- Por Jaime Egüez
- Presidente del Club de Ejecutivos
La mayoría de los ciudadanos de este país se dedica a construir un Paraguay mejor. Mejor para nuestros hijos, sustentable con una administración eficaz de los recursos que disponemos. Un país que cree condiciones para el crecimiento y la dignidad de todos. Gran parte de este trabajo recae en el esfuerzo del sector privado. El que está compuesto por los grupos de personas y empresas que aportan para el desarrollo sostenido del país, enfrentando cada día los desafíos del mercado, la obligación de pagar sus impuestos para viabilizar el funcionamiento de un Estado que debe trabajar para sus ciudadanos.
La ley que nos obliga, a todos sin excepción, a cumplir directrices que nos permitan discernir entre lo que es y no es permitido. En esta parte aún seguimos en falta muchos compatriotas, y permanentemente usamos espacios ambiguos de las leyes, decretos y reglamentos para abusar y desviar recursos a intereses particulares. El cumplimiento de la ley es nuestro mayor desafío ciudadano.
Las leyes se originan o modifican en un solo lugar según nuestro modelo republicano de Estado. Se las sancionan en el Congreso vía iniciativas de los legisladores o del Poder Ejecutivo. Hemos visto con esperanza la introducción de un proyecto de ley presentado por varios legisladores que plantea modificar el artículo 142 del Código Penal relativo a la invasión de un inmueble ajeno.
Hemos atravesado en los últimos años una gran distorsión de los principios de convivencia impulsada por actores políticos y de otros segmentos de liderazgos comunitarios. Promueven, bajo pretexto de lo que se denomina “lucha social”, la justificación de invadir sea en forma violenta o clandestina, inmuebles rurales o urbanos. Y así generar un proceso de reclamo de bienes a través de procesos mediáticos, distorsionados por manipulaciones de documentación, complicidad de abogados y tráficos escandalosos de influencia política en hechos que no son más que una violación clara y directa sobre el derecho del “sujeto libre”.
Vemos procesos, muchos de estos avalados por funcionarios en rango de ministros, que han firmado acuerdos que violan básicos preceptos de defensa del bien privado. Y aquí vale insistir en el concepto de que la base del desarrollo de una sociedad progresista es, según nuestra actual Constitución, el respeto de la propiedad privada. La misma constituye el motor central del desarrollo y la generación de bienestar, además de impuestos. No podemos poner en duda que no se trata de una “lucha por la justicia social” sin antes dejar en negritas que se ha violado un derecho de pertenencia de un bien privado. No puede haber justicia de ningún tipo si antes se ha perpetrado una violación a la ley.
Y aquí el principal punto que apoyamos es que la modificación introduce la figura penal en estos actos para definir claramente el rol de un invasor. Es un criminal y punto. Aplaudimos la iniciativa. Y esperamos que los senadores y diputados, con visión de que este país debe ser un referente serio en defender la ley y la propiedad privada, en futuro no lejano puedan dar soluciones a los problemas sociales. Ello, a través de la generación de impuestos, de fuentes de trabajo y de políticas de apoyo social con estricto respeto a la ley.