• Por Eduardo “Pipó” Dios
• Columnista

Es claro que una deficiencia fundamental del Paraguay es la falta de justicia. La justicia es lenta, selectiva, corrupta, o sea es injusta, no hay justicia o, si la hay, es para algunos y salvo honrosas excepciones, la mayoría de los que tienen que hacer justicia no la hacen, por acción u omisión.

Pero tan culpables o más culpables de la falta de justicia o de la justicia selectiva son las corporaciones, cuasi mafiosas, integradas por empresarios, políticos, medios de comunicación, aliados con grupos delictivos para evitar que los alcance el brazo de la ley.

Se ha normalizado que ciertos medios de comunicación y políticos amenacen permanentemente a los jueces y fiscales, ya sea con campañas difamatorias, juicios políticos y el Jurado de Enjuiciamiento cuando “osan” meterse en sus asuntos, investigando sus fatos y sus operaciones mafiosas.

Cuando estos delincuentes se ven amenazados no dudan en publicar noticias falsas, tergiversar informaciones, inventar titulares que no se condicen con la información finalmente contenida en el medio o perseguir con decenas de tapas a los fiscales que los investigan o los jueces que los tienen que juzgar.

Lastimosamente los grupos mafiosos van ocupando lenta pero decididamente los lugares claves, como la aparición como miembro del Consejo de la Magistratura del personero de una de las jefas de la gavilla mafiosa del Senado, la dueña del partido de maletín, la nefasta Gata Flora, el ignorante funcional Pedro Santa Cruz, defensor de invasiones de tierra, enemigo declarado de los productores y afín a la ultraizquierda violenta, aunque lloriquea cuando se lo vincula al EPP. Este oscuro personaje, quien firma proyectos de ley anticonstitucionales, pero luego no se siente jurídicamente capaz de defenderlos en un debate con un ganadero y un médico, es el que decidirá quién es juez o no. Claro, él no elige nada, es un simple lacayo de La Masi.

El presunto lavado de dinero realizado por el banco de la familia Zuccolillo, que armó un fideicomiso para proteger bienes malhabidos, producto de las coimas del sonado caso FIFAgate, está siendo investigado a nivel local por la Fiscalía. La maquinaria mafiosa del grupo ha empezado con campañas sucias y difamatorias contra los investigadores del caso, en complicidad con las autoridades del BCP y de la Superintendencia de Bancos que se han prestado a ocultar información al respecto de este presunto delito, tirando por tierra años de institucional, para ponerse al servicio de los políticos y empresarios mafiosos.

Esperemos que la Corte Suprema de Justicia permita que se siga investigando, que los políticos no se presten a proteger estos delitos transnacionales, ya que se estarían metiendo no solo con la Justicia paraguaya, sino con la americana y de otros países a los que les importa muy poco el titular del pasquín de la calle Yegros o sus satélites, ni los gritos desquiciados de la senadora filicóptera.