las normas de circulación como cualquier otro usuario, ya sean los cruces semafóricos, límites de velocidad, luces, etc.
EXPECTATIVA DE PENA
En lo referente a las consecuencias penales a las que se enfrenta el responsable del atentado, detenido el pasado martes en el barrio Loma Pytã de Asunción, no quiso ahondar en detalles afirmando que el caso ya se encuentra en el ámbito de competencia del Ministerio Público. No obstante, indicó que, además de la exposición al peligro en el tránsito terrestre, podría configurarse incluso un caso de tentativa de homicidio, que tiene una expectativa de pena de cinco a quince años de cárcel, y de manera accesoria omisión de auxilio.
En lo concerniente a los obstáculos e impedimentos que deben enfrentar los ciclistas para el uso de las ciclovías y bicisendas, como los autos estacionados, vendedores informales o peatones, puntualizó que claramente existe un problema de conciencia ciudadana y que es preciso trabajar sobre este componente para que se respeten los espacios de circulación exclusivos de los ciclistas y las leyes de tránsito en general, pues no resulta posible hacer un monitoreo permanente en todos los puntos de la ciudad.
En cuanto a las sanciones previstas para los peatones, motociclistas y automovilistas que obstruyan o circulen indebidamente por las vías destinadas de manera exclusiva a los ciclistas, Capello precisó que esto está considerado como una falta grave y está penado con una multa de cuatro a diez jornales (G. 412.364 a G. 1.030.910).
CONSTERNACIÓN
Por su parte, Bertha Hahn, presidenta de la Federación Paraguaya de Ciclismo (FPC), señaló que, aunque circulen correctamente por la parte derecha o en la banquina como establecen las normas de tránsito, es parte de la vida cotidiana de los ciclistas soportar distintas formas de hostigamiento y maniobras bruscas de parte de motociclistas y automovilistas, pero en esta ocasión los bocinazos, roces y sustos pasaron a un atentado contra la vida que quedó registrado en las cámaras.
“Realmente estamos consternados por lo que ocurrió. Aunque nosotros fomentemos el deporte y la vida sana entre los jóvenes, nos tratan como un estorbo. Pedimos un apoyo de la sociedad, que sean concientes y que nos respeten como seres humanos. Todos tenemos familia, tenemos trabajo y deben tener en cuenta que sobre la bicicleta va la vida de un ser humano”, enfatizó.
Con respecto al debate generado en torno al uso de la calzada de parte de los ciclistas en los lugares donde hay vías de circulación exclusivas para estos, alegó que ellos cuentan con una licencia de la Unión Ciclista Internacional (UCI) mediante el cual certifican que son atletas de alto rendimiento que están preparados para circular por las vías asfálticas, puesto que las bicisendas y ciclovías utilizadas para paseos o como medios de transporte no son aptas para realizar entrenamientos.
Por otro lado, Hahn reconoció que en los últimos años ha aumentado la cantidad de bicisendas y ciclovías para el uso recreativo y utilitario –lo cual es altamente positivo al fomentar formas de movilidad más amigables con el medioambiente y que ayudan a mantener la salud física–, pero insistió en que los ciclistas que se están preparando para competiciones necesitan el metro y medio del asfalto que por ley tienen derecho a utilizar.
En conclusión, además de la falta de empatía y conciencia cívica de los conductores de todo tipo de vehículos, es preciso poner de relieve que las normativas de tránsito se dictan con el objetivo de proteger la vida y la integridad de las personas, por lo que resulta inadmisible y está penado como una falta mucho más grave atentar contra terceros a manera de pretendida represalia por una infracción en el uso de las vías públicas.
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El derecho a decir y existir
Este artículo recorre sucintamente algunos de los tópicos en los cuales se basan las jerarquizaciones lingüísticas con el fin de desmontar algunos prejuicios comunes en torno a la aptitud de las lenguas y sus hablantes.
- Por Paulo César López
- paulo.lopez@nacionmedia.com
- Fotos: AFP
Uno de los pilares teóricos en que se ha fundado el imaginario hegemónico sobre el estatus de las lenguas es la hipótesis de Sapir-Whorf, derivada de las ideas de los lingüistas estadounidenses Benjamin Whorf y Edward Sapir. Según estos autores, el lenguaje determina los modos de pensamiento. A partir de esto se sostiene que cuanto más expresiones tenga una lengua más apta será para generar formas complejas de pensamiento y, en contrapartida, la ausencia de una palabra para nombrar algún concepto imposibilita la capacidad de pensar tal o cual representación lógica.
Esto directamente implica hacer una jerarquía entre las lenguas en proporción a su repertorio léxico. Esta posición, a la que se conoce como determinismo o mentalismo lingüístico, sostiene que la lengua constriñe el pensamiento a tal punto de que al carecer de determinadas expresiones esos conceptos serían impensables dentro de ese universo, puesto que las gramáticas conducen los procesos mentales.
Sin embargo, en oposición a esto podemos notar que muchas sociedades que no conciben la autonomía del campo artístico no poseen una palabra para nombrar el arte, lo cual no significa que no realicen asociaciones o vivan experiencias asimilables a un tipo de goce estético.
Esto más bien refleja que el arte no era una actividad separada de la vida y que, por lo tanto, no se precisaba abstraerse de él para nombrarlo, puesto que tan arraigado se encontraba con la existencia cotidiana que pasaba como un aspecto más de ella. Además, por supuesto, de la fuerte vinculación del arte con la ritualidad religiosa a tal punto que resulta difícil desvincularlos.
NECESIDADES Y CAPACIDADES
Así también, existen lenguas que no tienen términos para números superiores al cinco y esto se ha presentado como un indicio de supuesta precariedad lingüística. El antropólogo Marvin Harris, al interrogarse sobre la posibilidad de que existan lenguas superiores, analiza las necesidades culturalmente establecidas en cuanto a la disponibilidad de fórmulas que especifiquen o generalicen las cantidades numéricas.
Ante el hecho de que muchas sociedades preindustriales hayan agrupado las cantidades en denominaciones genéricas tales como “poco”, “mucho” o “demasiado” y que, en contrapartida, las lenguas europeas cuenten con sistemas más específicos, se han construido nociones de prestigio social sobre las que Harris afirma:
“Estas evaluaciones no tienen en cuenta que hasta donde un discurso es específico o general refleja la necesidad culturalmente definida de que sea específico o general, no de la capacidad de la propia lengua para transmitir mensajes sobre fenómenos específicos o generales (...). La ausencia de cifras elevadas normalmente significa que existe poca necesidad y pocas ocasiones en las cuales es útil especificar de manera precisa estas grandes cantidades. Cuando estas situaciones se hacen más corrientes cualquier lengua puede solucionar el problema de la numeración repitiendo el término mayor o inventando nuevos términos”, expone en su obra “Antropología cultural”.
Para ejemplificar esto último, el autor menciona que un individuo de una sociedad simple puede nombrar e identificar entre 500 y 1.000 especies de plantas, en tanto que una persona de la ciudad apenas de 50 a 100, pues el repertorio de esta versa más bien sobre denominaciones genéricas como planta, árbol, flor, etc.
BILINGÜISMO Y DIGLOSIA
Ahora bien, tomando como punto de referencia el uso de las lenguas se ponen de manifiesto algunas de las principales asimetrías en el seno de nuestra sociedad. El castellano es considerado el karai ñe’ê, “la lengua del señor”, y el guaraní es el ava ñe’ê, “la lengua del indio”. Y ava es un término despectivo, algo que se asocia a todo lo indeseable. Como sociedad colonial sigue fuertemente arraigada la idea de que para ser “civilizados” hay que dejar de ser “indios”.
En este sentido, Bartomeu Melià sostiene que en nuestro país no existe bilingüismo, pues este no implica la sola coexistencia de dos lenguas y que, por lo tanto, lo que se verifica efectivamente es diglosia. En un contexto más general, también se registran casos de poliglosia o multiglosia, puesto que dentro de las propias lenguas indígenas existe una hegemonía del guaraní en relación con otras que incluso están al borde de la desaparición.
Por ello, Melià asevera que “el estado de las lenguas en América es uno de los mejores indicadores de lo que ha pasado con las sociedades americanas”. Si la conquista empezó por la ocupación del territorio, la ocupación de la lengua es, en última instancia, su culminación definitiva. Más aún, para este autor ningún proceso de dominación es tal en tanto no se constituya en una dominación por la lengua y a través de la lengua.
Este autor advierte sobre el ejercicio de la dominación sobre una lengua a partir de la limitación de su uso a los contextos coloquiales y su exclusión de los ámbitos de la cultura.
“La moderna lingüística estructural admite generalmente que nosotros no hablamos una lengua, sino que somos hablados por la lengua. En consecuencia, un pueblo que se des-lengua es un pueblo que se des-piensa, se des-dice y, finalmente, se des-hace (...). Ahora bien, el alingüismo es por desgracia un fenómeno posible. (...) Una lengua pasa a ser dominada cuando se la relega al coloquio íntimo y se le niega vigencia en lo que se ha dado en llamar el mundo de la cultura”, escribe en “Una nación, dos culturas”.
Ha’e, “ser” y “decir” en guaraní. Palabra y alma, una misma entidad. Por consiguiente, negar el uso de la palabra propia mediante la asimilación forzada y la imposición de una lengua ajena es negar el mismo derecho a la existencia a estas sociedades.
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Día de los Derechos del Consumidor: 8 de cada 10 reclamos logran acuerdos satisfactorios, señala Sedeco
Cada 15 de marzo se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y, en el caso de Paraguay, recordamos con datos importantes que reflejan el cumplimiento del legítimo compromiso con la defensa de los mismos. Según la Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor (Sedeco), en nuestro país 8 de cada 10 reclamos terminan con acuerdos satisfactorios para los consumidores.
Este día tiene como origen un discurso pronunciado en 1962 por el presidente estadounidense John F. Kennedy ante el congreso de su país, donde utilizó la frase “todos somos consumidores”, resaltando por primera vez que los ciudadanos tienen derecho a la seguridad, a la información, la libre elección y a ser escuchados por las empresas.
En 1983, las Naciones Unidas declara al 15 de marzo como la fecha para promover la difusión de los derechos fundamentales que asisten a los consumidores de todo el mundo, exigiendo su protección y respeto frente a los abusos de los mercados.
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En Paraguay, la Sedeco es la responsable de velar por la protección de los consumidores frente a abusos que generalmente se registran en el mercado y otorga la seguridad que requieren para que siga existiendo un libre intercambio.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la secretaria Ejecutiva de la Sedeco, Sara Irún, destaca la relevancia que tiene la protección del consumidor en la economía, resguardando la salud e intereses económicos de todas las personas.
Menciona que esta fecha permite fomentar y difundir los principales derechos del consumidor, entre ellos, el deber que tienen los proveedores de brindar información veraz, eficaz y suficiente; la protección de la vida, salud y seguridad contra los riesgos de productos nocivos; la libertad de elección de un bien o servicio; la protección contra la publicidad engañosa y los métodos comerciales coercitivos, entre otros.
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Reclamos en el 2023
Según los datos de la secretaría, en Paraguay de cada 10 casos que se reclaman 8 logran un acuerdo satisfactorio para el consumidor. Tal es así que, de enero a diciembre del 2023, mediante las mesas de conciliaciones, se logró recuperar más de G. 2.000 millones a favor de los consumidores a través de la devolución de lo abonado, del cambio del producto y/o reparación del bien o servicio adquirido.
Estos resultados dieron respuestas a las más de 1.246 personas que formalizaron sus reclamos accediendo al formulario digital de reclamos disponible en la página web, sección “Reclamos” de la institución.
El año anterior recibieron más de 7.250 consultas, orientando y evacuando dudas e inquietudes de la ciudadanía sobre diversos temas jurídicos, financieros y comerciales, vinculados a la relación de consumo.
Es importante mencionar que de los 1.246 reclamos recibidos en el 2023, el 29 % fue sobre empresas de telecomunicaciones, el 27 % sobre servicios financieros y seguros y el 9 % sobre empresas del rubro de electrodomésticos y electrónica con 362, 337 y 117 reclamos, respectivamente.
A la lista le siguen los reclamos derivados del rubro de la salud que tienen una incidencia del 9 % en el total con 115 reclamos realizados. Así también, los rubros de No Molestar, transporte y productos de telefonía marcan un importante nivel dentro del total de reclamos con 81, 65 y 62 reclamos realizados en todo el año, respectivamente, en tanto, el turismo, energía y combustibles, inmuebles, alimentos y bebidas, educación y productos informáticos se ubican por último en la lista con 28, 22, 20, 18, 10 y 9 reclamos, respectivamente.
¡No molestar!
Desde el 2018, la Sedeco da cumplimiento a la Ley 5830/2017 – Registro Nacional “No Molestar”, normativa creada para evitar recibir mensajes de textos y llamadas spam en el teléfono móvil. La página www.nomolestar.gov.py fue creada para que interesados puedan incluir sus números de contacto a la lista, que deberá ser consultado por empresas de bienes y servicios que realizan las comunicaciones de ofrecimiento.
Al incluir el número telefónico en el Registro “¡No Molestar!”, está indicando a todos los proveedores de bienes y servicios que ya no envíen mensajes y llamadas con publicidad. La inscripción no impedirá que siga recibiendo mensajes y llamadas de quienes tienen una relación contractual vigente con el consumidor, o de quienes han sido expresamente autorizados.
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Compromiso
Recalcaron que todos los reclamos fueron atendidos y en su mayoría, terminaron con resultados satisfactorios para los consumidores. Teniendo en cuenta dichos datos, la secretaria indicó que están instando a los proveedores de los sectores más reclamados a suministrar información y calidad en la atención de los reclamos existentes.
En el marco del fortalecimiento de la institución, también realizarán un panel sobre derechos del consumidor y el rol de la Sedeco para debatir funciones y desafíos de la protección de los consumidores en el país.